Los gastos de funcionamiento del Estado propuestos para el año electoral superan los gastos estimados para la inversión. Si bien esto es una práctica común en muchos países, en Guatemala se cuestionan los propósitos detrás de aumentar más los recursos de funcionamiento, así como que tan eficaz es el Gobierno para convertir los impuestos que paga la población en un bienestar social generalizado, en medio de fuertes necesidades de incrementar y mejorar la inversión en infraestructura.
De forma segregada, de los Q112 mil 294.8 millones proyectados para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, se proyectan Q76 mil 436.9 millones para los gastos de funcionamiento; Q19 mil 716 millones para inversión y Q16 mil 141.7 para la deuda pública.
Es decir que, de aprobarse por el Legislativo, el 68% estaría destinado a los gastos de funcionamiento, que consiste en las remuneraciones salariales, alquileres de inmuebles, costos administrativos, almuerzos, viáticos, gasolina y transporte para los funcionarios; además del mantenimiento y seguimiento de los programas del Gobierno.
Por otra parte, el 17.56% es para aquellos gastos dirigidos a la inversión física o de infraestructura, como carreteras, edificios, puentes, puertos, escuelas, aeropuertos y similares.
Entre tanto, el 14.37% de la millonaria cantidad que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei pretende ejecutar el próximo año, es para el pago de deuda pública y sus intereses.
MÁS FUNCIONAMIENTO, MENOS INVERSIÓN
En comparación con la división de gastos del Presupuesto General de la Nacional aprobado inicialmente para este 2022 por Q106 mil 229.4 millones, los gastos previstos para el 2023 aumentaron significativamente por Q4 mil 252.8 millones adicionales para funcionamiento, Q982.8 millones más para inversión y Q829.7 millones para la deuda pública.
¿ES UNA MEDIDA ADECUADA?
De acuerdo con Abelardo Medina Bermejo, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), a pesar de que lo correcto en el resto de países es que los gastos de funcionamiento abarquen entre el 85 al 95% del presupuesto, en Guatemala la problemática surge por la mala utilización de los mismos, por ejemplo, destinarlos para financiar “plazas fantasmas” o pagarles a diputados o funcionarios gastos privilegiados.
Según el experto, para utilizar óptimamente los gastos de funcionamiento deben desaparecer los focos de corrupción, pues a su criterio, la decisión del Gobierno de aumentarlos responde a que es “más fácil disfrazar” compras innecesarias bajo este rubro, así como incrementos y pagos salariales que no generan bienestar social para los guatemaltecos.
INFLUENCIA DEL AÑO ELECTORAL Y LA CORRUPCIÓN
En opinión de Medina Bermejo, una de las razones del oficialismo para aumentar los gastos de funcionamiento es que esto le permitirá contratar a más personas clave para el año electoral, así como comprar artículos para regalar y “aparentar” que están trabajando.
En la misma línea, José Luis Moreira, asesor económico senior del Consejo Nacional Empresarial (CNE), no considera adecuado que el gasto de funcionamiento consuma la mayor parte del proyecto presupuestario 2023, pues a su criterio, proporcionalmente el Estado debería destinar más recursos a la construcción de capital físico, tales como escuelas, hospitales y carreteras.
Las “trabas” que existen en el Estado para ejecutar los fondos y la corrupción, así como los procesos políticos “excesivamente clientelares” que se siguen en el Congreso para poder aprobar proyectos, son para el economista algunos de los motivos por los que Guatemala no cuenta con niveles de inversión similares a los de funcionamiento.
UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Por su parte, Jorge Lavarreda, experto en políticas de presupuesto y gasto público del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que lo importante es proyectar un presupuesto que combine adecuadamente ambos rubros y así poder obtener resultados tangibles.
“Por ejemplo, si queremos tener una tasa de prevención para atender la desnutrición crónica, hay que destinar personal, viáticos, oferta de infraestructura. Sin embargo, tenemos mucho personal, pero no contamos con los medicamentos ni insumos, no se presta bien el servicio y no se obtienen los resultados”, recalcó.
INCREMENTOS PARA EL MINEDUC
En el proyecto presentado al Congreso de la República, contenido en la iniciativa 6135, se observa que de los Q22 mil 247.9 millones asignados para el Ministerio de Educación (Mineduc), el 99.3% es para financiar los gastos de financiamiento, de dicho porcentaje, que equivale a Q22 mil 097.5 millones, el 78% es para remuneraciones al personal.
