Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima. Foto: La Hora/archivo

Luego que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), dieran trámite a la solicitud de retiro de inmunidad planteada por el Ministerio Público contra la diputada Ligia Hernández, la Bancada Semilla le manifestó su respaldo y solicitó al juez pesquisidor actuar con independencia.

También indicó que, como partido y sociedad, se defenderán legalmente en todas las instancias y vías posibles.

La agrupación manifestó que la CSJ admitió el trámite dentro de un contexto de criminalización de personas que incomodan a las “mafias” ampliamente identificadas en todos los niveles y organismos del Estado.

 

“Los diputados pueden citar a cualquier funcionario público para rendir cuentas sobre sus decisiones en el ámbito administrativo y financiero”, enfatizó el partido en un comunicado.

La bancada explicó que la citación a los encargados de la política criminal y de seguridad del MP fue para abordar temas exclusivamente administrativos sobre la aplicación de un plan de protección de los operadores de justicia, ordenado por una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La postura planteada en un comunicado, remarca el respaldo “absoluto” para la legisladora y la agrupación destaca su valentía ante lo que consideran una arbitrariedad. “No nos doblegaremos ante este ataque a la democracia”, afirma.

SOBRE EL JUEZ PESQUISIDOR

El pasado 22 de junio, la CSJ nombró juez pesquisidor al presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, magistrado Gustavo Adolfo Dubón Gálvez.

Por ello, el Movimiento Semilla indicó: “Ahora, el expediente está en manos del magistrado pesquisidor en quien recae actuar con independencia y honradez, para no sentar un grave precedente y evitar la criminalización de cualquier otro diputado o diputada que actúa en el justo ejercicio de sus facultades de fiscalización como representante del pueblo de Guatemala”.

 

DENUNCIA POR CITACIÓN

El 15 de febrero, la diputada programó una citación con el secretario de Política Criminal, el secretario contra la Corrupción del MP y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a la cual no asistieron.

En su lugar, enviaron un oficio que expresaba que los fiscales no podían ser citados por el Congreso, ya que el MP es “una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas”.

Otro argumento utilizado por el ente investigador fue el artículo 1 de su Ley Orgánica, según el cual el MP “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública”.

Por lo anterior, interpusieron una denuncia por supuesto abuso de autoridad contra la legisladora Hernández.

“Fui notificada de una denuncia por abuso de autoridad, interpuesta por la fiscal general (…), pero de entrada lo considero un ataque político y un exceso del MP. Y esto lo fundamento en que la solicitud de retiro de antejuicio fue notificada al Organismo Judicial (OJ) un día después de la reelección de Consuelo Porras”, explicó la diputada Hernández en su momento a La Hora.

 

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