La jornada de manifestaciones de este lunes se desarrolló en 25 puntos del país, en medio de amparos interpuestas y diferentes instituciones que se pronuncian en contra. Foto La Hora/José Orozco

Luego del anuncio de los representantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) por el “Paro Plurinacional” con motivo del alto costo de la canasta básica y el combustible, así como en contra de la corrupción en el país, la criminalización contra defensores de derechos humanos y por la forma en cómo se maneja elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), se dieron acciones del sector empresarial para frenar las protestas.

La jornada de manifestaciones de este lunes se desarrolló en 25 puntos del país, en medio de amparos interpuestos y diferentes instituciones que se pronunciaron en contra, después de once horas de bloqueos, las carreteras vuelven a la normalidad.

CC OTORGA AMPARO A CCG

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), un día después del anuncio de las manifestaciones, se pronunció y exigió a las autoridades del Gobierno de Guatemala que informaran las acciones inmediatas que tomarían para evitar el bloqueo de carreteras, ya que transgredían las fundamentales garantías constitucionales de todos los guatemaltecos.

Sin embargo, no se quedaron esperando la respuesta del gobierno y en horas de la madrugada de este lunes, la Corte de Constitucionalidad (CC) les otorgó un amparo provisional, ya que interpuso esa acción legal en contra del Presidente de la República de Guatemala, el ministro de Gobernación y Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), debido al paro plurinacional que bloquearía una gran cantidad de importantes tramos carreteros del país para el 25 y 26, por parte de miembros de Codeca.

JORNADA DE BLOQUEOS

A partir de 6:15, Cuatro Caminos Totonicapán y Sanarate fueron los primeros puntos donde se bloquearon las carreteras en ambos sentidos, en respaldo a lo antes anunciado por Codeca, luego la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) a las 6:42 reportó 10 puntos de bloqueos y media hora después eran 15 puntos en total.

Para las 10:00 horas, Provial informó que 23 puntos eran bloqueados en ambas vías, entre estos San Juan Sacatepéquez; San Miguel, El Tejar, Chimaltenango; Nahualá, Sololá; Sanarate; Masagua, Escuintla; Taxisco, Santa Rosa; Chisec, Alta Verapaz; Frontera el Florido Jocotán, El Triángulo de Mazatenango; Cruce de San Julián.

25 minutos después, iniciaron dos desbloqueos de carreteras, el primero a las 10:25 en San Miguel, El Tejar Chimaltenango y el segundo a las 10:55 en el Crucero de la Virgen, San Marcos; aún permanecían 22 puntos bloqueados.

 

Pasada las 13:00 horas, Provial indicó que San Juan Sacatepéquez, aldea El Molino Santa Rosa, Sanarate, Cruce de San Julián, se sumaban al desbloqueo de carreteras. Continuando 19 puntos bloqueados.

Una hora después, 12 puntos seguían bloqueados y 13 desbloqueados, sumaban más de 12 horas de manifestación por parte de integrantes de Codeca de los diferentes departamentos.

Para las 15:00 horas eran 15 puntos desbloqueados, sin embargo, 10 continuaban bloqueados.

Los últimos bloqueos fueron reportados por Provial a las 16:30 en el cual Nahualá, Sololá; Piedras Negras Huehuetenango, aldea Xinacoj Huehuetenango; San Juan Ostuncalco Quetzaltenango; Masagua Escuintla, Taxisco, Santa Rosa y aldea Barranca Honda, Guazacapán, aún seguían bloqueadas.

Sin embargo, a las 17:30 después de 11 horas de bloqueos, las carretas fueron desbloqueadas.

INSTITUCIONES PRIVADAS SE PRONUNCIARON

El transporte fue interrumpido desde horas de la mañana, por lo que varias instituciones pronunciaron su descontento durante la jornada de este lunes.

El primero fue el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que por medio de un comunicado pidió a las autoridades que procedan a llevar a los responsables ante la justicia, ya que la entidad considera que son “bloqueos ilegales” y que por ello es necesario que los responsables sean “llevados ante la justicia a quienes instigan, organizan y ejecutan estos actos”.

Luego, la Cámara del Agro (Camagro) también exigió que ante los bloqueos las autoridades hagan cumplir la ley para que las organizaciones, “no sigan cometiendo estas acciones en la impunidad”. Y destacaron que “a pesar de las resoluciones de la CC los derechos de la mayoría son recurrentemente vulnerados, sin acciones por parte de las autoridades que resulten en la efectiva e inmediata protección de los mismos”.

También, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó en un comunicado su rechazo ante los bloqueos, pues consideró que son ilegales y que atentan contra el desarrollo del país, “bloqueos ilegales organizados por grupos desestabilizadores que ponen en riesgo, el trabajo, la salud, la vida y que condicionan la libertad de locomoción de las personas”.

Además, la CIG solicitó a las autoridades correspondientes, investigar a los autores intelectuales de estas acciones, así como sus fuentes de financiamiento.

Asimismo, exigieron que las autoridades “de inmediato”, den cumplimiento a lo ordenado en los amparos otorgados por la CC y se tomen medidas “contundentes” para garantizar el orden público.

 

Por último, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala), manifestó su preocupación ante los bloqueos y afirmó que las medidas de hecho provocan en un día pérdidas de hasta Q280 millones para las exportaciones.

Consideran que estas manifestaciones violan los derechos de locomoción de todos los ciudadanos, “además de empeorar la situación de desempleo y pobreza, afectando la competitividad del país, por lo que instamos a las autoridades a sostener una mesa de diálogo con las partes involucradas para evitar afectar las garantías constitucionales de la población”.

PDH INTERPONE AMPARO

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, presentó un amparo ante la CC en contra del presidente Giammattei, Ministerio de Gobernación y la PNC para que se garantizaran los derechos constitucionales durante las manifestaciones anunciadas.

“Constituye la amenaza cierta, inminente y determinada de parte de las autoridades impugnadas de no garantizar el derecho a la reunión, y manifestación, el derecho a la locomoción, a la libre expresión del pensamiento, debiéndose garantizar los derechos aludidos, sin restricción alguna, en consecuencia, las autoridades deben cumplir con sus obligaciones fundamentales de velar por los intereses de toda la población que quiera manifestar”, indicó en el amparo.

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