De hecho, en comparación con el Presupuesto General de la Nacional aprobado originalmente para este 2022, los gastos de funcionamiento de Educación se han incrementado por Q1 mil 780.4 millones, mientras que la inversión disminuyó por Q140.9 millones.
Según Lavarreda, este incremento en los gastos de funcionamiento del Mineduc responde, en parte, a los Pactos Colectivos de condiciones de trabajo. Estos aumentos en la categoría del recurso humano son los que han impulsado el incremento en los gastos de funcionamiento, rubro que ha pasado del 7.6% del PIB en el período 2004-2007 al 9.4% del PIB en 2021.
Desde su perspectiva, el miembro del Icefi considera que, con el aumento salarial al magisterio, el gobierno de Giammattei no pretende mejorar el poder adquisitivo de estos trabajadores (afectado en la actualidad por la inflación), sino que únicamente busca asegurar el apoyo de este sector para el año electoral.
Mientras que Morería enfatizó en que sí existen gastos de funcionamiento que podrían incrementar el capital humano del país, como los maestros y doctores. Sin embargo, recalcó que los sindicados de estos dos ministerios imponen limitaciones para pasar las reformas que harían de este gasto más eficiente a nivel social.
MÁS CAPITAL PARA MIDES Y MENOS PARA SALUD
De forma similar al Mineduc, para el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se observa un aumento por Q174.7 millones para el funcionamiento o capital y una reducción por Q54.2 millones para la inversión, al comparar dichos montos con el Presupuesto General de la Nación inicial de este año.
Para Medina Bermejo, esto ocurre porque es “más difícil” para el MIDES contribuir con mejorar el bienestar de la población, que contratar más gente. “Sobre todo porque esa entidad se ha convertido en una especie de plataforma de contratación de personas para que anden haciendo publicidad en año electoral”, agregó.
Asimismo, para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), se proyectan Q370.3 millones más para funcionamiento y Q31. 2 millones menos para inversiones. La misma situación de incrementos en el capital y decrementos en la inversión se observa para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) y el Ministerio de la Defensa Nacional.
Contrariamente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), recibiría Q952.6 millones menos para su funcionamiento y Q196. 3 millones más para inversiones.
TENDENCIA DE SACRIFICAR LA INVERSIÓN
En particular, Lavarreda comentó que desde el CIEN han encontrado en los presupuestos de los últimos años una tendencia de “sacrificar el gasto en inversión para acomodar los gastos de funcionamiento”, influenciado principalmente por el incremento de la masa salarial. Con esta situación no se lograría el equilibrio entre ambos rubros recomendado por el profesional.
“No solo es bajo el monto de la inversión, sino que también se incluyen proyectos que no cuentan con todos los estudios. Si es de baja calidad, podría ser hasta contraproducente hacer inversiones, un ejemplo es el Libramiento de Chimaltenango”, señaló.
LA INVERSIÓN COMO MAYOR DESAFÍO
“Necesitamos más inversión en formación bruta de capital fijo que le permita al país crecer y por eso es importante buscar nuevos modelos que le permitan al Estado acceder a fondos a través de mecanismos innovadores como las Alianzas Público Privadas”, comentó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
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¿CÓMO POTENCIALIZAR EL PRESUPUESTO?
Eliminar las plazas fantasmas, pagos significativos a consultores y asesores, excesivos viáticos para altos funcionarios, y también los gastos que implica la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y el Parlamento Panamericano (Parlacen), son las recomendaciones de Medina Bermejo para optimizar los gastos de capital del proyecto presupuestario para el 2023, aunque duda que el gobierno de turno las considere.
Entre tanto, Lavarreda aconseja hacer cambios estructurales para hacer más flexible el presupuesto, como reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto. También fortalecer el proceso de planificación presupuestaria, evaluar los resultados de ejecución y crear una estrategia a largo plazo y no únicamente de forma anual.
¿Podría el Gobierno tener la capacidad de reducir el funcionamiento para tener más recursos para inversiones?, para Moreira la respuesta a esta interrogante es que más allá de buscar una planificación efectiva a largo plazo para los gastos de capital e inversión, para las autoridades se trata de una “decisión política e institucional”, ya que el presupuesto “se concibe como un botín”.
