El cambio implementado en la herramienta de búsqueda de proveedores de Guatecompras por parte del Ministerio de Finanzas, sigue generando cuestionamientos, porque para la mayoría no solo modificó la manera en que los usuarios consultan a una persona o empresa.
La decisión abrió una discusión sobre qué tan fácil será, a partir de ahora, utilizar la plataforma para fiscalizar las compras públicas, identificar patrones entre proveedores y analizar el nivel de competencia por los contratos del Estado.
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha explicado y lo reiteró el martes recién pasado que la modificación busca optimizar el funcionamiento del sistema y concentrar la herramienta “Buscar un proveedor” en información vinculada de manera directa con contrataciones públicas.
Según la Dirección de Análisis y Evaluación Económica (DIGAE), no se eliminó información, lo que cambió fue la puerta de entrada. A criterio del Minfin el objetivo tiene un doble propósito: proteger la seguridad del sistema y de los datos personales, sin cerrar la ventana a la fiscalización ciudadana y reitera que los datos relacionados con los procesos de adquisición continúan disponibles.
A pesar de lo anterior, expertos consultados por La Hora, el debate ahora va más allá de establecer si la información continúa publicada.
La pregunta es qué ocurre cuando cambia la ruta para llegar a esos datos y si esa modificación mantiene la misma capacidad para realizar auditoría social, conocer a los actores que participan en las compras públicas y detectar posibles patrones.
LA INFORMACIÓN SIGUE, PERO LA RUTA CAMBIÓ
Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), considera que la explicación del Minfin apunta principalmente a hacer más eficiente la búsqueda, debido a que anteriormente el sistema podía mostrar información de personas que no necesariamente tenían relación con procesos de adquisición pública.
Según explicó, el buscador anterior utilizaba información vinculada con el Registro Tributario Unificado (RTU), por lo que una consulta por nombre podía devolver una gran cantidad de resultados que no necesariamente tenían relación con compras del Estado.
“Más que de eficiencia tecnológica es que como estaba antes de la restricción, se hacía una búsqueda con nombre y apellido”, explicó Barrientos, quien señaló que podían aparecer personas simplemente por tener un nombre o apellido coincidente con la búsqueda.
El especialista indicó que el punto que todavía debe determinarse es si el nuevo mecanismo representa una limitación efectiva para las investigaciones relacionadas con compras públicas.
Barrientos subrayó que, si una persona no aparece actualmente en el buscador, bajo la lógica explicada por las autoridades, eso significaría que no tiene una operación de adquisición pública vinculada. En cambio, si tiene una relación con una contratación, debería aparecer en el universo correspondiente.
Por ello, consideró prematuro afirmar que existe una afectación grave a la fiscalización.
“Yo creo que ese extremo está por verse, no se puede asegurar a priori que hay una limitación grave”, señaló.
Guatecompras cambia por alertas de seguridad: la información sigue pública, asegura MINFIN
EL RETO ESTÁ EN LO QUE TODAVÍA NO SE SABE
El planteamiento de Barrientos introduce uno de los principales puntos de la discusión: una investigación no siempre comienza con el nombre de una contratación o con un proveedor que ya se conoce.
En algunos casos, la búsqueda puede comenzar precisamente con una persona, una empresa o un vínculo que posteriormente conduce hacia una contratación pública. Bajo el nuevo esquema, la pregunta es si esa posibilidad de exploración se mantiene con la misma facilidad.
Para Barrientos, esa respuesta debe buscarse a partir de casos concretos y no únicamente desde una valoración general del cambio.
El especialista agregó que sería necesario determinar si existen investigaciones relacionadas con adquisiciones públicas que requieran información de personas que nunca han estado vinculadas directamente con un proceso de contratación.
La diferencia es relevante: no se trata solamente de saber si un documento sigue alojado en Guatecompras, sino de establecer qué tan sencillo resulta encontrarlo cuando el usuario todavía no conoce exactamente qué debe buscar.
OFERENTES QUE NO GANAN TAMBIÉN CUENTAN
Otro elemento que entra en juego es la posibilidad de analizar no solo a las empresas que resultan adjudicatarias, sino también a quienes participaron en una contratación y no obtuvieron el contrato.
Barrientos consideró que esta información es fundamental para la transparencia y sostuvo que continúa disponible dentro de la documentación correspondiente a cada proceso.
“Bueno, es muy importante, eso es muy importante, y esa información sigue estando en Guatecompras, en la documentación de cada uno de los procesos”, afirmó.
Esto resulta relevante para el análisis de la competencia, pues conocer únicamente quién ganó una contratación ofrece una fotografía parcial del proceso. Identificar quiénes participaron, quiénes quedaron fuera y con qué frecuencia determinadas empresas aparecen en distintos concursos permite construir una visión más amplia del mercado de proveedores del Estado.
El propio ministerio ha señalado que Guatecompras concentra información pública de los procesos de adquisición y dispone de diferentes mecanismos de consulta y reportería.
Finanzas explica ajustes en portal Guatecompras respecto a representantes legales
PRADO: ES UN “REORDENAMIENTO”
Pedro Prado, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), participó de manera reciente en una reunión del Comité de Usuarios de Datos Abiertos del Ministerio de Finanzas, donde el tema fue discutido.
Prado explicó que una de las principales preocupaciones planteadas por periodistas e investigadores sociales es que ya no resulta posible hacer la búsqueda de proveedor exactamente como se hacía anteriormente.
“Yo creo que aquí el tema es un poco de, o bastante, de reordenamiento de los accesos a la información”, señaló.
