Tres meses para que entre en vigor, seis para tener reglamento. Esos son los plazos que marca el Decreto 15-2026, la nueva ley contra el lavado de dinero en Guatemala.
Luego de ser promulgada y publicada por el Organismo Ejecutivo, la Superintendencia de Bancos (SIB) ya tiene el calendario fijado.
El reglamento —a cargo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)— será la pieza clave: traduce la ley al quehacer diario de bancos, fintech, notarías, casinos y —por primera vez— empresas de criptoactivos, un sector que hasta ahora operaba en un vacío regulatorio en materia antilavado.
El trasfondo es una evaluación que el país no puede perder. Los plazos están diseñados para que Guatemala llegue lista a la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2027.
Una calificación deficiente en ese examen puede encarecer el acceso al financiamiento externo, complicar las corresponsalías bancarias internacionales y deteriorar la percepción de riesgo país.
«Esto nos permite estar preparados para la visita de GAFILAT el próximo año», dijo Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala.
La SIB coincide que, con ello, el país se alista para la evaluación de GAFILAT en 2027. “Esto fortalece capacidades, optimiza recursos y da una visión integral”, agregó el ente regulador.
NUEVO DELITO DE LAVADO
La SIB añadió que la reforma más fina está en el tipo penal. Ahora el lavado debe cometerse “de manera intencional”.
No es un ajuste semántico. Significa que el delito es doloso: requiere conocimiento e intención de legitimar fondos sabiendo que vienen de un delito. Por eso, urge la implementación.
Así lo exigen las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida. El mensaje es directo: la ley apunta a quien deliberadamente lava, y eleva el estándar probatorio para evitar criminalizar errores operativos.
Esto obliga a las personas obligadas a afinar sus controles y a documentar mejor la debida diligencia.
CRIPTOMONEDAS: REGULAR, PERO NO FRENAR
El Decreto 15-2026 mete de lleno a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, PSAV, al régimen de personas obligadas. La SIB, vía la Intendencia de Verificación Especial, será su supervisor en materia antilavado.
El punto no es satanizar la innovación. “El objetivo no es desincentivar la tecnología”, aclara la SIB, “sino reducir la exposición a riesgos por uso indebido”. Traducción: trazabilidad, transparencia y protección del sistema financiero.
Guatemala se alinea así con GAFI, que desde hace años advierte que los criptoactivos son autopistas rápidas para mover dinero si no hay semáforos. Con supervisión, la idea es que esos semáforos existan sin apagar el motor de la innovación.
Esto representa un cambio de enfoque: de reactivo a preventivo, de disperso a coordinado, de genérico a intencional. Meter criptomonedas al radar no busca cerrar el negocio, sino evitar que Guatemala sea puerto para flujos opacos.
PEPs EN LA MIRA
La ley refuerza el concepto de Personas Expuestas Políticamente. Son funcionarios actuales o pasados con cargos prominentes y, por su posición, con mayor riesgo de corrupción.
La Convención de la ONU contra la Corrupción y GAFI exigen medidas reforzadas: entender el origen de los fondos y gestionar riesgos específicos. No es persecución, es prevención.
Bancos, cooperativas, PSAV y demás obligados tendrán que aplicar filtros más estrictos cuando un PEP abra una cuenta o mueva dinero.
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Por primera vez, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se combaten bajo el mismo esquema porque, aunque persiguen fines distintos, usan rutas similares para mover, ocultar y transferir recursos.
“Ambos requieren controles preventivos, monitoreo transaccional y cooperación interinstitucional”, explicó la SIB. La diferencia clave: lavar busca esconder dinero sucio, pero financiar terrorismo puede usar fondos lícitos.
Juntarlos en un solo cuerpo normativo, alineado con GAFI, permite optimizar recursos y tener una visión integral de prevención y represión.
“La aprobación de la iniciativa de ley de contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fue una victoria tremenda en donde creo que todos absolutamente estuvimos involucrados, sector privado, superintendencia, Congreso, el Ejecutivo”, agregó el presidente del Banguat.
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país la semana pasada, también le dio la bienvenida a la ley e hizo un llamado para su pronta implementación.
“Una ley plenamente alineada con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), seguida de la rápida aprobación y aplicación del reglamento correspondiente, situaría al país en una posición favorable de cara a la evaluación mutua del GAFILAT de 2027”, apuntó el Fondo en un comunicado.
Exigir intencionalidad en el lavado sube la vara judicial. Y tratar PEPs con lupa reconoce que el riesgo está donde está el poder. Con cronograma en mano y GAFI como estándar, Guatemala apuesta a que integridad financiera no sea discurso, sino práctica supervisada.
