Con varios meses de atraso, la población privada de libertad comienza a ser vacunada contra el COVID-19 en los 22 centros penitenciarios que están activos en todo el país, una situación urgente debido a los niveles de hacinamiento en los cuales conviven la mayoría.
Desde el inicio de la pandemia se han identificado un total de 504 contagios de Covid-19 en los centros de privación de libertad, de los cuales hay 25 casos activos. Los recuperados ascienden a 439 y los fallecidos a 40.
Dentro del personal administrativo y operativo del Sistema Penitenciario (SP), se han contagiado 205 personas y han fallecido seis, de acuerdo con cifras de la institución.
Luis Rodolfo Escobar, director del SP afirma que, dentro de los 25,002 privados de libertad contabilizados hasta el pasado lunes, 5 mil personas cuentan con una primera dosis, de los cuales 3 mil están inmunizados con el esquema completo. Los centros en donde se han aplicado las primeras inmunizaciones son: Granja Penal Canadá, Quiché, Zacapa, Chimaltenango, cárcel de mujeres de Quetzaltenango y Cobán, confirmó.
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Esta semana prepararán una cobertura más amplia en el sector de Fraijanes que contempla cuatro centros, y que dará inicio con 5 mil primeras dosis distribuidas para el Centro de Orientación Femenina (COF) y la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón. Hasta el momento no se confirma qué tipo de vacuna les será administrada.
“Hemos realizado las peticiones correspondientes, se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y estamos con la puerta abierta para trabajar en conjunto, pero corresponde a ellos como ente rector el manejo de la pandemia”, informó Escobar.
OFICINA CONTRA LA TORTURA SEÑALA LENTITUD DEL PROCESO
Por su parte, la doctora Cecilia Barrios, relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en la región de Occidente, informa que desde su cargo tuvo la iniciativa de gestionar la inmunización con los privados de esa área del país, en conjunto con el doctor Juan Nájera, director del área de salud de Quetzaltenango. “Debido a los riesgos y la lentitud del proceso”, comenta.
Este lunes se procedió a la inmunización con segunda dosis a los privados del Preventivo de Hombres de Quetzaltenango, aproximadamente 355 personas.
“La población carcelaria de Occidente se prepara para una primera dosis de AstraZeneca. La semana pasada se finalizó con un grupo de privados en la cárcel de Totonicapán y de Quiché. De este grupo, un total de 83 privados en Totonicapán – hombres y mujeres- se vacunaron 70 personas. En la cárcel de Quiché, de un total de 89 reclusos, solo dos se negaron.
La próxima semana, será el grupo de Cantel, que estimo son unas 3 mil personas incluyendo los que pertenecen al centro preventivo de San Marcos, quienes seguirán con el plan de vacunación”, explica.
SALUD: SISTEMA PENITENCIARIO PUEDE COORDINAR
La Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informa que, en algunos departamentos, como Escuintla, se ha vacunado a la población de reclusos, pero esta es una coordinación que corresponde hacer con cada Dirección de Área, ya que se requiere el asegurar previamente que la actividad pueda desarrollarse sin ningún tipo de riesgo para los equipos de salud encargados de la vacunación.
“En los lugares en donde no se haya llevado a cabo, el Sistema Penitenciario puede coordinarlo de forma local para que se realice lo más pronto posible”, informaron.
POBLACIÓN RECLUSA CON ESCASO ACCESO A LA SALUD
La relatora Barrios comenta que se trata de una población vulnerable, muchos de ellos se han contagiado debido a los custodios, lo que provocó un contagio en la prisión de Quiché el año pasado.
“La vacunación está sumamente rezagada, aunque desde el principio se hizo la solicitud para que los privados estuvieran en la primera línea. En los centros no todo el tiempo se les provee de los insumos indispensables como alcohol en gel o mascarillas. Además, está prohibido el ingreso de estos líquidos por los familiares, por medidas de seguridad”, añade.
COLECTIVO ARTESANA: VACUNACIÓN ES VITAL DEBIDO AL HACINAMIENTO
Para Andrea Barrios, directora del Colectivo Artesana, es muy importante la vacunación en los centros de privación de libertad, considerando el nivel de hacinamiento, superior al 300% en la mayoría de los edificios.
Además, existen riesgos que los hacen más vulnerables tales como la alta afluencia de personas del personal administrativo como operativo, o las salidas a las audiencias. Recordó que los privados tienen limitaciones en el acceso a la salud y medicamentos, lo que no le limita el derecho a la vacuna. Al mismo tiempo, urgen las jornadas de sensibilización, porque ahora no todos desean vacunarse, comentó.
La lentitud de este proceso se debe a que pareciera que los privados de libertad están fuera del radar de esta problemática. Segundo, no existe un enlace permanente ni coordinación fluida entre las instituciones. Por un lado, el SP es una entidad centralizada en donde los directores de cada centro no tienen una función representativa ni existen delegados departamentales. Por el otro, el plan de vacunación se realiza en forma local en coordinación con las respectivas áreas de salud de cada municipio, puntualizó Barrios.
DESAFÍOS
A pesar de las condiciones, también existe renuencia a ser inmunizados contra el Covid-19. Un alto porcentaje no quiere ser vacunado, por diferentes razones. “Estimo hasta un 25% según sondeo, especialmente en el interior del país”, asegura.
Por lo anterior, el director del SP explica que se trabaja con el departamento de Rehabilitación, a través de servicios médicos y psicología, para hacer conciencia con la población reclusa y explicarles que no hay mala fe por parte de la entidad, pues en todo caso el ente rector de este plan es el MSPAS.
TRES SOLUCIONES
Ante el hacinamiento que se vive en las cárceles, el director del SP asegura que parte de su labor se enfoca en tres acciones para liberar la cantidad de población en los 22 centros, pues el de Guastatoya, El Progreso sigue inhabilitado.
Por un lado, se continúa en el plan de construcción de un centro carcelario con capacidad para albergar a más de 3 mil personas, segundo, la descentralización con convenios interinstitucionales como alcaldías, con el objetivo de inaugurar cárceles más pequeñas, tal como se hizo en Malacatán, San Marcos.
Por último, se trabaja en reducir el número de expedientes en mora. De 1,500 casos se han reducido a 60, los cuales están pendientes de entrega para que los reclusos puedan dar inicio al proceso de redención de pena.
