Durante una citación en el Congreso de la República, diputados de la Bancada VOS cuestionaron a autoridades encargadas de la distribución y fiscalización de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas por el supuesto cobro indebido de combustible que, según afirmaron, aún contaba con subsidio.
En la citación participaron autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Durante la citación, el MEM informó que los precios promedio para este lunes, estaban en de Q37.09 para la gasolina superior, Q36.09 para la regular y Q35.29 para el diésel, y explicó que el incremento obedecía al fin del apoyo social temporal para los combustibles, el que finalizó el pasado 2 de julio.
El diputado Orlando Blanco sostuvo que el aumento no debía aplicarse de inmediato, ya que, según afirmó, las estaciones de servicio todavía despachaban combustible adquirido cuando el subsidio seguía vigente.
«Lo que están despachando ahorita en todas las gasolineras son reservas que tenían de combustible que ya se le había pagado el subsidio», señaló Blanco, quien cuestionó por qué las autoridades permitieron el incremento inmediato de los precios.
DENUNCIAN «DOBLE ROBO»
Por su parte, el diputado José Chic aseguró que la población estaría pagando un precio mayor por combustible que aún había sido importado con apoyo del subsidio.
«Le están cobrando a precio normal un combustible que todavía está subsidiado. Ese es un robo descarado que le están haciendo a la población guatemalteca», afirmó el legislador.
Chic también sostuvo que las empresas incrementaron sus inventarios durante la vigencia del subsidio y criticó que las autoridades, según dijo, han sido permisivas con las importadoras y estaciones de servicio desde el inicio del programa.
Además, preguntó respecto de qué acciones se tomarán para evitar que continúe el despacho de combustible subsidiado a precios sin apoyo y cómo se verificará que no existan inventarios adquiridos con el beneficio.
AUTORIDADES RESPONDEN
La directora de la DIACO, Leslie Yvonne Tzicap González de López, respondió que únicamente podrán sancionar cuando existan evidencias derivadas de las fiscalizaciones.
Según explicó, el viernes realizaron inspecciones en 15 estaciones de servicio, sin encontrar establecimientos que mantuvieran precios subsidiados, por lo que hasta el momento no se habían impuesto sanciones.
Asimismo, indicó que la institución continuará con el monitoreo y trasladará la información correspondiente a las entidades competentes cuando sea necesario.
No obstante, Blanco insistió en que el problema no se limita a imponer multas, sino a determinar cómo se compensará a los consumidores que, según denunció, habrían pagado de más por combustible adquirido bajo el esquema del subsidio.
MEM: SE HARÁN VERIFICACIONES
La semana pasada, Edwin Barrios, ministro de Finanzas, refirió que el Gobierno fiscalizará a las gasolineras que incrementaron sus precios a partir del fin del subsidio,
El objetivo dijo; es determinar realmente si los inventarios de combustible que habían adquirido mientras aun estaba vigente el subsidio se había agotado o si están vendiendo a un precio superior pese a haberlo comprado con apoyo estatal.
Barrios aseguró que el Ministerio de Energía y Minas dejó reservado el presupuesto suficiente para cubrir el combustible vendido hasta el último minuto de vigencia del apoyo.
El funcionario explicó que el combustible adquirido por las estaciones de servicio mientras estuvo vigente el apoyo no desaparece inmediatamente al concluir el programa.
«Todo ese combustible empieza a agotarse de manera gradual», indicó. Añadió que, dependiendo de la ubicación de la gasolinera, el tamaño de sus tanques y el volumen de ventas, ese inventario podría durar desde varios días hasta incluso aun semanas.
Añadió que el subsidio se cerró a las 24:00 horas del jueves de la semana pasada para garantizar que el combustible adquirido hasta ese momento quedara cubierto con el saldo disponible del programa.
También agregó que, una vez se agoten esos inventarios, todas las estaciones deberán comercializar combustible sin subsidio.
SICOM DICE PODER ANALIZAR COMPORTAMIENTO
Javier Bauer, presidente del Directorio de La Superintendencia de Competencia (Sicom), al ser consultado por La Hora, dijo que la instancia tiene dentro de sus atribuciones legales, la facultad de monitorear y analizar el comportamiento de los precios en los distintos mercados del país.
De acuerdo con el funcionario, en marzo de 2026 el Directorio aprobó dos metodologías específicas para este fin: una orientada al monitoreo de mercado en general y otra particular para el sector de combustibles.
Bauer detalló que la Ley de Competencia faculta a la Superintendencia a utilizar estos estudios como base para emitir recomendaciones normativas que promuevan mercados más competitivos, y que a partir del 9 de diciembre la entidad podrá realizar análisis de prácticas anticompetitivas e iniciar procesos sancionatorios.
No obstante, aclaró que la infracción de «concertación de precios» contemplada en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos seguirá siendo competencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la imposición de sanciones, hasta que se apruebe la reforma propuesta y la Ley de Competencia entre en plena vigencia.
Respecto a la percepción ciudadana de que los precios de los combustibles suben rápidamente cuando aumentan los costos, pero bajan con mayor lentitud cuando estos disminuyen, Bauer indicó que la Superintendencia analiza esta dinámica a partir de los datos disponibles sobre precios y con el objetivo de fomentar prácticas competitivas en los mercados.
Señaló que, una vez la Ley de Competencia entre en total vigencia en diciembre de 2026, el Superintendente podrá evaluar estas asimetrías de precios como posibles indicios de prácticas anticompetitivas y, de contarse con pruebas adicionales, investigar la existencia de acuerdos entre actores del mercado o abusos de posición dominante.
El presidente del Directorio de la Sicom informó que la institución ya presentó al Congreso de la República una recomendación normativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, la cual contempla multas de entre Q3 millones y Q20 millones de quetzales para las empresas que se coordinen para fijar precios, así como que sea la Superintendencia la entidad exclusiva encargada de investigar y sancionar este tipo de prácticas.
Añadió que en marzo de 2026 el Directorio aprobó el inicio de un análisis formal del mercado de combustibles, que permitirá identificar posibles distorsiones y emitir recomendaciones normativas orientadas a mejorar la competencia en el sector. Mientras dicha reforma no sea aprobada, precisó, la facultad de sancionar por concertación de precios en el sector de combustibles seguirá correspondiendo al MEM.
