El Juez Miguel Ángel Gálvez ha requerido apoyo para su seguridad. Foto La Hora

La Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (Fecajud), manifestó su preocupación y alerta por los actos de intimidación y acoso en contra del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, luego de la decisión en un proceso seguido por delitos de homicidio y desaparición forzada en el caso Diario Militar.

Fecajud expresó por medio de un comunicado que el juez Gálvez ha sido objeto de múltiples amenazas públicas a través de redes sociales, y otras de manera directa, respecto de las cuales las autoridades no han iniciado una investigación oportuna, en el que funcionarios como el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, han confirmado estos ataques y expresado su solidaridad con el togado.

Asimismo, enfatizó que la situación es de tal gravedad que el propio juez presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala una solicitud de medidas de protección, en uso legítimo de los mecanismos legales establecidos para estas situaciones de riesgo.

EL ESTADO GARANTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA INDEPENDIENTE

La Fecajud resaltó que es deber del Estado tomar medidas para garantizar el ejercido independiente de las funciones jurisdiccionales; que el juzgador y su familia son beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por riesgo a sus vidas e integridad personal.

La Federación agregó que estas amenazas ponen en riesgo la seguridad física y jurídica de los operadores de justicia por su criterio judicial, obstaculizan el esclarecimiento de casos de violaciones de derechos humanos y corrupción en la región y procuran impunidad.

 

Asimismo, que la Fecajud indicó que los hechos vulneran, entre otros, los artículos 203 de la Constitución guatemalteca y el 27 de la Ley de la Carrera Judicial que reconoce el derecho de los jueces a ser protegidos de forma inmediata por las autoridades cuando exista peligro contra su vida o integridad personal, debido al desempeño de las funciones de su cargo.

Además, que atentan en contra de múltiples normas y estándares de derecho internacional como los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura y los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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