La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, se comprometió a no agendar la iniciativa 6076 en las próximas sesiones, luego de una reunión con la Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes expresaron su rechazo a la propuesta de ley “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército”, ya que consideran afectará el derecho de manifestar.
“Con el objeto de dar respuesta a la petición realizada, para el efecto en calidad de diputada del Organismo Legislativo me comprometo a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloque y no agendar la iniciativa 6076”, expresó Rivera en una carta dirigida a la Junta Directiva de los 48 Cantones.
Además, instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos a elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades en las que pudiera incurrir la iniciativa y una vez recibido el análisis jurídico, procederá a comunicarse de nuevo con ellos.
SOBRE LA REUNIÓN
La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán rechazó la iniciativa 6076 “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército” y demandaron al Congreso no aprobarla al considerar que afectará el derecho de manifestar.
48 Cantones logran retirar de agenda iniciativa para reprimir protestas 👉[https://t.co/M0rIr4KR9V] pic.twitter.com/XqRS0OpcSL
— Diario La Hora (@lahoragt) August 11, 2022
En respaldo a sus demandas, los directivos de 48 Cantones se concentraron desde la noche del miércoles afuera del Congreso, para solicitar que esta ley no se apruebe. Asimismo, afirmaron que de no atender su solicitud convocarían a manifestaciones a nivel nacional.
En horas de la mañana de este jueves 11 de agosto, Rivera recibió a los directivos y aseguró que no se agendaría más la iniciativa sin previo análisis jurídico, por ello, la legisladora por medio de una carta oficializó lo antes declarado.
SOBRE LA INICIATIVA 6076
La iniciativa fue presentada a dirección legislativa el 10 de mayo del 2022 y conocida por el pleno el 29 de junio; avanzó en primer debate el 9 de agosto.
El proyecto de ley lo presentaron los legisladores Napoleón Rojas Alarcón, Julio Francisco Lainfiesta, Karla Andrea Martínez, José Arnulfo García, Maynor Castillo y Castillo y Byron Wilfredo Arreaga Alonzo, todos del partido Unión del Cambio Nacional (UCN).
La Presidente del Congreso @ShirleyRiveraGt, en cumplimiento de su función de intermediación recibió esta mañana a representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, con el objetivo de escuchar sus solicitudes. pic.twitter.com/57Za6DefyR
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) August 11, 2022
Según el artículo 1 de la iniciativa, el objeto de la ley es que integrantes de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, en cumplimiento de sus funciones, pueden aplicar el uso de la fuerza “conforme a sus competencias, desempeñando acciones para garantizar la vida e integridad de los habitantes de la República”.
Asimismo, señala que el uso de la fuerza tiene como finalidad lograr objetos legítimos debidamente regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Además, que las fuerzas de seguridad pública y el Ejército podrán recurrir al uso de la fuerza, únicamente cuando otros medios resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo o cuando sea probable que no se logre el resultado previsto.
Cabe destacar que como fuerzas de seguridad la iniciativa define que son la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, además del Ejército de Guatemala.
