La discusión del presupuesto 2027 arrancó la semana pasada con una alerta de fondo: Guatemala ya no solo enfrenta el reto de ejecutar más rápido, sino de demostrar que ese gasto se convierte en obra real.
La propuesta inicial asciende a Q181 mil 563 millones, pero el debate está marcado por dudas sobre la ejecución de 2026 y sobre el uso de recursos en instancias como los Consejos de Desarrollo (Codede), un cuestionamiento que hace pensar que la ejecución no ha estado a la altura.
Los Codedes quedan en el centro de la discusión porque ahí se cruzan varios intereses.
Para el Organismo Ejecutivo, son una vía de descentralización y de presencia territorial; sin embargo, para la estadísticas de ejecución son un mecanismo con poca capacidad técnica, alto margen de discrecionalidad y tendencia política.
La propuesta inicial que se desprende de la primera discusión del ejercicio plan-presupuesto 2027 entre el Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) representa un aumento de Q12 mil 796 millones frente al presupuesto vigente y de Q26 mil 727 millones respecto del aprobado para 2025.
El reto es que cada quetzal gastado se vea en obra terminada. Buena parte del cuestionamiento es: poca obra traducida en desarrollo, entre esta la infraestructura carretera y un cuello de botella en los Codedes.
Los Codedes recibieron montos crecientes pero ejecutan poco y muchas transferencias carecen de estudios técnicos. En el terreno hay obras inconclusas, avances mínimos y resultados poco perceptibles. Mientras tanto, los presupuestos suben, pero más dinero sin mejor gestión puede significar más cifras y menos obras.
Los consultados coinciden en que los errores de 2026 no pueden repetirse el próximo año.
Ello implica no sólo monitorear la ejecución por ministerio y otras dependencias del Ejecutivo, sino también las asignaciones a Codedes y destrabar otros obstáculos en el camino.
LO POSITIVO: SE ROMPIÓ LA INERCIA
A junio 2025 el Estado ejecutó 40.6% del presupuesto, Q62 mil 803 millones. Los datos superan a FCN-Nación en 2017 con 39.6% y a VAMOS en 2021 con 38.5%.
A cierre 2025 llegó a 90.57%, Q137 mil 067 millones devengados. “Este Gobierno ha alcanzado niveles de ejecución superiores a administraciones anteriores”, reconoce Ricardo Barrientos, Director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Icefi confirma: al 15 de junio 2026 el promedio era 39%, “coherente con los promedios de los últimos años. No es malo, está en lo usual”.
Hay ministerios que van bien: Salud 49.43%, Educación 48.84% a mitad de año, y Defensa con ejecución alta. El mensaje del Ejecutivo es claro: hay voluntad política de mover el dinero hacia salud, educación, seguridad e infraestructura.
Datos del Ministerio de Finanzas indican que, durante el período de enero a abril de 2026, la ejecución de los egresos devengados registró un aumento de Q3 mil 560.16 millones, lo que representa un crecimiento del 8.67% en comparación con el mismo período de 2025.
Hasta abril de 2026, dentro de las entidades que reflejan un mayor porcentaje de ejecución, se encuentran Ministerio de la Defensa Nacional con una ejecución de Q2 mil 026.21 millones, que representa un 34.54%; el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con una ejecución de Q675.09 millones, cantidad que equivale al 31.99% y el Ministerio de Educación con una ejecución de Q8 mil 256.65 millones, cantidad que equivale al 31.05%.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, avanzó con el 26.46% de ejecución, reflejando, junto a educación, que algunas de las prioridades del Ejecutivo avanzan según lo proyectado.
EL RETO 2026: DE LA VELOCIDAD A LA OBRA
Ahí se detiene el aplauso. “Más rápido no significa mejor”, advirte Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
El presupuesto 2025 fue de Q154 mil 836 millones, el segundo más alto desde 2004. Pero la inversión física solo ejecutó 78.18%, 8 puntos abajo del promedio histórico de 86.55%.
¿Por qué? El gasto se fue a funcionamiento, deuda y transferencias. Las transferencias a Codedes subieron 127.9%, Q4 mil 282 millones más.
Financiar gasto corriente con deuda pasó de 3.7% en 2024 a 12.2% en 2025. Resultado: la inversión en la actualidad es 23.4% del presupuesto, 14 puntos menos que el 37% de 2004-2007.
Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), el “gran reto del presupuesto 2026 es transformar los recursos en obras”. Para eso identifica 3 cuellos de botella:
Gestión de proyectos: Se necesita una cartera “lista para licitar” con estudios de preinversión completos, para que el gasto no se acumule en diciembre.
Capacidad en CODEDE: El presupuesto apuesta fuerte a la descentralización. Si los Consejos no tienen capacidad técnica para contratar y supervisar, “solo se traslada el cuello de botella”.
Calidad, no solo velocidad: Ejecutar rápido sin controles no cierra brechas, las multiplica.
