En Guatemala la mayoría de las instituciones que imparten justicia atraviesan por una crisis. Desde la persecución de operadores de justicia, la destitución de fiscales de carrera en el Ministerio Público (MP), la cuestionada elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) hasta el atraso por más de dos años en la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Además, se une la presentación del Informe 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que incluyó a Guatemala en el capítulo 4 en el que expone el incremento de las violaciones a los derechos humanos y el deterioro de la institucionalidad democrática del país, particularmente por la cooptación del sistema de justicia y los ataques a la independencia judicial.
El documento destaca que la CIDH “ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Guatemala y ha observado desafíos estructurales que afectan grave y seriamente el goce y disfrute de los mismos. En particular, derivados de acciones estatales que debilitan la independencia judicial y ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción, junto con el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la institucionalidad en derechos humanos”.
Adicionalmente, el Departamento de Estado ha designado en dos ocasiones a la Fiscal General María Consuelo Porras como persona antidemocrática y que desde la jefatura del MP ha contribuido a frenar investigaciones en casos de corrupción.
En la misma Lista Engel figuran este año dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Nery Oswaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana), que se unen a uno del listado anterior (Néster Mauricio Vásquez Pimentel); además de dos jueces de primera instancia (Víctor Manuel Cruz Rivera y Geisler Smaille Pérez Domínguez), así como el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Estudiantes requirieron convocar a nuevas elecciones, pero mientras no suceda permanecerán en paro por tiempo indefinido. 👇 https://t.co/QEq90S6w4J
— Diario La Hora (@lahoragt) July 24, 2022
LA HORA IMPULSA DEBATE
Ante ese panorama, La Hora busca generar e impulsar un amplio debate sobre temas relacionados con la justicia y su aplicación, Estado fallido y qué se vislumbra para las próximas elecciones generales.
Con ese propósito se consultó a siete abogados de distintas corrientes de pensamiento, quienes respondieron a cinco preguntas sobre los tópicos señalados.
2. ¿Cuál es a su juicio la definición más precisa del término “justicia”?
3. ¿Qué importancia, en su criterio, tiene la búsqueda y aplicación de la justicia en Guatemala?
4. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia guatemalteco? y
5. ¿Cuál es el panorama que vislumbra en relación con la justicia y el evento electoral del próximo año -excesiva judicialización de los comicios – nada de ello, otro?
Las respuestas se presentarán en dos entregas. A continuación iniciamos este debate con las primeras tres interrogantes. En la siguiente se dará a conocer sobre las dos finales.
ESTADO FALLIDO
Para Carlos Molina Mencos, exdiputado constituyente, Estado fallido significa que no funciona, que perdió su razón de ser, aunque considera que en Guatemala todavía no se llega a este extremo, pues el gobierno no ha perdido su razón de ser. “Que sea débil y sin mucho norte es otra cosa”, precisó.
María Isabel Bonilla, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) opina que se llama así a las instituciones que ya no funcionan, sea porque están desfasadas o pierden su credibilidad, se quedan carentes de modernización y de sus normas. “Ya no puede operar con lo que se tiene”, afirma.
El abogado José Luis González Dubón, expresidente de la Liga pro Patria expone que los Estados fallidos no existen. Explica que esta expresión es un antropomorfismo, es la hipostatización de un ente abstracto, característica de personas de mentalidad colectivista. El Estado como concepto no puede pensar, sentir o actuar, quienes lo hacen son únicamente los funcionarios que detentan el poder.
#LHBuenasNoticias La actriz guatemalteca tendrá un papel en la próxima producción de Marvel y aquí narra sus emociones: https://t.co/vgTB4ZVTEB
— Diario La Hora (@lahoragt) July 24, 2022
“Ellos como cualquier ser humano se equivocan en sus decisiones todos los días muchas veces, pero sus errores los pagamos todos, y no solo el que los comete como en el caso de las personas particulares. Entonces, los que fallan son los funcionarios que no saben gobernar, no el Estado, el cual es simplemente un concepto que pretende explicar la existencia de un grupo social en un territorio determinado, con un gobierno cuyos funcionarios ejercen soberanía por delegación del pueblo, entendido este como los ciudadanos que eligen y pueden ser electo”, añadió González Dubón.
Por el contrario, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells parte del concepto de Estado como ente jurídico-político, figura que existe para brindar seguridad y protección a sus habitantes. Cada persona se agrupa socialmente, y después jurídica y legalmente con el fin de buscar progreso. Esta protección es básica para el desarrollo. Un Estado fallido es aquel que no puede brindar estos valores a sus ciudadanos, explica.
Para Oswaldo Samayoa, también abogado constitucionalista, este concepto significa un Estado que no logra garantizar los derechos de los ciudadanos, como tampoco sostener la división de poderes, ni un funcionamiento efectivo en el cumplimiento de garantizar estos mínimos vitales para la población.
Ramón Cadena, abogado independiente, expresa que Estado fallido es aquel que no cumple con sus principales obligaciones de proteger a la persona, de luchar en favor del respeto de los derechos humanos, sea tanto individuales, económicos, sociales y culturales. Es fallido porque no cumple con dotarse a sí mismo de una justicia independiente, o no respeta la división de poderes, sino se inclina hacia la protección de intereses de grupos o de personas.
Por último, según la exmagistrada de Sala de Apelaciones Yolanda Pérez Ruiz, el concepto se explica cuando las instituciones no funcionan, por lo tanto no existe la autoridad que regule eficientemente todos los conflictos que surgen dentro de una sociedad organizada en Estado. En conclusión, eso que llamamos Estado tiene como elemento fundamental una población, una organización o una cultura no puede funcionar. Entonces, hay un descalabro, apunta.
