En un momento en que Guatemala busca alcanzar el grado de inversión y fortalecer su capacidad de atraer capital para infraestructura estratégica, el debate sobre la certeza jurídica y el papel de las instituciones públicas vuelve a colocarse en el centro de la discusión.
El proyecto Xochi, una de las iniciativas viales de mayor participación de inversión privada en el país, se ha convertido en un caso de creciente atención pública, no solo por su impacto en la conectividad y el desarrollo logístico, sino también por las tensiones que ha generado entre comunidades, autoridades locales y la empresa ejecutora en torno a la gestión del proyecto, los cambios en la obra y los mecanismos de supervisión institucional.
El proyecto Xochi, es una de las iniciativas viales de mayor participación de inversión no solo por su impacto en conectividad y desarrollo logístico.
Pero además, es un ejemplo de lo que Guatemala debe de fortalecer: Una solución para este tipo de tensiones en proyectos de infraestructura de gran escala la solución pasa por fortalecer tres pilares clave: certeza jurídica preventiva, coordinación institucional y resolución temprana de controversias.
En este contexto, la conversación con actores clave del sector permite abordar preguntas de fondo: ¿Qué condiciones necesita Guatemala para que este tipo de proyectos se concreten sin fricciones institucionales?, ¿Cómo se equilibra la participación de distintos niveles de gobierno en iniciativas de alto impacto?
Sobre todo, ¿Qué señales envía el país a los inversionistas cuando se discuten obras ya estructuradas bajo esquemas contractuales vigentes?
Durante una conversación con LaHora.gt, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundación para el Desarrollo (Fundesa) hace algunas reflexiones importantes respecto del mensaje que en ese sentido ofrecen casos como este.
LH ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que proyectos de gran escala como Xochi se concreten con éxito?
Fundesa: La viabilidad de proyectos de infraestructura de gran escala descansa sobre cuatro pilares fundamentales:
- Certeza jurídica y respeto a contratos vigentes.
- Institucionalidad técnica sólida.
- Financiamiento estructurado y mecanismos de mitigación de riesgo.
- Gestión territorial temprana
El caso de Xochi ilustra con claridad los riesgos que enfrenta Guatemala cuando el marco legal no se aplica con consistencia.
La suspensión o reversión de proyectos con contratos perfeccionados —sin que medie un proceso técnico y jurídicamente sólido— erosiona la base sobre la cual cualquier inversionista, nacional o extranjero, toma decisiones de largo plazo.
Las reglas del juego deben ser estables, predecibles y vinculantes para todas las partes, incluyendo al Estado.
En el caso de la institucionalidad técnica sólida, Guatemala necesita entidades rectoras de infraestructura con capacidad técnica real, blindadas de la rotación política, mientras que en el caso del financiamiento estructurado y mecanismos de mitigación de riesgo, las buenas prácticas internacionales fomentan esquemas que combinen inversión pública, participación privada y eventualmente financiamiento multilateral.
Para proyectos viales de esta magnitud, es indispensable contar con mecanismos de resolución de disputas eficientes y estructuras contractuales que no dejen al inversionista expuesto a riesgo político unilateral. Recordemos que es una inversión privada, por lo que la Municipalidad en este caso se está extralimitando en sus funciones al querer juzgar la calidad de la obra.
Respecto del cuarto punto, en el caso de la gestión territorial temprana, la consulta, el diálogo y los acuerdos con comunidades no pueden ser un paso posterior a la decisión de inversión: deben ser parte integral del diseño del proyecto desde su etapa de prefactibilidad.
En el caso de Xochi, esto ya fue realizado, por eso es inconcebible el abuso que se quiere hacer del proceso a días de la inauguración.
LH:¿Cómo influye este tipo de proyectos en la percepción del país y en el camino hacia el grado de inversión?
Fundesa: Guatemala se encuentra en la actualidad calificada en Ba1 por Moody’s y BB+ por S&P, a un escalón del grado de inversión. Esta posición no es solo un dato técnico: es el reflejo de la percepción que tienen los mercados internacionales sobre la capacidad del país para honrar compromisos, proteger contratos y sostener un entorno de negocios predecible.
El proyecto Xochi, en este contexto, tiene una dimensión que va más allá de su impacto vial. Lo que está en juego es la señal que Guatemala envía a los mercados internacionales sobre si el Estado es un socio confiable en proyectos de largo plazo.
Cuando un proyecto de esta naturaleza enfrenta reversiones, paralizaciones o interferencias políticas sin fundamento técnico sólido, el daño no es solo al proyecto en sí: se contrae el universo de inversionistas dispuestos a comprometer capital en Guatemala.
