La Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió una sanción económica por Q14 mil a una viceministra y dos jefes de dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) después de comprobar que en los Comedores Sociales se sirvieron tiempos de comida a 74 personas que en la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap) aparece como fallecidas.
El hallazgo se incluye en el Informe de auditoría a la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos 2025, que la Contraloría entregó a finales de mayo al Congreso de la República.
El dato fue descubierto por los auditores de la CGC luego de analizar una muestra del Sistema Informático de Comedores (Sicome) respecto de las raciones servidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado.
A estas 74 personas, según el informe, se les sirvieron, 281 desayunos y 550 almuerzos. Cada uno está valorado, dependiendo de la región en la que se encuentre el comedor, entre Q21 y Q24.
El monto suma Q18 mil 241, concluye el hallazgo de la CGC. Según el Mides, estos casos representan el 0.011% del total de 7 millones 512 mil 503 raciones servidas durante el año.
El informe presentado hace referencia a que a una persona que reclamó alimentos con el DPI de un fallecido, le sirvieron 7 desayunos y 126 almuerzos en el comedor social instalado en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, precisa la auditoría.
A otra, en el comedor de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 43 y 35, respectivamente, mientras que a una más que portaba el documento de un hombre ya fallecido, en el comedor situado cerca del Hospital Roosevelt, le entregaron 33 desayunos y 33 cenas durante 2025.
AUMENTO PRESUPUESTARIO
El programa social nació durante el gobierno del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) con el nombre de Comedores Solidarios.
Durante la administración de Otto Pérez Molina, cambió a Comedores Seguros. Posteriormente, en la administración de Jimmy Morales, se quedó con el nombre que mantiene hasta hoy.
De acuerdo con la página del Mides, dicha política social, consiste en apoyar a familias vulnerables por su situación de pobreza, crisis, emergencia, calamidad u otra situación que afecte su acceso a la alimentación.
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El programa sirve raciones de comida (desayuno y almuerzo) sin costo; en la actualidad operan 112 comedores, ubicados en 105 municipios de todo el país. Según información oficial, sirven en promedio 36 mil raciones diarias.
Este año, el Mides, cuenta con un presupuesto asignado de Q284.5 millones, de los cuales a la fecha ha ejecutado el 28.03%. El monto de los fondos para este programa tuvo un incremento del 66% en relación con el 2025, cuando este tuvo una asignación de Q171.3 millones.
SIN CONTROLES EFECTIVOS
El informe de la Contraloría agrupa las inconsistencias detectadas en el programa dentro del hallazgo «falta de control en la base de datos del programa comedores sociales«, resultado de que las autoridades responsables no coordinaron, supervisaron, planificaron, dirigieron ni implementaron controles efectivos» para detectar a las personas fallecidas.
Las sanciones se emitieron en contra de la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta Say, de la directora de Prevención Social, Elsa Pereira, y en contra de la subdirectora de Comedores, Azucena Corado.
En el informe se recomienda al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, que dé instrucciones al personal responsable para corregir las deficiencias detectadas.
Sin embargo, las personas que recibieron la sanción por parte de la CGC rechazaron haber tenido responsabilidad del hallazgo detectado en la auditoría.
En el informe se citan los argumentos de la viceministra, Zapeta Say, quien explica que el programa social carece de criterios de inclusión, debido a que está orientado a satisfacer una necesidad básica e inmediata de las personas o familias, y cualquier persona que se considere en situación de vulnerabilidad o crisis puede ser beneficiaria.
Añade que, en el caso de que una persona no presente documento de identificación, se ingresará en el sistema con los datos que indique y se registrará su huella dactilar para «asegurar que no se limite a ninguna persona el acceso y el derecho a la alimentación».
En ese sentido, agrega, cuando una persona tenga dificultad para llegar al comedor, puede enviar a otra el documento que ampare su situación y se deberá entregar la ración alimenticia y registrar la información del usuario en el sistema informático.
