La inseguridad en Guatemala no solo se mide en cifras de violencia, sino en su impacto directo sobre la economía: el país pierde hasta el 7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a causa del crimen, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En términos simples, 7 de cada 100 quetzales que genera la economía se destinan a cubrir los efectos de la violencia, en lugar de invertir en desarrollo, lo que hace perder al país competitividad, aleja las inversiones y limita las oportunidades desarrollo y progreso.
En otras palabras, golpea directamente el bolsillo de los guatemaltecos.
“Seguridad y Desarrollo en Guatemala: Fortaleciendo la Convivencia para un Futuro Próspero”, fue un conversatorio realizado en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), donde autoridades y sector privado coincidieron en que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales frenos para el crecimiento económico.
El efecto es amplio y silencioso, ya que ese impacto del que hace referencia el FMI, incluye desde el gasto en seguridad privada y reparación de daños, hasta la atención a víctimas y la pérdida de productividad. Son recursos que, en otras condiciones, podrían destinarse a educación, salud o infraestructura, pero que terminan absorbidos por un entorno de riesgo constante.
Aunque las autoridades destacan avances, el desafío persiste. El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que los homicidios, entre febrero de 2025 y marzo de 2026, se redujeron en 49% y los delitos totales 16%, cifras que calificó como históricas; sin embargo, reconoció que es necesario invertir en prisiones, más policías y tecnología para consolidar esos logros y garantizar un entorno seguro para la población y la economía.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovanni Martínez, subrayó que reforzar la seguridad en fronteras y puertos es clave para frenar al crimen organizado. Entre estas actividades, el contrabando es un flagelo que en 2025 costó más de Q120 millones al país, y que mina la confianza de los inversionistas.
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EL IMPUESTO INVISIBLE
El empresario Salvador Paiz, miembro de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) comparó el costo de la inseguridad con un impuesto adicional: las personas y empresas deben gastar en guardias, cámaras y pérdidas por robos, reduciendo su capacidad de invertir y consumir.
“Es un tributo invisible que encarece productos y limita el desarrollo, sin aportar beneficios colectivos”, advirtió, llamando a fortalecer la coordinación con el sistema judicial y la transparencia.
Aunque las estadísticas muestran mejoras, los participantes coincidieron en que la inseguridad sigue siendo un problema estructural que frena el crecimiento.
El reto ahora es cerrar la brecha entre los números oficiales y la percepción ciudadana, recuperar la confianza y garantizar condiciones para que Guatemala pueda convertirse en un verdadero destino de inversión y desarrollo.
