La historia de contratistas que complica la culminación de proyectos no es nuevo. Pasó con las gradas eléctricas y elevadores del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), con los pasos a desnivel, en la calzada Roosevelt y Avenida Petapa, y con decenas de proyectos de infraestructura más. La triste constante parecer ser que los proyectos trascendentales para el país se quedan a medias, como podría pasar, justo ahora, con el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.
El año pasado se contrató a una empresa para que se hiciera cargo de su remodelación. Lo más importante, cambiar el engramillado y la pista sintética. Aunque el plazo contractual aún no vence y el proyecto sigue vigente, todo apunta a que no se terminará para la fecha ofrecida que fue el 7 de diciembre de 2025.
El proyecto se adjudicó por Q32.4 millones a Constructora y Distribuidora Bremar, una empresa que ha obtenido millonarios contratos desde 2006, pero que alcanzó su bonanza financiera durante el gobierno de Alejandro Giammattei, cuatrienio en el que le adjudicaron Q340.4 millones.
La empresa individual (su propietaria es Brenda Margarita Archila del Cid de Cruz) ya recibió Q9.5 millones por los trabajos en la máxima instalación deportiva de país, pero hasta hoy —constató La Hora— solo se ve una extensa capa de tierra y promontorios. Los días que este medio ha visitado las instalaciones no se ve a nadie trabajar.
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El problema principal, según denuncias de diputados que han fiscalizado el proyecto, radica en que la constructora ofreció colocar un tipo de gramilla y pista que ahora no es capaz de conseguir porque no tiene autorizado comercializar las marcas que ofreció y que ha sido colocada en grandes escenarios deportivos a nivel mundial.
Esto mantiene detenido los trabajos y no se sabe con certeza si la constructora será capaz de traer los materiales, y cuándo. En la última reunión de fiscalización entre diputados, la empresa y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) el contratista dijo que abogados tratan de resolver el problema, mientras propuso la alternativa de colocar gramilla y pista de «la misma calidad» aunque de una marca diferente.
La pregunta es ¿Por qué se retrasan tanto los proyectos? Mientras deportistas de otros países de Centroamérica tienen diferentes escenarios deportivos para practicar fútbol o atletismo, la Selección Nacional de Fútbol tiene que aguantarse las ganas de jugar en su máxima instalación deportiva, y los atletas que participarán en los XII Juegos Centroamericanos —del que Guatemala será sede del 18 al 30 de octubre— deberán ser llevados a otros recintos para las pruebas de atletismo.
El engramillado y la pista aún está lejos de concretarse, pese a que el proceso para renovar el estadio se lanzó desde agosto de 2024. La experiencia de Constructora Bremar, principalmente era en carreteras, y en el ámbito deportivo se limitaba a la construcción y remodelación de canchas pequeñas de fútbol 5 (o papi fútbol) así como como de parques de recreación. Nunca cambió la gramilla o pista de un estadio de fútbol, según la experiencia de acreditó ante la Junta de Licitación del proyecto.
DEFICIENTE PLANIFICACIÓN
Analistas consultados por La Hora coincidieron en que los proyectos de infraestructura en Guatemala suelen tener una deficiente planificación, lo que hace que su construcción se retrase debido a que en el transcurso de la licitación surgen imprevistos. Estos suelen retrasar las obras y aumentar los costos.
«Quieren sacar obras millonarias y creen que con tres meses de hacer algunos papeles y documentos van a cubrir todos los aspectos y no es así», enfatizó Héctor González, especialista en transparencia en adquisiciones públicas, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), quien señaló una «planificación muy deficiente desde el Estado», en los procesos de adquisiciones.
Agregó que, puntualmente en el caso del estadio Doroteo Guamuch, la entidad compradora debió haber contemplado en las bases de licitación las especificaciones de gramilla y pista y exigir que las empresas que participaran demostraran la capacidad de traer a Guatemala los materiales requeridos.
El analista enfatizó en que la unidad compradora tiene el derecho exigir la experiencia que requiere de los posibles contratistas y, en el caso del Estadio Nacional, pudo haber pedido de requisito, incluso, haber cambiado la gramilla y pista de estadios en el extranjero. En este sentido, considera que bien pudo haberse lanzado una licitación internacional, puesto que las características que se requieren de la gramilla y pista son internacionales.
«Pareciera que los proyectos se hacen a la carrera. Si van a cambiar el asfalto del puente El Incienso, en 2027, la planificación debería empezarse ya», ejemplificó González.
FLORES: «HISTORIAL TERRIBLE»
El analista independiente Marvin Flores señaló que la CDAG y sus federaciones «tienen un historial terrible» en cuanto a sus compras y contrataciones. «Lamentablemente se amparan en la autonomía que les da la Constitución», subrayó.
«No es que no sepan hacer las cosas, simplemente lo que hacen es usar fondos públicos para beneficio propio», expuso Flores, quien dijo que no le extrañaría que el contrato para la remodelación de Doroteo Guamuch fuera «otro negocio turbio».