Según Prado, las autoridades explicaron que el universo de la búsqueda se redujo para concentrarlo en quienes ya celebraron un contrato con el Estado o a quienes se les adjudicó uno. Para quienes participaron en un proceso pero no fueron adjudicados, indicó que existiría otra ruta para acceder a esa información.
El economista consideró que será necesario observar cómo funciona el nuevo esquema en la práctica.
“Esperemos que así sea. Veamos qué sucede con la práctica y ahora con los nuevos cambios”, afirmó.
¿QUÉ PASA CON LA AUDITORÍA SOCIAL?
Para Prado, uno de los ámbitos donde podría observarse con mayor claridad el impacto de la modificación es la auditoría social.
El economista recordó que existen investigaciones que han sido posibles gracias al acceso a la información de Guatecompras y que, en ese sentido, debe comprobarse que el cambio de ruta no reduzca la capacidad de identificar posibles irregularidades.
“Un indicador sería ver qué número de hallazgos de parte de la auditoría, de los auditores sociales, de la investigación social, si se han podido mantener”, explicó.
Su planteamiento lleva la discusión a un punto concreto: el éxito del nuevo sistema no debería medirse únicamente por si las búsquedas son más rápidas o si disminuye la carga tecnológica del portal, sino también por qué tan útil continúa siendo la plataforma para encontrar información que permita detectar patrones.
De esa forma, una plataforma puede mejorar su rendimiento técnico y, al mismo tiempo, tendría que demostrar que mantiene las capacidades que la han convertido en una herramienta de fiscalización ciudadana.
LA COMPETENCIA TAMBIÉN ENTRA EN EL DEBATE
El cambio también puede analizarse desde otra perspectiva: la competencia por los contratos públicos.
Guatecompras no solo permite conocer qué empresa recibió una adjudicación. La información disponible puede utilizarse para observar cuántos proveedores participan en determinados sectores, qué empresas aparecen de manera recurrente y cómo se comporta el mercado en áreas donde el Estado realiza compras importantes.
Prado considera que, para las empresas interesadas en vender al Estado, el cambio no necesariamente representa un obstáculo, debido a que los proveedores que ya han sido contratistas seguirían siendo identificables y quienes participaron sin resultar adjudicados podrían consultarse mediante otra vía.
“Para las empresas que van a ofertar no le veo ningún inconveniente”, afirmó.
No obstante, el economista considera que el mayor impacto debe observarse desde la perspectiva de quienes realizan auditoría social y utilizan los datos para analizar posibles escenarios de corrupción.
Esto abre una pregunta distinta: ¿qué tan fácil será conocer el mercado de proveedores si ya no se puede comenzar una exploración desde cualquier nombre o NIT?
MEDIR EL CAMBIO ES LA TAREA
Prado propone que el efecto del cambio debería medirse con datos concretos y no únicamente con la percepción de los usuarios.
A su criterio, una evaluación seis meses después podría revisar, por ejemplo, el número de oferentes que participan en sectores relevantes como construcción y salud pública y compararlo con años anteriores.
“Eso pediría el número de oferentes para compararlo con otros años”, explicó.
También consideró importante dar seguimiento a las empresas y a la calidad de los servicios incluidos en los contratos correspondientes.
Este tipo de medición permitiría establecer si el nuevo modelo únicamente modificó la ruta para acceder a información que sigue disponible o si, en la práctica, redujo la capacidad de los usuarios para construir análisis más amplios sobre las compras públicas.
EL EQUILIBRIO ENTRE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
El Minfin ha defendido la modificación bajo el argumento de mejorar el funcionamiento de Guatecompras y evitar que consultas que no están relacionadas con adquisiciones públicas afecten el desempeño de la plataforma.
“Estamos hablando que la tecnología debe tener aquí un papel relevante”, sostuvo.
El punto de fondo, entonces, no necesariamente consiste en escoger entre una plataforma rápida o una plataforma transparente. El desafío está en que ambas características puedan coexistir.
Guatecompras cuenta además con módulos específicos de búsquedas, proveedores, compradores, datos abiertos e inconformidades, por lo que su utilidad para el usuario no depende exclusivamente de una sola herramienta.
Guatecompras ya solo mostrará a los contratistas; antes todo NIT estaba accesible
UNA PRUEBA QUE TODAVÍA ESTÁ PENDIENTE
Para Barrientos, la discusión sobre una posible afectación a la fiscalización todavía requiere evidencia concreta.
El especialista insiste en que la información directamente relacionada con los procedimientos de adquisición pública continúa disponible y que habría que identificar casos específicos en los que una investigación haya quedado limitada por el nuevo buscador.
“Esto ya es más una situación casuística”, resumió.
Prado, mientras tanto, plantea que el cambio podrá evaluarse observando si los auditores sociales y otros usuarios mantienen su capacidad de generar hallazgos y analizar a los actores que participan en las compras públicas.
Así, la discusión sobre Guatecompras deja de ser únicamente una cuestión sobre qué información aparece en una búsqueda y pasa a otra pregunta: qué tan fácil es descubrir información, cruzarla y utilizarla para entender cómo se mueve el dinero público.
La información de las contrataciones puede permanecer publicada, como sostiene el Minfin.
Pero el verdadero impacto de la modificación se conocerá conforme periodistas, investigadores, empresas y auditores sociales utilicen el nuevo esquema y se pueda comprobar si el cambio representa únicamente una nueva ruta de acceso o si modifica la capacidad de fiscalizar y analizar el mercado de proveedores del Estado.
