Durante la reunión de jefes de bloque del Congreso de la República, el oficialismo y sus aliados aprobaron incluir en los órdenes del día la discusión del primer y segundo debate de la iniciativa 6076, “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, la cual dispone que policías y militares puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones.
Aunque varios diputados se pronunciaron en contra y expusieron las razones para no incluir la propuesta, la mayoría de los jefes y subjefes de bloque del oficialismo apoyó para que esta propuesta de ley comience el trámite para su aprobación.
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DIPUTADOS DE OPOSICIÓN ESTÁN EN CONTRA
Walter Félix, de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional (URNG-MAIZ), solicitó el retiro de la iniciativa 6076 y argumentó que dicha propuesta está en contra del derecho de manifestar, que es un derecho constitucional.
“Nosotros solicitamos que se retire del orden del día la iniciativa de ley 6076, nada tendríamos contra esto pero cuando analizamos de fondo de ley, realmente es una ley en contra de los manifestantes y las manifestaciones que son un derecho constitucional”, indicó.
Además, Félix señaló: “Es una iniciativa de ley inconstitucional, lo que busca es fortalecer los niveles de represión de las fuerzas de seguridad contra el derecho a la manifestación y se están cerrando los espacios de participación de la ciudadanía guatemalteca, no se quiere escuchar al pueblo de Guatemala y es peligroso que se cierre el espacio de participación de la población”.
A esa petición se unió la legisladora Sonia Gutiérrez, del partido Winaq, quien expresó: “Lo único que vemos es que el Congreso está promoviendo una agenda antiderechos humanos, una agenda en retroceso que no viene a promover los derechos de la ciudadanía guatemalteca sino que al contrario viene a reprimirlas”.
Agregó que no era el momento de entrar a discutir una iniciativa de ley que lo único que busca es limitar los derechos constitucionales.
“Si hay manifestación legítima por parte de las manifestaciones y ciudadanía es que ven un gobierno que no les está respondiendo a sus intereses y demandas. Qué tristeza ver que este Congreso de igual manera se esté alineado a ese mismo malestar de la sociedad guatemalteca”, enfatizó.
CONDE: BUSCA EMPODERAR A LA FUERZA PÚBLICA
Por el contrario, Manuel Conde, de la bancada PAN y aliado del oficialismo, expresó: “La iniciativa creo que busca empoderar a nuestra fuerza pública, no es ni antidemocrático, ni va en contra de los derechos humanos; todo lo contrario, la seguridad ciudadana es un derecho humano y es una obligación del Estado”.
Asimismo dijo: “Nuestra fuerza pública necesita empoderarse, no puede estar el crimen organizado más fortalecido que nuestra fuerza pública, creo que pensar en un cuerpo legal que le de respaldo a los elementos de la fuerza pública y el ejército para operar en beneficio y protección de la ciudadanía es una cosa correcta enmarcada por la ley”.
Conde expresó que manifestar es un derecho, pero que la manifestación pacífica no es vandalizar la protesta y que eso no es correcto en ninguna sociedad democrática del planeta.
“Nosotros estamos buscando la manera de fortalecer no solo en lo operativo, sino en todas su capacidades y equipamiento de la fuerza pública para cumplir una función que sí es un legítimo derecho y es que el Estado nos proteja”, señaló.
Además, Conde indicó que no podían “caer en el juego de otros discursos”, ya que la iniciativa busca es “fortalecer la institucionalidad democrática” y que la fuerza de seguridad podrá combatir de manera frontal la vandalización de la protesta que se ha convertido arbitrariamente en el país.
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SOBRE LA INICIATIVA 6076
Según el artículo 1 de la iniciativa, el objeto de la Ley es que integrantes de la fuerza de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, en cumplimiento de sus funciones pueden aplicar el uso de la fuerza “conforme a sus competencias, desempeñando acciones para garantizar la vida e integridad de los habitantes de la República”.
• El uso de la fuerza tiene como finalidad lograr objetos legítimos debidamente regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
• Las fuerzas de seguridad pública y el Ejército podrán recurrir al uso de la fuerza, únicamente cuando otros medios resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo o cuando sea probable que no se logre el resultado previsto.
• Artículo 7: Las garantías del procedimiento en caso de iniciarse un proceso penal en contra del personal de fuerza de seguridad pública o del Ejército por acciones realizadas en cumplimiento legítimo de sus funciones, se les garantizará el debido proceso y el derecho de defensa gratuito proporcionado por parte de las instituciones para las que labora.
• Artículo 12: Adicionará el artículo 264 Ter al Código Procesal Penal, Decreto 51-92, para que los integrantes de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito obtengan medida de coerción, como arresto domiciliario y otras que el juez considere pertinentes con el objeto de garantizar su derecho al trabajo
Según la iniciativa, por fuerzas de seguridad define que son PNC, la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), además, del Ejército de Guatemala.
