El ministro de Economía, Antonio Malouf, reconoció que la empresa mexicana Remed S.A. fue la que hizo una propuesta para la construcción del Ferrocarril Bicentenario, cuya minuta para firmar el contrato fue aprobado el miércoles 12, y que por tratarse de una empresa privada Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías), no está obligada a efectuar una licitación, pese a que el Estado posee el 81.1% de las acciones.
“Este es un contrato en donde vino la persona a ofrecer sus servicios y se le contrató, no es algo dirigido”, señaló Malouf en una entrevista en el programa ConCriterio, aunque en otro momento señaló que se había invitado a otras empresas a participar en la obra sin tener respuesta.
También defendió la concesión que se firmará con Remed al señalar que, por ser empresa mexicana, podrá conectar la red ferroviaria guatemalteca con la mexicana, además de que en el futuro “vamos a habilitar el tramo de San Marcos a Puerto Quetzal, se van a habilitar otros tramos, de El Rancho, a la frontera de El Salvador (…) Hay más tramos que podemos dar a las diferentes empresas, que la misma Remed podrá competir”.
PRIMERA FASE
Con la aprobación del contrato entre Ferrovías con la mexicana Remed, S.A. en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el miércoles se da inicio a la primera etapa del proyecto Ferrocarril Bicentenario, con el cuestionamiento que no se hizo un concurso abierto, o licitación para convocar a otros interesados.
Malouf resaltó que Ferrovías es una empresa privada y como tal busca la mejor alternativa, inversión que no le costará un centavo al gobierno de Guatemala y corresponde al Procurador General de la Nación, como abogado de la Nación, avalar los términos legales de dicho contrato.
Esto a pesar de cuestionar que, si bien es una empresa privada, el 81.19% de las acciones son propiedad del Estado, en un negocio en donde el contrato no se hace público para los guatemaltecos. “Hasta que se firme lo van a poder ver, sin problema. Es una decisión de una empresa privada. Por eso no avanzamos en el sector público. Incluso, no sé qué derechos humanos fueron violados para que el PDH estuviera presente en dicha asamblea cuando hay otras prioridades”, comentó el titular de la cartera de Economía.
La única garantía con que cuenta Ferrovías sobre la capacidad técnica y financiera de Remed es que se le hizo un Due Diligence (auditoría externa), indicó.
NEGOCIO OPACO
Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas, comentó la supuesta ilegalidad de este contrato con base en dos leyes que regulan el proceso en los casos de bienes del Estado.
Primero, el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, define que las entidades o empresas, en cualquiera de sus formas de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado.
A los funcionarios @PGNguatemala @ferrovias_gt @Contraloria_gt El poder es pasajero, pasar por alto las leyes es algo que pueden hacer con impunidad hoy… pero son 20 años de responsabilidad y los tiempos cambian. Saltársela atrae malos inversionistas y proyectos fallidos. hilo pic.twitter.com/X0YowEPWDM
— Julio Héctor (@JulioHectorE) January 13, 2022
Segundo, en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Estado, las empresas, cualquiera que sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente está conformado con aportaciones del Estado en lo relativo a fondos públicos.
Además, cuestionó ¿se confirma un contrato sin que sepamos qué dice? los números no dan con este proyecto. Cuando truene en 2, 5, 7 años, ustedes serán los responsables”, expresó en su cuenta de Twitter.
ACCIONISTAS
Las acciones de Ferrovías de Guatemala están conformadas por el Estado de Guatemala, el socio mayoritario, con un 81.19% de las acciones; además, el 15% pertenece a Cementos Progreso y el resto lo conforman personas particulares, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación y Luis Fernando Pineda, diputado de Movimiento Semilla y presidente de la Comisión de Integración Regional del Congreso.
En la asamblea extraordinaria celebrada el miércoles 12 se avaló el contrato con el voto del 81.6% a favor y 18.4% en contra. En esa aprobación fue definitivo el voto del procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, representante del Estado, por ser socio mayoritario, quien recibió solo el respaldo de un accionista más.
Diario La Hora buscó contactar a José Miguel Torrebiarte, director de Cementos Progreso, para conocer su postura respecto a esta votación, pero no respondió los mensajes.