JUSTICIA: DAR A CADA QUIEN LO SUYO
Sobre la interrogante de qué es justicia, Molina Mencos considera que la definición más precisa es dar a cada cual lo que le corresponde. Un término en el que coincide Bonilla, pero al que le añade: “no lo que ellas desean”.
González Dubón escoge la definición romana con más de dos mil años de existencia: “Constant et perpetua voluntas suun quique tribuere”, que significa darle a cada quien lo suyo, y lo suyo de cada quien es su derecho subjetivo a la vida, la libertad y la propiedad privada.
Balsells, en términos positivos, considera que significa resolver los distintos conflictos que puedan existir de acuerdo con la ley y los derechos humanos, entendida la justicia como función estatal.
En cambio, Samayoa lo conceptualiza como un elemento clave que es la posibilidad que todas las personas puedan acceder a un mínimo vital de desarrollo como personas y como sociedad. Esto significa que los conflictos que pueden surgir sean efectivamente resueltos.
Para el abogado Cadena significa la resolución de un conflicto por la vía pacífica con la intervención de jueces independientes e imparciales. Es finalmente la protección de los derechos humanos de las personas, por medio de una sentencia dictada por un juez imparcial e independiente.
Pérez Ruiz, también expresidenta del Colegio de Abogados, considera que hay infinidad de definiciones, pero se queda con la del filósofo griego Platón: “dar a cada quien lo suyo”, aunque le agregaría, dependiendo de las circunstancias sobre el hecho que vayamos a decidir.
Además, destaca que no puede haber justicia si no le agregamos un ingrediente más: equidad. Me gusta la definición aristotélica de “dar a cada quien lo suyo, dependiendo de las circunstancias en que se produce un determinado hecho”. También advierte que quien “juzga” debe ser objetivo, imparcial y muy preparado.
IMPORTANCIA DE LA BÚSQUEDA Y APLICACIÓN DE JUSTICIA EN GUATEMALA
Carlos Molina Mencos considera que la aplicación de la justicia es importantísima, no solo en Guatemala, sino en cualquier país del mundo. Explica que representa una tercera parte de la razón de ser de un Estado, siendo que la República nace con tres poderes, uno de ellos es el judicial.
Para Bonilla es elemental para que exista una República. “Podríamos tener Estado de Derecho en donde todos sabemos cuáles son las reglas del juego; esto implica un Organismo Legislativo independiente. Pero qué sucede si no tenemos quién nos ayude a aplicar la ley cuando alguien la viola, o cuando los contratos se violan”, señala.
“Necesitamos un ente que nos ayude a decidir si un acto está enmarcado dentro del Estado de Derecho, por lo tanto se necesita de un sistema de justicia independiente y fortalecido para aplicar las normas, para sancionar su cumplimiento o dirimir conflictos por incumplimientos de contratos, para que no sea una justicia por mano propia, sino un ente independiente para la aplicación de esta”, explica Bonilla.
#LHNosotras 🥗 Las hojas verdes resultan muy versátiles y fáciles de incorporar en cualquier platillo. Aquí te enseñamos como puedes darles mayor tiempo de vida: https://t.co/5VGEKZK7bZ
— Diario La Hora (@lahoragt) July 24, 2022
González Dubón expone que esta tiene una importancia capital porque sin justicia como ideal del Estado de Derecho o imperio de la ley (entendiendo que la ley llena los requisitos de las leges-legum -leyes para hacer leyes- que son: generalidad, abstracción, conocimiento, certeza, e igualdad de derechos, obligaciones y dignidad), no puede haber incentivos para la inversión, sin inversión no hay fuentes de trabajo y la ausencia de fuentes de trabajo condena a los habitantes de un país a vivir en la pobreza.
Por su parte, Balsells examina que en cualquier Estado la aplicación de la justicia es fundamental porque es la manera de brindar seguridad y protección a los ciudadanos. Explica que como cualquier conglomerado social tiene conflictos y cualquier convivencia genera conflicto, “el tema es cómo se resuelven estos”. De manera que la búsqueda de justicia son las reglas sobre las cuales una sociedad se rige. “No es más que el instrumento estatal para que este conjunto de reglas se cumpla”, sostiene.
Samayoa lo considera un tema fundamental “puesto que estamos sumergidos en medio de una conflictividad permanente y de abusos de poder político. Entonces, el ámbito justicia al aplicarse nos va a resolver la problemática constante entre privados, así como la efectiva imposición de límites al poder para que las personas puedan desarrollarse en sus derechos”.
La visión del abogado Cadena es que en primer lugar se estaría respetando la división de poderes por medio de la impartición de justicia de forma independiente e imparcial. Por lo tanto, lo considera un principio básico de cualquier Estado en el mundo, el cual debe respetarse desde la división de poderes.
Asimismo, destaca la importancia de impartir justicia respetando los derechos fundamentales de las personas. Explica que parte de ejercer la misma implica el derecho de acceso a justicia y la reparación de daños, como un principio fundamental de cualquier sociedad democrática.
La abogada Pérez Ruiz concluye que no se puede concebir la vida en sociedad sin que se dé una regulación de la conducta humana. Si ello no ocurriera y no existiera una decisión sobre los que se salen de esta regulación o la violentan, los que definen sobre la legalidad y justicia de estas conductas, se daría entonces el desorden. Y lo que es peor, el desorden nos lleva a enfrentamientos como los que vive nuestra sociedad. “Aunque la violencia es producto de esa falta de justicia y de equidad social”, asevera.
• Con información de Jeanelly Vásquez
