Por Ana Lucía González
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La Fiscalía Distrital de Sacatepéquez trasladó el caso del homicidio de Luis Armando Solórzano, hecho que generó indignación tras viralizarse videos en los cuales se ve cómo es sometido por agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala y que fue comparado a la muerte de George Floyd en Mineápolis, Minnesota en 2020, a la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Sin embargo, los querellantes adhesivos y sus abogados no están de acuerdo con esa decisión y requirieron a la Secretaría General del Ministerio Público que el caso sea abordado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida, por tratarse de un homicidio.
La abogada Betty López informó que solicitó la medida inhibitoria de la fiscalía administrativa desde el pasado 11 de marzo, sin tener respuesta hasta el momento. “La muerte de Solórzano fue cometida por autoridades municipales, -pero- el resultado fue la muerte violenta de un ser humano”, expresó.
UNA FISCALÍA QUE HA SIDO CRITICADA
La Fiscalía de Delitos Administrativos ha tenido a su cargo varios casos que han generado críticas, por ejemplo, en junio del año pasado le asignaron investigar la desobediencia de la Comisión Permanente del Congreso de no devolver a la Corte de Constitucionalidad el expediente de antejuicio contra magistrados de ese organismo.
La pesquisa derivó en que la Fiscalía presentara solicitudes de antejuicio contra los magistrados de la CC, Corte Suprema de Justicia y más de 80 diputados por una serie de hechos relacionados a la elección de Cortes y un amparo que requirió la propia fiscal general, María Consuelo Porras.
En 2019, tuvo a su cargo una investigación contra la exfiscal Thelma Aldana y en la que el fiscal Melvin Medina dijo en ese entonces: “Tuvimos que correr, tuvimos que analizarlo, venir sábado y estar analizando para ver qué vamos a pedir”, respecto a la conformación del expediente.
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También ha tenido a su cargo algunas de las pesquisas de “oficio” que no han prosperado durante la administración de la fiscal general, María Consuelo Porras.
DUDAN DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE UN VINCULADO
Asimismo, el querellante Estuardo Antonio Calderón junto al abogado Leonel Sánchez Abad, presentaron una solicitud de verificación ante el Juzgado de Primera Instancia Penal con el fin de revisar el cumplimiento de medidas sustitutivas impuestas a los procesados, ya que temen que uno de los expolicías municipales procesados se fugó, esto porque, al parecer, no se ha presentado a firmar el libro de actas correspondiente.
Los tres procesados son: Juan Carlos Tomás López, de 58 años; Guillermo Salomón Noj Lara, de 29 años y Ángel Gustavo Jiménez Pineda, de 40. A cada uno de ellos, la jueza Nélida Vásquez, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, le dictó medida sustitutiva por Q25 mil y arresto domiciliario.
LOS HECHOS
El pasado 28 de febrero, entre la 3a y 4a avenida Norte de la Ciudad Colonial, un hombre caminaba desnudo por la calle; al parecer por un ataque de ansiedad.
De acuerdo con medios locales, videos divulgados en redes sociales y fotografías publicadas por las mismas autoridades, él caminaba desnudo cuando un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala quiso detenerlo con su motocicleta.
El hombre de 33 años logró escapar por unos segundos, pero posteriormente se lanzó al suelo y fue retenido por al menos tres policías quienes pusieron sus rodillas sobre su cuerpo. Recibió múltiples golpes. Más tarde, los cuerpos de socorro confirmaron en el lugar de los hechos la muerte del hombre, identificado como Luis Armando Solórzano.
El análisis del INACIF mostró que Solórzano no tenía rastros de alcohol o alguna otra droga, además, encontraron múltiples fracturas costales bilaterales, hemorragia pulmonar bilateral masiva, lesiones en pulmones, múltiples lesiones en cabeza, tórax, abdomen y extremidades; hemorragia subcutánea y estigmas de sujeción en ambas muñecas, entre otros.
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El hecho causó consternación entre los vecinos de Antigua Guatemala, quienes pidieron que la recién conformada Policía Municipal Urbana sea disuelta. Algunos más se han organizado para salir a las calles a protestar, así como realizar una serie de homenajes en el lugar donde ocurrieron los hechos.
BUSCAN JUSTICIA
La abogada López informó que la familia de Solórzano aún no se ha hecho presente durante el proceso penal, sin embargo, participan en las actividades sociales en nombre del fallecido.
“Esto nos puede pasar a cualquiera”, expresó Denise Weikard, quien forma parte del grupo de vecinos que se adhirió a la denuncia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Antigua. Además, destacó que la fiscalía administrativa no está en capacidad de hacer una investigación por este tipo de delitos.
“Su muerte constituye un acto de tortura. Pensamos que este crimen no puede quedar impune ni caer en el olvido, pues afecta la seguridad de toda la población. A partir de este juicio tendría que replantearse el papel de las policías municipales y civiles. Parece que hay epidemia de homicidios contra ciudadanos por parte de la policía”, Juan Domingo Pérez, presidente de la Asociación Cerro de la Cruz.
