Convergencia por los Derechos Humanos se pronunció por medio de una conferencia de prensa. Foto: La Hora/CALDH

Este domingo, representantes de la Convergencia por los Derechos Humanos dieron una conferencia de prensa donde presentaron el Informe de la misión de observancia y verificación en El Estor. Tras lo observado en el lugar, solicitaron al Gobierno suspender el Estado de Sitio decretado en el municipio, así como la presencia de organismos internacionales y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, instalar una subsede en el área mientras dure la medida decretada por el Gobierno.

No obstante, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ante la solicitud de Convergencia por los Derechos Humanos de instalar una subsede en El Estor, indicó que, debido a la crisis financiera que atraviesa la PDH es materialmente imposible atender dicha solicitud.

Sin embargo, indicaron que enviarán a personal de la sede central para reforzar el trabajo de la Auxiliatura. “Vamos a enviar personas trabajadoras de la sede central para reforzar el importante trabajo que realiza la Auxiliatura de Izabal”.

ALGUNOS HALLAZGOS REVELADOS POR LA MISIÓN

Jorge Santos, coordinador de Udefegua mencionó en la conferencia de prensa varias situaciones durante el Estado de Sitio contra la población q’eqchi’ como allanamientos y arrestos ilegales, vulneración de derechos humanos contra niños y mujeres, y criminalización contra defensores del territorio.

Santos describió el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las instituciones de la seguridad pública del Estado. Así como, violaciones a la libertad de prensa y acceso a la información, especialmente agresiones físicas y destrucción de equipo de periodistas y comunicadores.

Asimismo, el seguimiento e intimidación en las casas de liderazgo reconocido del municipio, como permanente hostigamiento en las casas por parte de las patrullas de la PNC y de particulares, lo que generó un clima de zozobra entre ellos.

“Lo que está ocurriendo hoy en El Estor es el resultado de violaciones a derechos humanos contra la población maya q’eqchi’ y de las operaciones legales de una empresa extranjera, dijo Santos.

 

Por su parte, la activista Iduvina Hernández dijo que la situación de violaciones a derechos humanos empezó a mediados del siglo pasado y han continuado hasta hoy, involucrando a militares que atacaron a la población.

En este sentido, la Convergencia de los Derechos humanos solicitó que se suspendan todas las actividades de la minera en El Estor y se acabe el Estado de Sitio, y también pidieron que se permita que organizaciones internacionales hagan una visita al lugar

OTRAS PETICIONES

Entre las solicitudes planteadas por la Convergencia destaca que la empresa CGN-PRONICO, cumpla y respete la resolución de la Corte de Constitucionalidad en donde se ordena el cierre de operaciones.

Además, piden garantizar la integridad física y protección de todas las defensoras y defensores de Derechos Humanos y quienes integran el Consejo Maya q’eqchi’ y la Gremial de Pescadores Artenasanales.

 

Asimismo, piden a la sociedad guatemalteca solidarizarse con el pueblo maya q’eqchi’ de El Estor en su “justa y digna resistencia” al proyecto minero que afecta el Lago de Izabal.

EL CONFLICTO

La conflictividad que se vive desde hace tiempo en El Estor, Izabal, por la actividad minera incrementó en las últimas semanas, reportando enfrentamientos entre pobladores y fuerzas policiales que terminaron con la implementación de un Estado de Sitio en el municipio.

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