Con la culminación del tercer aniversario del gobierno de Alejandro Giammattei, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció las reiteradas acciones del poder público para censurar, criminalizar y atacar a las voces críticas de la referida administración, lo cual, a criterio de la entidad, ha generado una política de terror y persecución en contra de periodistas y medios de comunicación.
La APG indicó que las acciones del gobierno de Giammattei y sus aliados en el sector político y privado han causado que durante el 2022 se registraran 107 ataques y limitaciones a la libertad periodística, en los que destacan 12 casos de acoso judicial, 36 limitaciones para realizar coberturas, principalmente en el Organismo Judicial y la Presidencia, y dos casos de exilio o desplazamiento forzado.
El Observatorio de los Periodistas de la APG refirió que en la actual administración de gobierno se han registrado 404 ataques contra la prensa:
135 en 2021.
117 en 2022.
3 en lo que va de 2023.
Dentro de los actos en perjuicio de la función de los comunicadores, la APG mencionó que no solo ha sido al gremio periodístico sino de la ciudadanía en general, como los discursos estigmatizantes del Poder Ejecutivo o el constante acoso policial hacía participantes en marchas o manifestaciones pacíficas.
ATAQUES NORMALIZADOS
La Asociación indicó que uno de los principales patrones de ataque normalizado por este gobierno es el acoso judicial, mediante la interposición de denuncias espurias, censura judicial para evitar las publicaciones de determinados temas o que mencionen a funcionarios en específico, así como la citación a declarar a periodistas por su labor.
“Para este fin, Giammattei cuenta con el respaldo irrestricto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados permanecen de forma irregular en el puesto, y la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, quien se ha dedicado a fabricar procesos en contra de periodistas mientras ordena desestimar las denuncias por agresiones contra comunicadores y acciona para declarar procesos bajo reserva, para que ni la prensa ni la ciudadanía conozcan detalles sobre las investigaciones y acusaciones”, aseguró.
Se destacó la criminalización del ingeniero y periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, acto con el cual el MP y la Presidencia buscan causar el cierre de ese medio de comunicación.
También el caso de Robinson Ortega, periodista de Santa Lucía Cotzumalguapa, quien fue víctima de violencia policial, pero que el MP en lugar de investigar a sus agresores, actuó para que el reportero fuera ligado a proceso por “atentado” por una denuncia falsa de una agente que participó en el ataque en su contra.
La APG señaló que las restricciones para acceder a actos públicos, actividades donde participan funcionarios estatales o espacios gubernamentales es otra de las principales acciones del Estado para limitar la libertad de expresión y de prensa.
“Durante este gobierno son reiteradas las denuncias sobre limitaciones o acoso a periodistas cuando realizan grabaciones dentro del Palacio Nacional de la Cultura. En los últimos meses, incluso, la seguridad presidencial se atrevió solicitar un supuesto permiso para hacer tomas. Esto contrasta con el discurso del gobierno sobre un presunto respeto a la libertad de expresión”, añadió.
CASO DE VIRGINIA LAPARRA
La APG mencionó la censura para que la prensa cubriera el primer proceso de criminalización, antes de la etapa de debate, de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango y a quien Amnistía Internacional catalogó como “presa de conciencia”.
“El MP y el OJ (Organismo Judicial) emplearon diversas argucias para evitar la presencia de los reporteros en las audiencias, incluyendo alegatos sobre el reducido espacio de la sala o limitaciones por el tema de la pandemia”, explicó.
En otros casos, el MP ha alegado supuestas preocupaciones de seguridad para los fiscales, para evitar el ingreso de periodistas y limitar cualquier información, aseguró la Asociación.
EXPRESA PREOCUPACIÓN
La APG expresó su preocupación porque las irregularidades presentadas en el caso contra Laparra se repitan en procesos penales en contra de periodistas y que el Estado pretenda normalizar la realización de juicios secretos, con el fin de violar el derecho de defensa de los periodistas criminalizados, dilatar los procesos para mantener de forma arbitraria a las víctimas en prisión o se prohíba la publicidad del caso, en cualquiera de sus etapas, incluso cuando se haya dictado sentencia.
Además, consideró que, por los procesos anteriores y el actual clima de violación a los derechos humanos, que en el año electoral se incrementen los actos de acoso judicial y limitaciones a las fuentes informativas.
“Discursos mediante los que se busque crear la imagen de una prensa ‘enemiga de la democracia’, actos de violencia física, amenazas de muerte, destrucción y/o robo de equipo y violencia policial, propiciados no solo por funcionarios estatales sino también por partidos políticos, a través de sus correligionarios, personal de seguridad o sus mismos candidatos”, mencionó.
Por ello, la APG exhortó a la ciudadanía a defender la libertad de expresión y su derecho de acceder a información variada y de distintas fuentes informativas, ante las acciones del gobierno de promover un estado de censura generalizada en el que prevalezca únicamente la versión oficial de las noticias, no exista espacio para la disidencia y la crítica se penalice con la prisión, el exilio o la muerte.
Asimismo, solicitó a las organizaciones internacionales de derechos humanos y de prensa, a la comunidad internacional y países amigos. a vigilar de cerca la situación de derechos humanos y libertad de expresión en Guatemala, la cual podría padecer retrocesos más graves en los últimos meses del actual gobierno.
PRESIDENCIA GUARDA SILENCIO
Se consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) sobre lo manifestado por la APG en su comunicado, pero no se obtuvo ninguna respuesta a los mensajes que fueron enviados por la vía del WhatsApp.
