Guatemala busca cambiar la lógica con la que funcionan sus aduanas. La apuesta de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es avanzar hacia un sistema que utilice más información, tecnología e interoperabilidad para identificar riesgos y, al mismo tiempo, reducir controles innecesarios para las empresas que demuestran cumplimiento.
La idea fue planteada durante el VIII Congreso Internacional del Operador Económico Autorizado (OEA), donde autoridades, empresarios, organismos internacionales y expertos analizan los retos que enfrenta el comercio exterior ante cadenas logísticas cada vez más complejas y digitalizadas.
El planteamiento parte de un punto clave: no todas las operaciones representan el mismo nivel de riesgo y, por lo tanto, no todas deberían enfrentar los mismos controles.
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Durante la inauguración del Congreso, el superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle, señaló que Guatemala no puede enfrentar las nuevas dinámicas del comercio internacional utilizando las mismas herramientas del pasado.
El crecimiento de las cadenas logísticas, la transformación digital y las nuevas modalidades utilizadas por el crimen organizado obligan, según el funcionario, a fortalecer las capacidades para analizar información y anticiparse a posibles amenazas.
En ese modelo, la tecnología no tendría como único objetivo digitalizar trámites. Su función sería permitir que la administración aduanera tome mejores decisiones sobre dónde concentrar sus controles.
“Facilitar y controlar no son objetivos contradictorios”, afirmó Ovalle. La lógica que plantea la SAT es facilitar más a quienes cumplen y concentrar los recursos de fiscalización en operaciones donde la información disponible permita identificar un posible riesgo de incumplimiento, contrabando o defraudación.
La transformación forma parte del Plan Estratégico Institucional 2026-2030 y contempla cuatro prioridades para el ámbito aduanero:
- Inteligencia y gestión de riesgo.
- Digitalización e interoperabilidad.
- Coordinación institucional.
- Facilitación del cumplimiento voluntario.
El PAPEL DEL OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO
Dentro de esta estrategia, uno de los principales instrumentos es el programa de Operador Económico Autorizado (OEA)
Las empresas que cumplen determinados estándares de seguridad y confiabilidad pueden obtener beneficios de facilitación, pero a cambio deben demostrar que cuentan con procesos adecuados para proteger sus cadenas logísticas y cumplir con sus obligaciones.
Guatemala cuenta actualmente con 135 empresas habilitadas como Operadores Económicos Autorizados, la cifra más alta de Centroamérica. Panamá registra 51, Costa Rica 36, El Salvador 31 y Honduras seis, de acuerdo con los datos presentados durante el Congreso.
Para la SAT, sin embargo, el objetivo ya no es únicamente aumentar el número de empresas OEA, sino hacer que esa certificación tenga mayor utilidad para quienes ya pasaron por el proceso de verificación.
El intendente de Aduanas, Edwin Orlando Curtidor, explicó que la administración analiza nuevos beneficios para los operadores y la posibilidad de incorporar a más empresas al esquema.
UN MODELO QUE VA MÁS ALLÁ
Uno de los planteamientos que estudia la SAT es avanzar hacia un modelo denominado OEA País, en el que el reconocimiento otorgado por la autoridad aduanera pueda ser considerado también por otras instituciones públicas.
El objetivo sería evitar que una empresa que ya demostró sus condiciones de cumplimiento ante la SAT tenga que repetir procesos similares ante otras entidades que participan en las operaciones de comercio exterior.
En la práctica, esto podría convertir al OEA en algo más que una certificación aduanera: un reconocimiento de confianza que facilite la relación de las empresas con distintas instituciones del Estado.
Curtidor también mencionó la posibilidad de que los depósitos aduaneros que participan en el programa otorguen facilidades adicionales a importadores y exportadores OEA.
“Sobre lo que viene es ver qué otros cambios podemos hacer, poder obtener más información y poder llegar a dar un salto en el operador económico autorizado para otros beneficios más que podamos identificar”, señaló.
EL DESAFIO: CONECTAR AL ESSTADO
Para que ese modelo funcione, la SAT reconoce que no basta con modernizar sus propias plataformas.
La siguiente frontera es la interoperabilidad entre las instituciones que intervienen en el comercio exterior.
Ovalle señaló que esta debe ser tecnológica, pero también institucional. Eso significa compartir información, coordinar capacidades y construir respuestas conjuntas frente a los riesgos que afectan las cadenas logísticas.
El Congreso aborda precisamente algunos de estos desafíos, entre ellos ciberseguridad, resiliencia digital, combate al crimen organizado, interoperabilidad, gestión coordinada de fronteras y cumplimiento tributario.
La lógica es que mientras más información confiable tenga el Estado, mayor capacidad tendrá para diferenciar entre una operación de bajo riesgo y otra que requiere una revisión más profunda.
EL OBJETIVO ES FORTALECER LA CADENA DE SUMINISTRO
En el marco del Congreso, la SAT y la Red de Auditoría de Cumplimiento de Proveedores (SCAN) suscribieron un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y el cumplimiento en las operaciones de comercio internacional.
El acuerdo contempla cooperación en gestión de riesgos tributarios y aduaneros, intercambio de mejores prácticas y herramientas tecnológicas, así como el fortalecimiento de capacidades para procesos de validación virtual y auditorías remotas.
La cooperación también contempla aprovechar la experiencia de SCAN con tecnología inmersiva de British Standards Institution (BSI).
Estos mecanismos apuntan a una transformación que va más allá de sustituir documentos físicos por plataformas digitales. El reto es que la información disponible permita predecir dónde puede existir un riesgo y utilizar los recursos de control de manera más eficiente.
GUATEMALA, SU UBICACIÓN ES UNA VENTAJA
Para Ovalle, la ubicación geográfica de Guatemala ofrece una oportunidad para convertir al país en una plataforma regional de comercio.
Pero esa posición, advirtió, no es suficiente por sí misma.
Para transformar ubicación en competitividad se necesitan seguridad, certeza jurídica, tecnología, instituciones eficientes y procesos ágiles.
Ese es precisamente el desafío que enfrenta la modernización aduanera. La apuesta de la SAT no consiste solamente en controlar mejor las mercancías, sino en hacer una distinción más precisa entre quienes representan un riesgo y quienes han demostrado que cumplen.
Si el modelo avanza hacia una mayor interoperabilidad, más empresas OEA y nuevos beneficios para los operadores confiables, el cambio podría sentirse no solo dentro de las aduanas, sino también en los tiempos y costos que enfrentan las empresas para mover mercancías.
El reto será convertir esa visión en un sistema capaz de utilizar la información disponible para facilitar el comercio sin abrir espacios al contrabando, la defraudación o las nuevas formas de crimen organizado.
La meta, en última instancia, es que una aduana más tecnológica no signifique más controles para todos, sino controles más inteligentes donde realmente sean necesarios.
La SAT sostiene que el desafío hacia adelante será ampliar la cantidad de empresas participantes, profundizar la interoperabilidad con otras instituciones y encontrar nuevos mecanismos de facilitación, sin dejar de fortalecer las herramientas de control y gestión de riesgos.
