Llevar energía a las comunidades más aisladas del país exige una inversión histórica de USD 1 mil 113 millones ante una geografía hostil y la baja densidad poblacional. Con fondos que aún dependen de la deuda externa, el Gobierno se ve obligado a abandonar las redes tradicionales y apostar por paneles solares para cerrar la brecha hacia 2032.
Las autoridades reconocen que el país entró en la etapa conocida como la “última milla” de la electrificación rural; sin embargo, el momento para cerrar esa brecha implica mayores inversiones para conectar a menos personas.
Mientras a inicios de los años 2000 electrificar a un usuario podía costar alrededor de USD 750, actualmente el costo puede elevarse hasta los USD 3 mil por cada hogar debido a las distancias, la geografía montañosa y la baja densidad poblacional de las comunidades que aún permanecen sin servicio.
“Entre más corta se va haciendo la brecha, más difícil es llegar”, explicó Gabriel Velásquez, director de la Unidad de Planeación Energético Minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Ese escenario llevó al Gobierno a replantear parte de su estrategia energética rural y apostar con mayor fuerza por sistemas descentralizados, especialmente paneles solares, microrredes y pequeños proyectos hidroeléctricos comunitarios.
La nueva estrategia nacional de electrificación rural, presentada el miércoles 27 de mayo por el MEM y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), busca llevar energía a 391 mil 106 hogares hacia 2032.
En la actualidad, la cobertura eléctrica nacional es de 91.74%, porcentaje que aun deja fuera a cientos de miles de familias rurales, principalmente en regiones históricamente rezagadas como Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché, Izabal y Huehuetenango.
ALTA VERAPAZ, EL MÁS REZAGADO
Alta Verapaz concentra la situación más crítica del país. El departamento registra apenas 62.88% de cobertura eléctrica, equivalente a más de 102 mil hogares pendientes de electrificación.
Según las autoridades, algunos municipios todavía presentan coberturas de apenas entre 25% y 30%, reflejando una exclusión histórica que impacta desde la iluminación básica hasta el acceso a refrigeración, conectividad y actividades productivas.
Después de Alta Verapaz, los mayores rezagos se encuentran en Baja Verapaz (82.79%), Petén (82.97%), Quiché (84.91%), Izabal (84.92%) y Huehuetenango (86.30%).
Para el MEM, la electrificación rural ya no puede medirse únicamente en kilómetros de líneas instaladas. El desafío ahora es territorial, económico y social.
GIRO HACIA MICRORREDES Y ENERGÍA COMUNITARIA
La dificultad para expandir redes tradicionales está empujando al Gobierno hacia modelos energéticos alternativos.
Entre los proyectos presentados destaca una microrred fotovoltaica instalada en Nueva Asturias, Zona Reina, Quiché, donde fueron colocados 96 paneles solares junto con sistemas de almacenamiento mediante baterías para abastecer a la comunidad.
También se expuso el caso de una microhidroeléctrica comunitaria en San Marcos, impulsada por cooperativas locales.
Según Velásquez, estos modelos permiten reducir costos y ofrecer soluciones en lugares donde instalar líneas eléctricas convencionales deja de ser económicamente viable.
El ingeniero civil y exviceministro de Energía y Minas, Jorge García Chiu, respaldó la apuesta por sistemas aislados.
“Por lo aislado de muchas comunidades no es viable económicamente pretender llegar con líneas de transmisión”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que estos proyectos requieren mantenimiento constante, capacitación técnica y esquemas financieros sostenibles.
“Los sistemas aislados requieren mucha capacitación de la población beneficiaria para su operación y mantenimiento”, señaló.
García Chiu recordó que en experiencias anteriores algunos paneles solares terminaron abandonados o vendidos debido a la falta de recursos para reparación y repuestos.
“MAMÁS SOLARES”
Uno de los proyectos que más llamó la atención durante la presentación fue el programa conocido como “mamás solares”, impulsado con apoyo internacional para capacitar a mujeres indígenas en instalación y mantenimiento de sistemas solares.
El MEM explicó que Guatemala alberga uno de los centros regionales de Barefoot College, organización especializada en formación comunitaria en energía solar.
“Muchas veces no hablan español, pero pueden reparar paneles solares y trabajar con inversores”, comentó Velásquez.
Según las autoridades, el objetivo es crear capacidades técnicas dentro de las mismas comunidades para garantizar la sostenibilidad de los sistemas aislados.
Velásquez destacó además que muchas de las mujeres capacitadas permanecen en las comunidades mientras parte importante de la población masculina migra hacia otras regiones o al extranjero.
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MAS DE USD 1 MIL 100 MILLONES
La estrategia contempla tres fases regionales de ejecución y una inversión superior a USD 1 mil 113 millones.
La primera fase prioriza 129 mil 830 hogares distribuidos en mil 348 comunidades, principalmente en las regiones Norte, Noroccidente y Petén.
Posteriormente, una segunda fase contempla 68 mil 748 hogares adicionales y una tercera prevé alcanzar otros 192 mil 528 hogares hasta 2032.
El financiamiento dependerá principalmente de préstamos internacionales, recursos del INDE y cooperación externa.
Entre los fondos ya identificados figuran USD 120 millones del Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (PIER), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cooperación japonesa, además de USD 250 millones correspondientes al Programa de Acceso a la Electrificación Rural (PAER).
También se contemplan más de USD 341 millones provenientes del INDE y otros USD 401 millones que el Gobierno espera gestionar mediante nuevos préstamos y cooperación internacional.
Las autoridades reconocieron que los obstáculos no son únicamente financieros. La dispersión poblacional, la topografía montañosa, la falta de infraestructura vial y la presencia de áreas protegidas complican la expansión de redes eléctricas.
A ello se suma la pobreza de muchas comunidades rurales.
“Muchas veces el problema no es que la gente no quiera pagar; es que no puede pagar”, expresó Velásquez.
EL PESO FINANCIERO DEL INDE
Durante la presentación también surgió el debate sobre la situación financiera del INDE y el impacto de la tarifa social subsidiada.
El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, aseguró que el INDE continúa siendo el principal brazo ejecutor de la electrificación rural, aunque reconoció que la institución enfrenta fuertes presiones financieras.
Según el funcionario, las finanzas del instituto se deterioraron durante la última década debido a la carga de subsidios eléctricos y restricciones presupuestarias.
Para García Chiu, esto limita la capacidad de expansión del instituto.“El INDE es una institución fundamental para el país”, afirmó.
Añadió que lo ideal sería que la tarifa social fuese cubierta directamente con recursos estatales y no únicamente por la institución.
“Mientras continúe con la carga de la tarifa social será difícil que cumpla con todos los objetivos que como institución pública le corresponden”, señaló.
UNA META AMBICIOSA
Aunque las autoridades sostienen que la meta de universalización es alcanzable, especialistas consideran que técnicamente será difícil llegar al 100%.
“Esperemos que para ese año cerca del 99% de guatemaltecos cuenten con energía eléctrica”, dijo García Chiu.
La estrategia también incorpora coordinación con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para ampliar simultáneamente servicios de conectividad digital.
Según Velásquez, muchas comunidades ya no solo demandan electricidad, sino también acceso a telefonía e internet. “Lo primero que ve la gente es un celular”, comentó.
El Gobierno sostiene que la electrificación rural debe convertirse en una plataforma para ampliar oportunidades de educación, salud, comunicación y desarrollo económico en las regiones históricamente más aisladas del país.
En ese marco, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, afirmó que esta estrategia “no son solo palabras” y recalcó que la actual administración ha colocado la “universalización” del acceso energético como eje central de su política de transición energética.