El Icefi pone el dedo en la llaga: el peor rezago está en infraestructura vial. El Ministerio de Comunicaciones va debajo del 25% de ejecución. Con respecto a los Codede solo han ejecutado el 12% de Q1 mil 400 millones asignados a junio 2026.
CONSEJOS DEPARTAMENTALES EN LA MIRA
Sobre las asignaciones a los Consejos de Desarrollo, Jorge Lavarreda señala que no cuentan con un adecuado fundamento técnico y que son particularmente llamativas las asignaciones «extraordinarias».
Los consejos recibieron su primera asignación de Q4 mil 985 millones para el ejercicio fiscal 2027, aprobada durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural . Los recursos se destinarían a proyectos de infraestructura pública, como carreteras, escuelas y saneamiento.
“Al igual que con el resto de las obras de inversión se deben asignar recursos únicamente a aquellas obras que previamente cuenten con un sólido sustento técnico que garantice una rentabilidad social positiva para el país”, agregó el analista.
Ricardo Barrientos, coincide en que el punto más crítico del presupuesto está en los Consejos de Desarrollo.
Desde 2024 y hasta 2026, el Congreso ha aprobado “incrementos inmensos, descomunales y desproporcionados” en los aportes extraordinarios a los Codede, pero sin un respaldo técnico. Ello generaría dos anomalías graves.
La primera anomalía, explicó, es que la distribución geográfica de esos recursos responden a criterios políticos, no técnicos. “Los alcaldes que se suman a cierta alianza política reciben más. A los que no están en esa alianza, les dan menos”.
La segunda anomalía es legal. El Congreso modificó la Ley Orgánica del Presupuesto para permitir el traslado de saldos no ejecutados de un año al siguiente.
Eso está prohibido en el artículo 38 de la ley, precisamente para evitar el “jineteo” de fondos. Al abrir esa puerta, dice Barrientos, se crearon disposiciones que chocan frontalmente con los controles fiscales vigentes.
El efecto es un incentivo perverso: retrasar la ejecución de los proyectos a propósito para acumular dinero.
“Lo que vemos con mayor preocupación es la intención de postergar la ejecución para juntar la mayor cantidad de fondos en 2027, que es año electoral”. Para ICEFI, esto representa un riesgo grave.
Tanto diputados distritales como alcaldes podrían estar dilatando la obra de forma intencional, amparados en excepciones aprobadas por el Congreso. El peligro, concluye, es que se acumule un fondo voluminoso de los años 2024, 2025 y 2026 que quede altamente vulnerable a ser malversado con fines de campaña.
CORREGIR A TIEMPO
El cierre de 2026 trae oportunidad. El presupuesto aprobado de Q163 mil 783 millones ya tuvo ampliación de Q9 mil 326 millones. La ley obliga a publicar planes de proyectos prioritarios antes del 31 de marzo 2026.
Las soluciones están sobre la mesa. Los expertos recomiendan abrir datos, que permitan la trazabilidad electrónica de contrataciones, incluso compras de baja cuantía, para reducir discrecionalidad.
Monitorear con semáforos que activen tableros por proyecto en Codedes con hitos y responsables. El Fondo Monetario Internacional ya lo pidió en agenda.
Finalmente, blindar integridad a través de más control contra corrupción y lavado en obra pública para atraer inversión privada.
El Cien añadió priorizar obras con factibilidad técnica y jurídica ya resuelta en lo que resta de 2026.
Guillermo Díaz, analista de la Universidad Rafael Landívar (URL) sugiere que destraben con leyes especiales proyectos prioritarios para el país.
DESAFÍO 2027: MÁS INVERSIÓN, MENOS DEUDA
Para 2027, Fundesa propone “consolidación fiscal favorable a la inversión”: reducir déficit con reformas tributarias, pero manteniendo la inversión pública alta.
Guatemala debe subir de 1.6% del PIB actual a 4% en inversión pública en dos años. No debe perder de vista obras estratégicas con consenso: Puente Belice II y Anillo Metropolitano C-50.
La alerta de Icefi por su parte es fiscal: para 2027 el techo es Q181 mil millones, pero los ingresos corrientes llegan a Q140 mil millones. La diferencia, Q33 mil 600 millones, saldría de endeudamiento con banca privada nacional e internacional, el monto más alto de la historia.
«Lo prudente sería que la mayor parte de la financiación del Presupuesto 2027 provenga de la recaudación», opinó Díaz.
Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal en el Ministerio de Finanzas, señaló que la transparencia para el Presupuesto del próximo año será fundamental: fortalecer portales web y datos abiertos para que cualquier ciudadano fiscalice cada quetzal en tiempo real.
Guatemala ya logró lo difícil: ejecutar el presupuesto más rápido. El examen de 2026-2027 es el que realmente importa: convertir cada quetzal en carreteras, hospitales o escuelas.
Si no se destraba la gestión, se ordenan los Codede y se mejora la calidad del gasto, 2027 será otro año de “más presupuesto, menos resultados”.
