El diputado Cristián Álvarez del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), presentó a Dirección Legislativa una iniciativa que propone reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal para ampliar la competencia de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) en la realización de masivas jornadas de castración de caninos y felinos.
“Esta reforma busca cambiar las funciones del UBA, con esto ponemos a la Unidad en la lucha por fomentar y lograr que la castración sea algo real en todas las comunidades, es importante que los próximos 10 años destinemos los pocos recursos que se le dan a la Unidad en que apoyen causas como la castración y asociaciones”, explicó.
El diputado Cristian Álvarez, del bloque Creo, acompañado de organizaciones rescatistas de animales, presentó a Dirección Legislativa una iniciativa que propone reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, entre las que destaca jornadas masivas de esterilización. pic.twitter.com/Zk9FhYvTVT
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 13, 2022
En ese contexto, Álvarez mencionó que la Ley de Protección y Bienestar Animal no reguló taxativamente las atribuciones para realizar masivamente jornadas de castración en lugares estratégicos donde se prolifera la reproducción desmedida de perros y gatos, por lo que es necesario que instituciones de gobierno enfoquen sus esfuerzos para evitar la reproducción de animales ambulantes.
SOBRE LA PROPUESTA DE LEY
Según el documento presentado, el artículo 1 adiciona la literal p) del artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, el cual señala que dentro de las funciones de la UBA estará promover, coordinar y realizar jornadas masivas de esterilización y castración canina y felina de forma estratégica en los sectores de escasos recursos.
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Magistrado Medina, incluido en Lista Engel, habla de «independencia judicial»👉 [https://t.co/sf0pbfilgp] pic.twitter.com/2AESbUdJcR— Diario La Hora (@lahoragt) September 14, 2022
Además, adiciona el artículo 5 bis que indica que la UBA no podrá utilizar más del 40% del presupuesto asignado para pago de personal administrativo, priorizando el personal operativo y los proyectos de inversión de conformidad con las funciones que esta ley asigne.
La propuesta de ley entraría en vigencia 8 días después de ser publicada en el diario oficial.
