A pocos días de las elecciones generales 2023, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) reportó un aumento en los casos por posible uso de recursos públicos por parte de las diferentes agrupaciones políticas, y resaltó que el gubernamental Programa de Adulto Mayor (PAM) sería parte de este tipo de mecanismos para ganar el voto.
De acuerdo con el quinto informe, que recopila información entre el 15 de mayo y el 15 de junio, la MOE-Gt destacó que documentó 43 casos de posible uso de recursos públicos para campaña electoral, los cuales fueron reportados por medio de la red de observadores electorales, publicaciones en los medios de comunicación y denuncias públicas hechas por la ciudadanía.
Cabe destacar que en el cuarto informe se registraron 21 casos. Es decir, se duplicó la cifra de hechos relacionados a este tema.
MOE-GT Presentó este día su quinto informe, una mirada del proceso electoral a cinco días de las Elecciones Generales.
🎥: José Orozco/LH pic.twitter.com/uBZyjGqJiS
— Diario La Hora (@lahoragt) June 21, 2023
PARTIDOS POLÍTICOS REPORTADOS
La MOE-Gt detalló que en la tendencia observada del supuesto uso ilegal de recursos públicos en campaña electoral predomina la participación de trabajadores del Estado en horario laboral, quienes asisten a actividades de con fines partidarios. Esto alcanzó el 18.6 por ciento del total de los casos registrados.
Además, la entrega de productos y otros beneficios de programas del gobierno central o de municipalidades cubrió el 16.3 por ciento, mientras que la inauguración de obras públicas tuvo el 14 por ciento. Todos estos actos están prohibidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Los partidos políticos que fueron identificados en el informe de la MOE-Gt como involucrados en este tipo de hechos son:
VAMOS: 44.6 por ciento del total de los casos reportados.
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): 16.1 por ciento.
Comité Cívico de Unidad Marquense (CUM): 10.7 por ciento.
CAMBIO: 7.1 por ciento.
En tanto, las agrupaciones Cabal, Unionista-Valor, Victoria, Bien, Nosotros, Podemos y TODOS suman el 21.4 por ciento de casos vinculados.
Según señaló la MOE-Gt, el riesgo de uso de recursos públicos con fines partidistas continúa siendo alto y frecuente, y se debe a la falta de efectividad de los mecanismos de control, auditoría y sanción del TSE.
Afirmó que esto contribuye a la impunidad de las personas responsables de contravenir ocasional o sistemáticamente la legislación sobre financiamiento electoral y sobre el uso indebido de recursos públicos para gastos de campaña.
“Persiste el hecho de que el financiamiento de campañas electorales se ha convertido en una inversión para ganar cuotas de poder político”, aseguró.
En tendencia:
IMPLEMENTACIÓN DEL PAM
En el informe, la MOE-Gt indicó que de los 43 casos reportados al 15 de junio, 11 involucran entregas de beneficios de programas de gobierno, en el cual destacó como “muy preocupante” el uso con fines político partidarios de los beneficios del PAM, a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
Esto luego que el Congreso de la República amplió la asignación presupuestaria para este programa gubernamental en Q339.9 millones, mediante el decreto 10-2023, aprobado el 19 de abril último.
En ese sentido, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que lograron detectar que se condiciona al adulto mayor a cambio de votos, lo cual consideró como ilegal.
“En nuestro comunicado se resalta con mucha preocupación el abuso del Programa del Adulto Mayor. Hemos logrado detectar que se está condicionando la entrega de la transferencia de los adultos mayores a cambio de votos, esto es ilegal aparte de ser inmoral. Están abusando”, indicó.
SIN MAYORES AVANCES EN INVESTIGACIÓN DE AUTORIDADES
Entre los 43 casos reportados, la MOE-Gt observó la participación de 53 personas que son aspirantes a cargos de elección popular, de las cuales 42 buscan la reelección y, de estos, 39 son candidatos a alcaldes municipales.
Por ello, señaló que pese a la gravedad de estos ilícitos, a la fecha no se conocen acciones concretas de las entidades fiscalizadoras, de control o del Ministerio Público (MP).
“El TSE ha indicado que los hallazgos de posible uso de recursos públicos para campaña electoral los está analizando y trasladará los expedientes a los órganos correspondientes, para proceder de conformidad con la ley”, afirmó.
