Un juez federal en California amplió este martes a todo Estados Unidos la prohibición a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para realizar detenciones en los tribunales de inmigración, lo que representa un duro golpe a la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
El juez P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte de California, extendió a nivel nacional una orden dada en diciembre pasado que impide a los oficiales de ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia esperar en los pasillos a los inmigrantes que pierden sus casos para detenerlos.
“ICE y la EOIR no proporcionaron explicaciones fundamentadas para sus acciones, el Tribunal concluye que cada una de las políticas impugnadas es arbitraria y caprichosa, en contravención de la APA (Acta de Procedimiento Administrativo)”, escribió el magistrado nombrado por el expresidente Joe Biden (2021-2025).
El fallo también prohíbe a ICE mantener a los detenidos a los inmigrantes en sus instalaciones de registros de forma prolongada.
Como parte de su campaña de deportaciones masivas, el Gobierno Trump había echado abajo desde el año pasado las restricciones de arrestos migratorios en los llamados ‘lugares sensibles’, como hospitales, centros religiosos, escuelas y cortes de inmigración.
Las imágenes de las detenciones de las cortes de inmigración en medio de llantos y resistencia de las familias y abogados han generado una ola de críticas contra la Casa Blanca.
Además, la táctica provocó una caída drástica en las comparecencias judiciales, según muestran los registros de los tribunales. En la mayoría de casos, los inmigrantes reciben órdenes de deportación en ausencia por no asistir a las audiencias.
Pitts había emitido una prohibición en diciembre pasado que solo se aplicaba a la jurisdicción de ICE en San Francisco (California), una región que abarca todo el norte y el centro del estado, debido a una decisión de emergencia del Tribunal Supremo que limitaba a los jueces para emitir prohibiciones nacionales hasta no considerar el carácter colectivo de las demandas.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, criticó la decisión del juez en un mensaje en su cuenta de X. “Este es otro ejemplo de jueces parciales que obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración”.
Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión y que la batalla incluso llegue a la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores.
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RESPALDA SOLICITUD DE TRUMP
Horas antes del anuncio del juez federal de California, la Corte Suprema había respaldado al Gobierno del presidente Donald Trump en un caso relacionado con la autoridad del Ejecutivo para deportar a inmigrantes con residencia permanente.
El fallo de seis votos a favor y tres en contra responde a la demanda presentada por Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo el estatus de residente permanente legal en 2007 y fue puesto en proceso de deportación, tras ser acusado de falsificación de ropa en 2012.
Antes de ser juzgado, Lau salió temporalmente de Estados Unidos, pero tras regresar no fue admitido como residente permanente, sino que se le permitió su ingreso bajo libertad condicional, debido a la acusación en su contra.
Tras declararse culpable del cargo de falsificación, el Gobierno de EE.UU. inició un procedimiento de expulsión facilitado por estar bajo la libertad condicional.
En su demanda, Lau argumentó que el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lo puso bajo esa clasificación excedió su autoridad porque para ese momento solo enfrentaba una acusación y no una condena.
En su dictamen, el juez del Supremo Clarence Thomas escribió que los funcionarios fronterizos no tenían la obligación de demostrar, «con pruebas claras y convincentes», que Lau hubiera cometido un delito, que implicara la pérdida de su residencia.
El fallo resalta que el Gobierno había demostrado, mediante pruebas claras y convincentes, que Lau se encontraba dentro de la excepción aplicable a los residentes permanentes sujetos a expulsión debido a una condena por un delito de depravación moral.
En su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson se mostró preocupada porque el fallo entregaría al Gobierno «un cheque en blanco de gran alcance» con respecto a retirar la residencia permanente a los inmigrantes.
Este martes el Gobierno Trump se alzó con otra victoria en política migratoria cuando un tribunal de apelaciones le permitió extender a todo el país las deportaciones aceleradas, aplicadas generalmente a los inmigrantes detenidos en la frontera sur .
