La salud siempre ha sido vista como un proceso de prevención y no solo de curación y eso ha tomado muchas formas. Estamos acostumbrados a decir que “más vale prevenir que curar” o que “un gramo de prevención vale más que 10 toneladas de medicación” y generalmente estamos convencidos de que “hombre prevenido vale por dos”. Eso dentro del contexto político y social tiene muchos significados.
El discurso preventivo en nuestro medio, siempre ha tenido una arista política, la atención de la desnutrición es su mejor ejemplo. En las campañas electorales, siempre se promete acabar con ella y desde hace unas décadas, eso se acompaña ya de una dosis de “racionalidad”: únicamente somos capaces de hacerla disminuir en un porcentaje.
Pero lo cierto es que no es parte de que la desnutrición es el resultado de un error político y social que tiene que ver con aspectos de injusticia e inequidad. Es consecuencia no una causa y los elementos que determinan lo que la produce, los riesgos, no se planifica la forma de evitarlos, lo que debería ser motivo del hacer político: pensar en sus límites y riesgos y combatirlos. No necesariamente estoy diciendo que los programas alimentarios y nutricionales preventivos actuales no sirvan o sean negativos “per se”, pero tampoco me parece adecuado suponerlos la solución, cuando el chorro de los factores sociales, ambientales y económicos que le dan origen sigue fluyendo del grifo y atacando a la población.
Lo que quiero decir es que la problemática nutricional nacional, no se puede reducir a un conjunto de variables de acceso y consumo de alimentos y su forma “técnica” de solucionar y acabar con ella o al menos controlarla, sea independiente de una disponibilidad u acceso de alimentos en que intervienen factores políticos, culturales y sociales, que no son sujeto de igual importancia y atención dentro de los programas preventivos alimentarios y nutricionales existentes. En pocas palabras: no existe una gestión política y social de riesgos de la desnutrición y este es el problema.
Para principiar, una situación que aún persiste en la actualidad es que muchas personas no coinciden en la definición de lo que es un “riesgo” o “enfermedad” o “problema”. A finales de la década de los setenta, Centroamérica, especialmente el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) consideraba que el mayor éxito de su labor era haber proporcionado explicaciones y enfoques para atacar la desnutrición en varios de sus aspectos. Según podemos deducir de escritos de aquellos tiempos, autoridades e investigadores atribuían que el éxito para combatir la desnutrición, se debía basar en los avances de la investigación científica. Sin embargo, y a pesar de que muchos investigadores sostenían que el control político y social debía unirse, e ir más allá de los programas alimentarios asistenciales, en otro campo que no fuera este, las intervenciones políticamente parecían vedadas y en segundo plano.
Lo cierto es que una vez que fueron claramente definidas las vías de producción de la desnutrición y sus procesos de transmisión social y cultural, era “necesaria” una política de interrupción de la misma, que aun en la actualidad resulta insuficiente, como lo demuestra la cantidad de desnutridos que deambulan por Centroamérica. Es claro que el objetivo de disminuir su densidad y evitar que se siga produciendo casos no se ha logrado, pues los gobiernos no entran de lleno en la arena social y ambiental que produce y expone a deficiencias nutricionales, sino que se queda en los aspectos clínicos de su tratamiento.
Además, es interesante tener en cuenta que ningún gobierno ha visto la “necesidad o el interés” de exterminar la desnutrición, viéndola desde una correlación directa con el hecho de que es un obstáculo para el desarrollo tanto individual como social (riesgo) biológico y psicosocial. La desnutrición en términos epidemiológicos, afecta endémicamente a las poblaciones autóctonas, y a los sectores de bajos recursos y que incluso no son blancos de las campañas de prevención de los programas de alimentación. Esta no es más que una muestra del sesgo particular que toman las campañas de prevención, en función de consideraciones socio-políticas. Las consideraciones “puramente” técnicas respecto a la interpretación del problema de desnutrición (incluyendo su tratamiento como enfermedad) están siempre ligadas a otras de carácter económico, político, ético, cultural y pragmático, formando un complejo “multidimensional” que debe ser tenido en cuenta en su articulación y dinámica si se quiere combatir.
Las campañas de atención a la desnutrición, comenzaron desde temprano en el siglo veinte, aunque era más bien de y bajo reglamentación de “beneficiencia” con mínimos recursos. En cambio, las campañas contra las infecciones: paludismo, fiebre amarilla, viruela, tifus, su prevención se basaba en que los habitantes de las localidades infectadas eran los responsables de la eliminación de las larvas de los mosquitos y trasmisores y que los inspectores y organización militar serían los encargados de vigilarlos. El “Servicio” tenía derecho a examinar todas las casas y sitios. También podían reglamentar múltiples detalles de la vida cotidiana de los habitantes, llegando a constituirse en una verdadera policía sanitaria, con derecho de castigar a quienes no los obedecieran –incluso con penas de reclusión–. Esto nos muestra hasta qué punto una política de “prevención” es una cuestión delicada, en la medida en que generalmente incluye el derecho del estado de “inmiscuirse” en las decisiones personales, formas de vida y hábitos de todos y en aspectos que beneficiaran el interés público (la población productiva rural, la mano de obra para las grandes plantaciones). Desde entonces era claro que el hacer político centrado en intereses productivos de élite, puede pasar por encima de creencias, prácticas culturales, valores y estilos de vida de pueblos, grupos sociales o culturales. La nutrición no era considerada políticamente (hasta ya entrada la década de los ochenta) como una política de erradicación ni aun por los grupos agroindustriales y no se estructuró desde un modelo policial como lo fue la lucha de las enfermedades infecciosas.
El ejemplo dado entre la forma de lucha contra las infecciones y la desnutrición, muestra a las claras cómo aún aquellas campañas cuyo objeto específico recibe un apoyo mayoritario de la población en la medida que no parece dudosa la “ventaja” como lo es erradicar mosquitos y trasmisores, el control higiénico, recibir alimentos; la aceptación y apoyo público aunque a veces sea a regañadientes es posible. Pero en el caso de los programas alimentarios y nutricionales, su éxito presenta importantísimas aristas dudosas como solución al problema (intromisión a costumbres, tradiciones alimentarias e incluso publicidad alimentaria etc). Por consiguiente, hay que considerar por ejemplo si el objetivo alimentario y nutricional buscado, se consigue con las medidas adoptadas, si estas son las únicas adecuadas, las mejores, las deseables o simplemente las pagables (económica y políticamente) de entre una multitud de otras posibles. Y también existen aristas peligrosas, ya que la erradicación de un mal, puede traer aparejado otros peores, o diferentes como el avasallamiento de derechos al condicionar políticamente la ayuda o la violación de profundas creencias culturales y éticas o la imposición de prácticas sociales por vía de la imposición (necesariamente violenta aún desde la legalidad) y quien sabe, dependencia económica, social y política.
