El pasado 13 de octubre, más de 100 firmas entre Cocodes, asociaciones y ciudadanos, solicitaron a la Municipalidad de Antigua Guatemala que se rescinda el convenio con la Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Valle de Panchoy (Adepanchoy), aprobado en sesión de Concejo Municipal el pasado 16 de septiembre.
Se trata de un acuerdo con el que se busca otorgar a esta asociación atribuciones de gestión de fondos, perfilar y contratar profesionales para elaborar productos e insumos para la generación e implementación de un Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) en la Antigua Guatemala.
Los vecinos consideran que estas atribuciones otorgadas “atentan contra la objetividad y la imparcialidad de los referidos “productos e insumos”, puesto que dicha Asociación aglutina intereses de un sector específico: propietarios de fincas y empresarios de bienes raíces, que podrían beneficiarse de los resultados del proceso que tiene como fin la aprobación del PDM-POT.
Por tanto, piden que sea la Municipalidad de Antigua, tal como lo indica la ley, que sea la encargada de conducir, organizar y convocar a todos los sectores del municipio para revisar este plan, (originalmente elaborado por la empresa española IDOM en 2019), el cual se aprobaría, toda vez se incluya un amplio listado de “recomendaciones”, sugeridos posteriormente por una Mesa Técnica.
La falta de planificación y ordenamiento de las ciudades en todo el país ha sido una constante en las últimas décadas. “Es un vacío que ha quedado muchas veces en manos de los intereses de inversionistas privados, lo que ha provocado consecuencias nefastas tales como la falta de servicios eficientes como agua potable, drenajes, contaminación de ríos, lagos, mares, el mal manejo de desechos sólidos, tráfico vehicular desbordado, caos urbano y destrucción del tejido social”, expone Juan Domingo Pérez, vecino y miembro del Comité Cerro de la Cruz.
En este momento, los vecinos, inversionistas y municipalidades se encuentran en un pulso para debatir el futuro de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con una población estimada de 60 mil visitantes, en cuyas vías circulan más de 20 mil vehículos diarios; se desbordan entre turistas, visitantes y comerciantes. Algunos señalan intereses políticos, otros económicos, pero lo cierto es que el daño de la ciudad es irreversible, por lo que urge buscar consensos para unos y otros en beneficio de la mayoría.
UNA HOJA DE RUTA
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento de gestión y planificación del uso del suelo que le facilita a las municipalidades los mecanismos técnicos y legales para regular los usos del territorio, en su caso el municipio, para promover su desarrollo.
Su importancia radica en que incluye lineamientos normativos para los usos del territorio con base en estudios técnicos, en donde se identifican áreas geográficas y se les asignan normas para la definición de usos permitidos, usos condicionados o usos prohibidos. Más allá de ser un manual, orienta sobre la regulación de los usos del territorio, según sus características, explicó Julio Estrada director de esta misma área en SEGEPLAN.
De esa cuenta, la planificación existe desde que las antiguas civilizaciones comenzaron a crear ciudades. El trazo de mapas, planos, censos, inventarios, recursos y dividir los territorios en forma ordenada ha sido la norma. Se hizo en las antiguas ciudades prehispánicas, como en la ciudad colonial, fundada en 1543 bajo las ordenanzas de Felipe II.
Con el correr del tiempo, el asunto comenzó a complicarse. El crecimiento desordenado y los intereses particulares comenzaron a rebasar la capacidad de las distintas gestiones municipales.
“Entre 1987 y 2017 se hicieron al menos 18 propuestas de ordenamiento territorial, planes maestros o reguladores; instrumentos técnico-legales que no contaron con la voluntad política para su aplicación; fueron resultado de donaciones de España, Italia, Junta de Andalucía y de las asociaciones Salvemos Antigua (de vecinos) y Diego de Porres (de Arquitectos e Ingenieros)”, comenta en su columna el arquitecto José María Magaña.
Uno de los planes más serios se hizo en 1994, a cargo del arquitecto Gaspar Muñoz, entonces director de la Agencia de Cooperación Española en Antigua Guatemala. Un plan bautizado como Las Ordenanzas, el cual expresó en una entrevista que se hizo entrega de toda la documentación a la Municipalidad y al Consejo de Protección de Antigua, pero “allí se quedó”. Fue el alcalde Héctor Vides, quien literalmente guardó el documento en un cofrecito y le puso llave, cuenta Pérez.
El siguiente paso importante fue en 2017, cuando un grupo de inversionistas, empresarios y terratenientes proponen al Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM – impulsar un nuevo plan de ordenamiento para el departamento de Sacatepéquez. Una iniciativa que logró un préstamo de US$3.5 millones con el BID y que contrató a la empresa española IDOM que trabaja durante dos años en el estudio, hasta entregar el producto final a la Municipalidad en febrero de 2019, cita Magaña.
