La propuesta del presidente Bernardo Arévalo para mantener en Q39 el precio del galón de diésel abre nuevamente la discusión sobre el mecanismo que utilizaría el Estado para trasladar el apoyo al consumidor, en caso de que el Congreso de la República apruebe la iniciativa.
Durante la presentación de los escenarios que podrían utilizarse para operativizar el beneficio, el superintendente de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, explicó en el Congreso este lunes que la institución ha trabajado sobre tres alternativas de liquidación que ya han sido planteadas en distintas iniciativas de ley.
Todo esto, en medio de la indecisión a lo interno del Organismo Legislativo, respecto de optar por alguna de las propuestas que tienen como objetivo mitigar los efectos de las alzas internacionales.
Según Ovalle, en los tres casos el flujo físico del combustible sería el mismo: importación y almacenamiento, despacho desde las terminales hacia las estaciones, venta al detalle y, finalmente, la aplicación del alivio al consumidor en la bomba.
Lo que cambia, refirió, es quién liquida el apoyo frente al Estado y, por lo tanto, la complejidad administrativa de cada mecanismo.
La propuesta de Arévalo contempla que el apoyo permita contener el impacto del incremento internacional del precio del diésel y evitar que este se traslade directamente a consumidores y sectores que utilizan ese combustible para transportar personas y productos. El mandatario indicó que, de aprobarse, la medida estaría vigente hasta finales de 2026.
LA OPCIÓN MÁS RÁPIDA: LIQUIDAR CON LOS IMPORTADORES
La primera alternativa presentada por la SAT consiste en mantener la liquidación con los importadores de combustibles, un escenario similar al que se utilizó cuando estuvo vigente el subsidio a las gasolinas regular y superior.
En este escenario, el consumidor recibiría el beneficio directamente en el precio que paga en la estación de servicio, pero la liquidación del apoyo se realizaría con los importadores.
Ovalle explicó que esta modalidad tendría como universo de liquidación a cinco importadores específicos, por lo que el proceso podría realizarse de manera semanal o quincenal.
Para la SAT, esta sería la alternativa con menor complejidad administrativa, debido a que los cambios que tendría que realizar en sus plataformas informáticas podrían desarrollarse en aproximadamente dos días.
“El apoyo se aplica en bomba, pero se liquida con los importadores”, explicó Ovalle al detallar el primer escenario.
Bajo esta opción, la cantidad reducida de actores con los que tendría que realizarse la liquidación permitiría simplificar el proceso y acelerar la puesta en marcha del mecanismo, siempre que el Congreso apruebe el marco legal correspondiente y se definan las condiciones del apoyo.
LIQUIDAR A GASOLINERAS ES MAYOR EL RETO
La segunda alternativa trasladaría la liquidación directamente a las estaciones de servicio.
El consumidor también recibiría el beneficio en el precio final del combustible, pero el Estado tendría que realizar la liquidación con cada establecimiento que participe en el mecanismo.
Aquí aparece uno de los principales retos señalados por la SAT: el universo pasaría de cinco importadores a 2 mil 177 estaciones de servicio a nivel nacional.
La liquidación tendría que realizarse por estación y el desarrollo de los cambios informáticos requeridos por la administración tributaria tomaría aproximadamente una semana.
Sin embargo, Ovalle advirtió que el principal desafío no estaría únicamente en modificar los sistemas de la SAT, sino en la cantidad de transacciones y documentos que tendrían que procesarse.
La información generada mediante la Factura Electrónica en Línea (FEL) tendría que complementarse con la reportería y los formatos que utilice la institución encargada de efectuar la liquidación. Por esa razón, la SAT califica esta alternativa con un nivel de complejidad alto.
En otras palabras, aunque técnicamente podría implementarse, el número de actores involucrados aumentaría considerablemente la carga operativa y de control.
FONDO DE COMPENSACIÓN, ES UNA OPCIÓN ESTRUCTURAL
La tercera alternativa planteada corresponde a un fondo de compensación de combustibles, mecanismo que tendría una lógica distinta a las dos opciones anteriores.
De acuerdo con la explicación de Ovalle, este fondo operaría mediante un componente variable de estabilización que permitiría acumular recursos y compensar las variaciones de precios. La compensación se trasladaría al precio que paga el consumidor y la liquidación se realizaría con los sujetos vinculados al impuesto sobre los productos derivados del petróleo.
A diferencia de las primeras dos alternativas, esta opción requeriría un desarrollo institucional considerablemente mayor.
La SAT estima que necesitaría alrededor de seis semanas para desarrollar los cambios necesarios. Además, sería indispensable contar con un reglamento y establecer una coordinación entre distintas instituciones, lo que agregaría tiempo al proceso.
Por ello, aunque también es considerada de alta complejidad, Ovalle señaló que institucionalmente se observa como una solución estructural, aunque no como una alternativa que pueda aplicarse de manera inmediata.
SAT SOLO PROVEERÍA INFORMACIÓN DE LAS FACTURAS
Un punto que la SAT busca dejar claro es que su participación estaría relacionada principalmente con la información que genera la facturación electrónica.
Ovalle explicó que el flujo del combustible es común para las tres alternativas y que la diferencia fundamental está en el actor que realizaría la liquidación del apoyo frente al Estado.
“El rol de la administración tributaria es proveer la información que se genere a través de la factura electrónica”, señaló el superintendente.
Esto significa que la definición sobre cuál de los tres mecanismos será utilizado corresponde al proceso legislativo y a las decisiones que se adopten para poner en marcha el apoyo, mientras que la SAT debe preparar sus sistemas para proporcionar y procesar la información necesaria.
La propuesta del Ejecutivo llega en un momento en que el precio de los combustibles continúa bajo presión y después de que el anterior apoyo temporal concluyera a inicios de julio. El subsidio que estuvo vigente entre mayo y julio establecía un beneficio de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas.
¿CUÁL SERÍA LA OPCIÓN MÁS VIABLE?
Con los parámetros expuestos, de acuerdo con la SAT, la liquidación con importadores sería la alternativa con mayor facilidad para una implementación rápida, debido a que involucra únicamente a cinco actores y requeriría unos dos días de desarrollo informático.
La liquidación con estaciones de servicio también podría implementarse, pero supone una operación mucho más compleja al involucrar a 2 mil 177 establecimientos y una mayor cantidad de transacciones y documentos que deben ser procesados.
Mientras que el fondo de compensación aparece como la alternativa de mayor alcance estructural. Su principal desventaja para una emergencia inmediata es el tiempo requerido: unas seis semanas de desarrollo para la SAT, además de la elaboración de reglamentos y la coordinación interinstitucional.
Así, si la prioridad es aplicar el apoyo con rapidez, el primer escenario es el que presenta menores dificultades administrativas; si se busca un mecanismo permanente para enfrentar futuras variaciones de precios, el fondo de compensación sería la alternativa de mayor alcance, aunque no inmediata.
La decisión final dependerá ahora del contenido de la iniciativa que presente el Ejecutivo y de la discusión que sostenga el Congreso, donde deberá definirse tanto el monto y alcance del apoyo como el mecanismo mediante el cual se trasladará al consumidor. El propio Arévalo ha señalado que, de aprobarse la medida actual, esta funcionaría hasta finales de 2026, mientras que para el próximo año se contempla la posibilidad de un fondo con mayor permanencia.