Para que Guatemala transite hacia el grado de inversión, el Gobierno central debe asumir un rol activo en tres frentes:
- Defender la institucionalidad contractual, haciendo valer los marcos legales vigentes frente a presiones coyunturales.
- Demostrar capacidad ejecutora, convirtiendo las leyes de infraestructura aprobadas en obras concretas con cronogramas cumplidos.
- Comunicar con claridad a calificadoras y mercados que Guatemala tiene voluntad política y capacidad técnica para ser un destino predecible de inversión de largo plazo.
LH: ¿Es viable que el sector privado lidere o se le permita el desarrollo de infraestructura estratégica?
Fundesa: El Estado guatemalteco enfrenta limitaciones estructurales conocidas —baja carga tributaria (en torno al 14% del PIB), burocracia que ralentiza la ejecución y vulnerabilidad a los ciclos electorales— que hacen inviable que sea el único actor en proyectos de esta complejidad.
El sector privado puede y debe asumir un rol protagónico en el desarrollo de infraestructura estratégica, pero bajo condiciones claras:
El Estado debe ser un habilitador, no un obstáculo. Esto implica reglamentos operativos listos, ventanillas únicas funcionales y procesos de licenciamiento con plazos cumplibles.
Las alianzas público-privadas deben tener arquitectura legal robusta.
Guatemala avanzó con el marco de APP, pero su aplicación ha sido lenta. Proyectos como Xochi pueden ser una alternativa para demostrar que ese modelo funciona cuando hay voluntad institucional.
El sector privado no puede sustituir al Estado en su rol regulador y garante del interés público. La participación privada en infraestructura requiere supervisión técnica independiente, rendición de cuentas y mecanismos de control ciudadano.
La experiencia internacional —incluyendo modelos en Colombia, Chile y Perú— demuestra que los países que logran atraer inversión privada sostenida en infraestructura son aquellos que han construido marcos institucionales confiables, no simplemente los que tienen más recursos fiscales.
LH: ¿Por qué es clave la coordinación con comunidades y gobiernos locales en este tipo de proyectos?
Fundesa: La coordinación con comunidades y gobiernos locales no es un requisito formal ni una concesión política: es una condición de sostenibilidad y de reducción de riesgo para el proyecto mismo.
Los conflictos sociales derivados de una gestión territorial deficiente son, en muchos países de la región, la principal causa de retraso, sobrecosto y cancelación de proyectos de infraestructura. Guatemala no es la excepción.
Además de agotar el diálogo, en temas de política pública, el caso evidencia la necesidad de alinear a las municipalidades dentro de la lógica de proyectos estratégicos nacionales, sin debilitar su autonomía, pero estableciendo con mayor claridad los límites de intervención cuando existen contratos de inversión de largo plazo ya formalizados.
LH: ¿Los elementos de seguridad inconclusos justifican detener el proyecto?
Fundesa: No. La detención carece de fundamento legal suficiente. El principio de legalidad en el derecho administrativo guatemalteco exige que toda actuación de una autoridad esté fundada en norma expresa (art. 154 de la Constitución).
La Municipalidad no puede suspender una licencia aduciendo «elementos de seguridad inconclusos» sin señalar qué norma específica fue incumplida y en qué plazo debió subsanarse.
El procedimiento de suspensión también violó el debido proceso (art. 12 constitucional): personal municipal llegó en la madrugada del 4 de junio a colocar cinta amarilla, notificando a la empresa horas después de ejecutada la medida y sin aviso previo. Ninguna sanción puede ejecutarse sin notificación previa y oportunidad de audiencia.
LH: ¿Es válido exigir una declaración jurada para cubrir riesgos?
Fundesa: No es un requisito estándar y en este contexto es jurídicamente cuestionable.
En la práctica internacional, este tipo de declaraciones las emite un ingeniero o arquitecto colegiado bajo responsabilidad profesional, al inicio del proyecto y sobre el cumplimiento del diseño aprobado — no la empresa en abstracto, al final, asumiendo responsabilidad sobre riesgos futuros e inciertos.
En el derecho guatemalteco, el mecanismo de control son las inspecciones técnicas durante la obra, no declaraciones unilaterales. Exigir esto al momento de una renovación de licencia no está tipificado en ninguna norma de construcción municipal conocida y crea obligaciones sin objeto determinado, contrarias al art. 1301 del Código Civil.
Más grave aún: que esta exigencia se plantee simultáneamente con un «reajuste en el pago de la licencia» y «beneficios a los usuarios».
Guatemala está a un escalón del grado de inversión por lo que se resuelva en torno a Xochi no lo decidirán solo las partes en conflicto: lo decidirá la solidez de sus instituciones. Eso, a diferencia de una carretera, no tiene fecha de inauguración.
