Las objeciones y observaciones que fueron planteadas al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 serán conocidas este martes 22 de noviembre por el pleno del Congreso de la República.
Fueron las diputadas Andrea Villagrán y Ligia Hernández quienes hicieron los señalamientos, debido a que en la aprobación del presupuesto se incluyó una enmienda que omitió el listado de organizaciones que atienden a mujeres víctimas de violencia.
La CC decidió fallar a favor de lo solicitado por el excongresista. Aquí detalles https://t.co/bbni4eref0
— Diario La Hora (@lahoragt) November 22, 2022
De esa cuenta, Villagrán explicó que: “El artículo 128 elimina del listado de organizaciones que son las beneficiarias de los Caimus (Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia). Este presupuesto sirve para la atención de las mujeres víctimas de violencia”.
Además, la legisladora aseguró que: “Actualmente hay un presupuesto asignado, pero como no enlista las organizaciones que administrarán y organizarán esos fondos, básicamente sería no ejecutable”.
Villagrán también dijo que tanto ella como Hernández ven que se está quitando un “importante” rubro, porque va a dejar a “miles” de mujeres sin atención, asistencia legal y refugio.
“El Congreso, desde el 2008, le ha asignado presupuesto a estos centro de apoyo y en 2022 se les están quitando”, explicó.
Villagrán también indicó que por cerca de 15 años un listado de 17 organizaciones recibió presupuesto. “Esto fue removido a través de una enmienda presentada por el oficialismo”, enfatizó.
SOBRE LAS OBJECIONES
De acuerdo con las objeciones presentadas en el Decreto 54-2022, que contiene el techo de presupuesto para el siguiente año y la manera en que se distribuirá, está estipulada la asignación especial para los Caimus por Q25.9 millones, para el funcionamiento de 17.
Sin embargo, por medio de una enmienda se modificó el contenido del artículo 128, omitiendo los nombres de las organizaciones beneficiarias del aporte económico.
Según el documento que fue presentado por las diputadas, se señala que en el artículo 12 del referido decreto se establece que ningún ministerio del Estado, secretaría o dependencia podrá transferir fondos a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones que no estén incluidas dentro del presupuesto general.
Por eso, no establecer cuáles organizaciones recibirán los fondos, además de no figurar entre los casos contemplados que define la Ley de Orden Público, imposibilitaría la movilización de los Q25 millones.
“La enmienda propuesta constituirá una vulneración de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República y otros acuerdos adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos, limita los derechos de las mujeres y constituye en el retroceso de los servicios que desde el 2008 prestan servicios a mujeres víctimas de violencia, subsidiados con fondos del Estado”, se menciona en el documento.