Zapeta Say afirma que sus funciones son de carácter estratégico, directivo y de coordinación, no operativas.
«Cumplí con la supervisión de la correcta ejecución» del programa, al haber aprobado el Manual Operativo y con implementar el uso del sistema biométrico, dijo en sus pruebas de descargo.
La funcionaria acotó que, según el Reglamento Orgánico, a un viceministro le compete «dirigir, coordinar y programar» y no le otorga funciones de ser «depurador de bases de datos» o «digitador».
Responsabilizarla de no detectar a personas fallecidas en una base de datos es «pretender que asuma funciones operativas que corresponden a otros funcionarios y empleados públicos», aseveró Zapeta Say, quien aseguró que dio instrucciones para que a las personas fallecidas se les dé de baja del registro del programa «inmediatamente».
OBJETAN AUDITORÍA
Por su parte, la subdirectora de Comedores, Azucena Corado, explicó que revisaron las bases de datos del programa con base en la información de la CGC y constataron que 19 personas, en efecto, aparecen como fallecidas, por lo cual «no se puede llevar a cabo la entrega de raciones».
Con las restantes 55, expuso que estos no se encuentran en las bases de datos de los comedores señalados, por lo que se trataría de un error de sincronización de datos del sistema informático que arrojó «datos de personas que supuestamente recibieron alimentos», pero que no coincide con los datos de cada comedor social.
Por esa razón, añade, solicitaron de forma «urgente» hacer las verificaciones necesarias para determinar la razón por la que dichas personas aparecen en la base de datos central cuando no han sido registradas en los comedores.
También, se giraron instrucciones para hacer validaciones y verificaciones diarias para excluir de la base de datos a los usuarios cuando así corresponda.
En similar línea, Elsa Pereira, directora de Prevención Social, indicó que han solicitado a la Dirección de Informática hacer las modificaciones técnicas necesarias a los sistemas para garantizar el «no registro de beneficiarios en personas fallecidas».
Además, solicitaron hacer verificaciones técnicas al mismo sistema para garantizar la «integridad de los registros», y que se revisen los procesos de integración de datos desde los comedores hacia la base central de datos.
No obstante, y pese a las justificaciones, la Contraloría confirmó los hallazgos a las tres funcionarias. En el caso de Zapeta Say, porque no adjuntó documentos para demostrar el seguimiento, supervisión y verificación efectiva del cumplimiento de las instrucciones que dio.
En cuanto a Corado, la CGC señaló que las explicaciones ofrecidas «no desvirtúan la condición observada, debido a que el sistema informático incluye personas con estatus de fallecidas», y que el sistema no ha sido depurado y presenta registros incongruentes.
Finalmente, a Pereira también le confirmaron el hallazgo, porque tampoco presentó documentación «que demuestre el resultado efectivo del cumplimiento» de las instrucciones que giró, las cuales tampoco desvirtúan las irregularidades detectadas.
«COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA»
La oficina de Comunicación del MIDES detalló que la institución «mantiene un compromiso permanente con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento continuo de los programas sociales que atienden a la población».
En la respuesta enviada a LaHora.gt, subrayó que los registros observados por la CGC representan aproximadamente el 0.011% del total de raciones de alimentos que se sirvieron durante el año, y que fueron 7 millones 512 mil 503.
«Para el Ministerio, incluso casos aislados representan oportunidades de mejora y requieren acciones para fortalecer la confianza ciudadana. Por lo cual, además de presentar las denuncias ante las autoridades competentes, se realizaron las verificaciones pertinentes, se reforzaron los controles internos, se incrementó la supervisión operativa en los comedores y se impulsaron procesos de depuración y validación de registros», aseguró en la comunicación.
Agregó que trabajan para implementar nuevas herramientas tecnológicas, incluido un sistema de identificación biométrica facial que mejorará el control y transparencia en la prestación de servicio.
