Varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y a quien resulte responsable de las 39 personas migrantes fallecidas en el incendio ocurrido en un centro de alojamiento en Ciudad Juárez, México.
«Esta tragedia no es un hecho aislado, sino el resultado de la impunidad, corrupción y políticas migratorias que violan derechos humanos», señalaron la Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y Uno de Siete Migrando.
Además, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En conferencia de prensa exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que realice las diligencias para que estos hechos no queden impunes, asimismo que la identificación de los restos y las diligencias periciales sean realizadas por peritos independientes.
Según indicó la Cancillería, los connacionales heridos han sido identificados por la red consular. Vea aquí el listado #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/nq6qzkVFVl
— Diario La Hora (@lahoragt) March 31, 2023
«Mientras atrocidades como la ocurrida el 27 de marzo pasado, en la que 66 personas migrantes fueron dejadas encerradas durante un incendio en la Estancia Provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, permanezcan impunes, sin llegar a los verdaderos responsables en la cadena de mando, seguirán repitiéndose. Estos hechos solo demuestran que no se trata de casos aislados, sino que responden a un engranaje que se basa en la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes», afirmaron.
SOBRE LOS HECHOS
Según indicaron cuando comenzó el incendio en la Estancia Provisional, el personal del INM omitió auxiliar a las personas migrantes privadas de la libertad, para salir de la celda, pese a los llamados de auxilio, no realizaron acciones inmediatas de contención del fuego, ya que se le dio preferencia al desalojo de personal administrativo sobre las personas migrantes extranjeras recluidas y no fue hasta que, al parecer, muchos de ellos habían fallecido que se iniciaron acciones para su evacuación.
Por ello, piden que se investiguen los probables delitos de homicidio, lesiones y otros probables delitos relacionados.
A su criterio, las autoridades tenían la calidad de garante, dado que las personas estaban detenidas y bajo su custodia, por lo que hace probable el incumplimiento de obligaciones, como la emisión de protocolos, implementación de medidas de prevención, adecuada selección y capacitación de personal, entre otras.
Según explican la denuncia también solicita la investigación de altos mandos del INM, incluidos: Francisco Garduño, titular del Instituto, y el contralmirante Salvador González Guerrero, titular de la oficina de representación en Chihuahua y militar en retiro, y demás servidores públicos y guardias privados.
«Por lo que es imperante que éstos sean separados de sus cargos», solicitaron.
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Además, se deberá investigar el origen del incendio y en función de ello, el grado de responsabilidad penal y en materia de derechos humanos de los servidores públicos.
Asimismo, solicitan que la investigación no se limite a los hechos relacionados directamente con el incendio, sino que deberá comprender también el análisis de todas aquellas obligaciones a cargo de las personas servidoras públicas, que de haberse cumplido, habrían evitado el resultado consistente en la muerte y afectaciones a la salud de las víctimas migrantes.
SEÑALAN POLÍTICAS MIGRATORIAS
Para las instituciones la tragedia como la de Ciudad Juárez es el resultado de políticas migratorias que discriminan y violan derechos humanos, «impulsadas desde el gobierno de Estados Unidos y aceptadas en México», que han terminado con la militarización de la migración y uso excesivo de la detención y deportación, lo cual es contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos y migración.
«La realidad que viven día a día hombres y mujeres en movilidad en México es cruel: son víctimas de delitos por parte de funcionarios públicos y crimen organizado, sin canales para denunciar y buscar protección frente a un sistema que está diseñado para privarlos de la libertad y retornarlos a sus países de origen, muchas veces, sin respetar el derecho internacional al asilo», aseguraron.
SOLICITUD DE DILIGENCIAS
Las instituciones solicitan la identificación de los cuerpos que tengan la intervención de la Comisión Forense, formada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la FGR.
Así como no llevar a cabo acciones de incineración y repatriación de los cuerpos, sin antes la Comisión Forense practique la autopsia y todos los dictámenes periciales sobre dichos cuerpos, con el fin de recabar las evidencias forenses necesarias.
“Lo que permitirá avanzar en el proceso de investigación en contra de quienes resulten responsables del traslado ilegal de los fallecidos” aseguró la fiscalía. Conozca aquí los detalles de las declaraciones #LaHoraDeActualizarnos 👇 https://t.co/ywSJkT8EDA
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Obtener los videos completos y originales de las cámaras al interior de la Estancia, así como realizar una pericial de fuego, hecha por expertos independientes que deberá incluir el examen de los cuerpos y del lugar de los hechos, a fin de establecer la causa y dinámica del incendio.
En ese sentido, piden recabar entrevistas a testigos, vecinos, funcionarios del INM y autoridades locales. Así como primeros respondientes al siniestro: bomberos, paramédicos y policías, entre otros.
Además, crear una unidad mixta conformada por la FGR y la Fiscalía del Estado de Chihuahua para el desarrollo de investigaciones, para no fragmentar la investigación y aprovechar los avances que en ambos fueros se consigan.
También, otorgar a las víctimas y a sus familiares, que así lo deseen, visas humanitarias y gastos de viaje junto con un lugar de estancia digno para que las víctimas puedan recuperarse en compañía de su familiar y, de así decidirlo, permanecer en el país para participar en las investigaciones, así como medidas de asistencia y apoyo necesarias, y la debida reparación del daño integral.
