Por Ana Lucía González
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En 1978, los mantos acuíferos del valle de Guatemala gozaban de buena salud. La profundidad para perforar un pozo, en promedio, era de 163 metros, según datos del Insivumeh. En 2020, extraer agua requiere excavar el doble de lo que se hacía hace 40 años. En promedio, la perforación de los pozos es de 269.64 metros, según estudios de la Fundación del Agua (Funcagua).

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Actualmente existen pozos hasta de 450 metros de profundidad. “Debemos comprender que el agua subterránea también se agota y que los acuíferos son reservas que todos compartimos”, es uno de los mensajes de esta fundación que trabaja por la seguridad hídrica en 12 municipios del área metropolitana de Guatemala. Esto porque en esta docena de municipios reside el 94% de la población del departamento. Es decir, alrededor de 3.2 millones de personas (INE, 2017).

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— Diario La Hora (@lahoragt) March 22, 2021

La perforación de pozos a todo nivel, tanto en lo público, privado y domiciliar en forma constante y sin mayor regulación, es parte de la problemática que genera mayor preocupación entre los especialistas en el manejo de este recurso. Se estima que el 50 por ciento de la población en esta zona se abastece de agua subterránea (2018).

Tampoco se tienen mayores estudios de cuánto se extrae, además, las municipalidades ya no tienen capacidad ni conexiones para proveer de este servicio a los vecinos. “Por tanto, autorizan que se perforen nuevos pozos”, señala María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua.

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Hasta el momento, no existe alguna ley que regule o monitoree estos pozos. Por otro lado, están las contradicciones, puesto que el Código Civil establece que las personas tienen derecho de abrir pozos privados cuando hay necesidad.

Estos y otros problemas son parte de las alarmas que examinan entidades como Funcagua, entidad no gubernamental que busca establecer gobernanza de los recursos, generar información y concientizar para cuidar uno de los recursos más valiosos para la sobrevivencia. Y en el ámbito privado, compañías como Water Co, de Marco Morales, que asesoran empresas en esta temática.

ES UN TEMA INVISIBILIZADO

En la capital, un caso real es el de los residentes de un edificio de apartamentos en una zona de lujo. Consumían un promedio de 12 mil galones de agua diarios. Cuando el agua comenzó a escasear se empezaron a comprar pipas de abastecimiento. El administrador, sin decir nada, cada vez empezó a gastar más en pipas hasta llegar a facturar Q49 mil mensuales. “El costo del agua para cada apartamento llegó a ser hasta de Q800. Tuvieron que hacer un alto, pues no se había contemplado reducir el consumo”, relata Iturbide.

Otra de las problemáticas es el manejo de aguas residuales, donde los costos para implementar plantas de tratamiento son onerosos, y la mayoría de las municipalidades no tiene capacidad de asumirlo, como tampoco los vecinos de pagar el costo real que este gasto implicaría.

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Marco Morales, doctor en ingeniería hidráulica y medio ambiente, considera que el agua es un tema que se ha invisibilizado y que necesita de identidad propia. “Se necesita un conjunto de profesionales que lo conozca a fondo en sus distintas vertientes. Tener institucionalidades y normativas que hagan viables las acciones de respuesta que el país necesita”, comenta.

El agua siempre está como una subespecialidad en agendas como la de cambio climático, seguridad alimentaria, nutricional o ambiente, afirma. “El colapso de pozos, la contaminación de los ríos, basureros que conectan con cuencas de agua como el Motagua, todo esto es reflejo de la falta de gobernanza”, añade.

NO PASA LA LEY DE AGUAS

En los últimos años, el Legislativo ha intentado regular y proteger el uso del agua con un total de diez iniciativas, todas han sido infructuosas. La primera desde 2010, con la Ley General de Aguas propuesta por el presidente Vinicio Cerezo, de acuerdo con documentos de este organismo.

“Hay intereses espurios, ultraconservadores y mucha burocracia. Comunidades que no quieren saber nada del Estado y segundo, ciertos grupos del sector privado donde la rentabilidad por este uso la hemos pagado con impactos, sin retorno al Estado, de un bien que es común, de soberanía nacional. Implica un cambio en el statu quo del país”, comenta Morales.

Tanto Iturbide como Morales coinciden en que la sensibilización, conocimiento y capacitación son ingredientes clave. Poco a poco, los cambios, como gotas de agua, podrán ser factibles en el mediano o largo plazo.

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ABASTECIMIENTO EN 12 MUNICIPIOS DE GUATEMALA

Estas son las cifras de cómo algunas municipalidades de la metrópoli proveen de agua a sus vecinos.

Amatitlán: 11 pozos y un nacimiento para abastecer a 8 mil 600 usuarios.

Fraijanes: según Segeplan el municipio tiene cuatro nacimientos de agua que son: Las Crucitas, San Antonio, La Presa y la Pena. La municipalidad administra 24 pozos y un nacimiento de agua.

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Guatemala: EMPAGUA produce diez millones de m³ mensuales. Dispone de las plantas Lo de Coy, Santa Luisa, El Cambray y Las Ilusiones, mientras que, en el caso del líquido subterráneo, cuenta con campos de extracción y bombeo como Ojo de Agua, y los pozos que han sido perforados en diferentes zonas de la ciudad (2016).

Mixco: cuenta con 98 fuentes, principalmente provenientes de agua subterránea.

San Juan Sacatepéquez: dispone de cuatro pozos y un nacimiento.

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San Miguel Petapa: cuenta con 24 pozos, además de un nacimiento de agua denominado “El Ojo de Agua”, donde se obtiene el agua que es distribuida entre la población local y la ciudad capital.

San Pedro Sacatepéquez: dispone de 12 fuentes entre nacimientos, pozos artesanales y mecánicos; con una cobertura total de 4,218 usuarios, no se cuenta con contadores y la municipalidad subsidia el costo de establecimiento y mantenimiento del agua potable.

Santa Catarina Pinula: dispone de 22 pozos mecánicos, cinco de estos en área urbana y 17 en área rural.

Villa Canales: fuentes, 38 pozos mecánicos, dos nacimientos en área urbana y tres nacimientos en el área rural.

Villa Nueva: 43 fuentes, 42 pozos mecánicos en el área urbana y 1 nacimiento en área rural, hasta 2013.

Chinautla: no hay datos.
Fuente: Funcagua