La jueza Erika Aifán fue denunciada por la FECI hace dos días. Foto La Hora

Debido al extravío de pruebas, actuaciones y documentos de casos de alto impacto en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, hechos por los cuales han sido denunciados trabajadores que estaban asignados a la judicatura, la togada Erika Aifán pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), interceder para obtener copias que demuestran sus denuncias y así acreditar la pérdida de los expedientes.

Sin embargo, el pleno de magistrados únicamente resolvió que deben entregarle copias de todos esos elementos a Aifán, sin intermediar ellos en el proceso.

Tampoco emitieron ninguna medida o disposición respecto a la pérdida de las pruebas o actuaciones que estaban dentro de los documentos desaparecidos.

 

¿POR QUÉ NECESITABA AIFÁN DE LA INTERMEDIACIÓN DE LA CSJ?

Previamente Aifán solicitó al Régimen Disciplinario las certificaciones de las denuncias presentadas contra los trabajadores que habrían estado involucrados en el extravío de documentos de casos de alto impacto.

Para la acreditación de sus actuaciones, esa unidad solicitó a la juzgadora un pago que sobrepasa los US$1 mil para entregarle las copias de los documentos.

Por ello, la jueza Erika Aifán acudió a la CSJ, amparándose en la Ley del Organismo Judicial, normativa que establece que los jueces pueden dirigirse al pleno reclamando su independencia, tomando como argumento las consecuencias de no consignar los expedientes extraviados.

De esa cuenta, requirió a los magistrados de la Corte que fueran ellos quienes pidieran la documentación al Régimen Disciplinario, así ella podía consignar las denuncias que ha presentado, pero no sucedió.

El pleno de magistrados de la CSJ no intercedió a favor de Aifán. Foto La Hora/Archivo

RESPUESTAS INSTITUCIONALES INADECUADAS

La jueza Erika Aifán señaló que a pesar de que existen mecanismos establecidos en la ley, a los cuales los jueces siguen acudiendo para garantizar el debido proceso y los derechos de los operadores de justicia, las respuestas institucionales no han sido las más adecuadas por lo que han acudido a instancias internacionales.

Agregó que por eso jueces de Mayor Riesgo, exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad, operadores de justicia y defensores de derechos humanos gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA POR PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN

El pasado 10 de septiembre, la jueza de Mayor Riesgo “D” Erika Aifán presentó una ampliación de denuncia ante el Ministerio Público contra la ex auxiliar Tatiana Guzmán por el extravío de documentación de procesos de alto impacto que están a cargo de esta judicatura; muchos de estos expedientes siguen sin ser localizados.

Aifán señaló que varios auxiliares fiscales pudieron haber actuado de manera conjunta con Guzmán Figueroa, “para afectar la funcionalidad del Juzgado de Mayor Riesgo D, a través de la realización de diferentes acciones ilícitas”, como la pérdida o sustracción de documentos.

Entre los procesos que pudieron haber sido afectados se encuentra el caso Fénix del cual habrían desaparecido documentos y medios de prueba, aseguró en ese momento la juzgadora.

 

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