“Con una metodología profesional, participamos en reuniones con regularidad, llegó un momento en que los finqueros comenzaron a protestar, al sentirse amenazados por las regulaciones. Pero el español a cargo del proyecto les replicó que la planificación territorial abarcaba más allá de los linderos de sus fincas,” relata Pérez.
En febrero de 2019, la firma IDOM presentó un documento de casi 700 páginas y un resumen de 226. De nuevo, el Concejo Municipal no se quiso dar por enterado. Casi dos años después, el alcalde Víctor Hugo del Pozo acuerda con el mismo grupo de inversionistas y empresarios, ahora aglutinados en ADEPanchoy para hacer una “insólita y conveniente revisión del POT”, comenta el columnista.
Tal anuncio ha provocado reacciones. Los vecinos organizados piden un alto para que la Municipalidad anteponga el bien común sobre el privado. Que suspenda temporalmente la aprobación de licencias para lotificaciones, condominios y cualquier otro desarrollo inmobiliario hasta que se apruebe e implemente el POT en consenso con la población.
EL PLAN SE POLITIZÓ
Rafael Rodríguez Herrera fue representante de finca Retana y actualmente es de ADEPanchoy, asociación creada a fines de 2020. Dice que es apolítica, con más de 15 años de buscar una solución duradera y permanente para detener el deterioro de la ciudad.
Desde su punto de vista, la problemática que se ha dado con la gestión del PMT-OT es que algunos vecinos tienen aspiraciones políticas y buscan protagonismo. No los han querido escuchar para llegar a acuerdos.
Está de acuerdo en que uno de los problemas más urgentes es la viabilidad, por lo que sabe que en algún momento será necesario construir calles que atraviesen las fincas privadas. “Los opositores lo que quisieran es expropiar, pero no es factible. Los mismos dueños se han dado cuenta de que pueden colaborar por el bien común dando viabilidad en sus fincas. Es una oportunidad histórica donde el sector productivo y dueños de la tierra participan como grupo para buscar soluciones”, asegura.
Rodríguez asegura que están dispuestos a colaborar poniendo los recursos para que en conjunto con la sociedad civil se trabaje en las recomendaciones de la Mesa Técnica. “En lugar de estar peleando, vamos para adelante y en conjunto lleguemos a un convenio”, expresó.
Por su parte, Víctor Hugo del Pozo, alcalde de La Antigua Guatemala, expresó que en su administración se hace urgente implementar un POT para que la ciudad tenga respuesta a sus necesidades actuales y futuras. Aclara que no se trata de hacer uno nuevo, sino revisar y validar el proyecto realizado por la empresa IDOM.
“La idea es trazar una ruta, pero quienes definen son los profesionales. La gente puede creer que quien pone la plata pide las canciones, pero se busca hacer una normativa en donde prevalezca el bien común”, expone.
Considera que la viabilidad es el problema más urgente, con más de 20 mil vehículos diarios circulando en calles que requieren un constante mantenimiento. Por eso, parte de la visión es dejar trazadas esas nuevas vías a futuro, en concordancia con los dueños de la tierra, no solo de su municipio, sino del valle de Panchoy.
Es consciente que deben buscarse consensos para evitar la conflictividad entre los distintos sectores y estos diálogos deben ser a puertas abiertas. Reconoció el fallo en la comunicación y aseguró que no se trata de un plan de ordenamiento “de los ricos”.
Sin embargo, al preguntar a Rodríguez Herrera como el alcalde Del Pozo quiénes eran los demás empresarios miembros de ADEPanchoy, se negaron a dar esta información.
POT Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SEGEPLAN ofrece los instrumentos técnicos y guías metodológicas para que las municipalidades del país puedan elaborar Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT), aunque la mayoría de municipalidades del país no los tiene o no los implementa.
En un foro realizado por esta institución en julio de este año, se resaltó cómo esta herramienta puede ser una estrategia para la reactivación económica, tras la pandemia. “Para 2032 la meta es que el 100 por ciento de los municipios cuenten con planes de ordenamiento territorial, los cuales promueven la participación, gestión de riesgo y cambio climático para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, expresó la titular Keila Gramajo Vilchez.
Sin embargo, son ajenos a la conflictividad que estos puedan generar, pues la implementación es una tarea y responsabilidad de cada municipalidad.
Habrá que ver si el exhaustivo estudio de la empresa IDOM no se convierta en un proyecto más que se guarde en una gaveta, se lance al bote de basura o de verdad se implemente para lograr cambios para los vecinos antigüeños.