Dijo que la CDAG junto con la Contraloría General de Cuentas (CGC) deberían ejecutar la fianza de incumplimiento de oferta, figura que contempla la Ley de Contrataciones del Estado, dado a que a la empresa no le es posible cumplir con lo ofrecido en el proceso de licitación.
«No puedo asegurar que haya corrupción —en el proceso de contratación en cuestión—, por eso, la Contraloría debe tomar cartas en el asunto y no debe esperar a que haya denuncias ni nada y ejecutar la fianza de forma exprés», agregó.
Flores coincidió en que, debido a lo exigente que son los estándares internacionales en el tema de gramilla y pista la licitación debió haber sido internacional. Incluso, dijo, hay páginas especializadas que la CDAG pudo consultar para ver qué tipo de gramilla requería y quienes pudieron haber sido las potenciales proveedoras del servicio.
Sobre lo dicho por Flores, se le solicitó una postura a la CDAG por medio de uno de sus comunicadores, pero no dieron respuesta. De hacerlo se incluirá en este espacio.

González, de ICEFI, añadió que es usual que las adjudicaciones en instituciones públicas se hagan “a dedo” y las empresas corren para inscribirse en el Registro General de Adquisiciones del Estado (REGAE) “con algún trabajito”, y como la experiencia en lo privado cuenta, van con “x o y empresa y firman contratos ficticios” para obtener una calificación en algo que nunca ha hecho.
OTROS RETRASOS
Pero este no es el único proyecto que ha dado este tipo de problemas. A lo largo de 2024 y todavía en 2025, la casi fallida instalación de escaleras eléctricas y elevadores en el AILA ha dado mucho de qué hablar. El proceso de contratación comenzó en abril de 2023 y se supone que el proyecto sería instalado en noviembre de ese año.
Pero la importación, desde China, de unas escaleras de un tamaño diferente al requerido en las bases de licitación causó el retraso de meses. La compañía que instaló los equipos reconoció que nunca había desarrollado un proyecto similar.
Finalmente, las gradas y los elevadores se instalaron, pero hasta hace poco todavía había quejas sobre su funcionamiento. Según denuncias, las escaleras y los elevadores se detienen, aparentemente por un problema de calibración.
El paso a desnivel sobre la calzada Roosevelt y 9a. avenida es otro ejemplo de un proyecto que —pareciera— fue mal planificado. La constructora ya recibió casi el 50% del pago por el contrato, pero no hay modo de que se finalice.
El retraso principal obedeció a que, cuando ya habían comenzado a instalar el paso a desnivel, se percataron de que habían una tuberías y un colector de aguas pluviales que los estudios previos no fueron capaces de detectar.
Obras a medias del gobierno pasado tienen Consuelo y recuerdan el Hospital de Baldetti
La misma empresa comenzó la construcción del paso a desnivel en la Avenida Petapa y 53 calle, zona 12. También recibió anticipos, pero lo tuvo que dejar a medias. Se supo que, en principio, el problema supuestamente fue por inseguridad. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tuvo que rescindir el contrato el 9 de diciembre del año pasado.
Otro proyecto que sigue paralizado es la construcción de la 8a calle, zona 3, de Palín, Escuintla. En la obra se invirtieron cerca de Q30 millones, pero hasta hoy la calle no se puede utilizar. La empresa comenzó a ejecutarlo, pero nadie previó donde desfogarían las aguas del colector que fue construido por debajo de la calle y ahora hay que esperar estudios geológicos e hidrológicos para estimar cuándo podría ser finalizada la calle.
Las obras dejadas a medio construir durante el gobierno de Alejandro Giammattei abundan. Como si se tratara de un patrón establecido, los proyectos se licitaron y se adjudicaron, las construcciones comenzaron y alcanzaron discretos avances, con lo cual se les dio a las empresas millonarios desembolsos. Luego, argumentando cualquier justificación, fueron suspendidos.
ESCUELAS, COCINAS Y AEROPUERTO
Dentro de estos proyectos que han tenido más cobertura mediática están las Escuelas Bicentenario, obras a cargo del CIV que consistía en la construcción de establecimientos educativos que contarían con todos los servicios y dotados de tecnología. Aunque se habían anunciado 16, se licitaron 13, la mayoría está pendiente de ser entregada.
No solo las Escuelas Bicentenario: CIV construyó “cocinas dignas” que no funcionan
La misma unidad del CIV también, en el gobierno pasado, trató de implementar el programa Cocinas Dignas, a través del cual se construirían al menos 100 a nivel nacional con el objetivo de preparar alimentos para los estudiantes. Sin embargo, muchas de estas no se quedaron al término de la administración pasada, sin servicios básicos ni estufas y con las paredes de PVC, lo que las pone en riesgo de incendios.
Dieciséis empresas fueron beneficiadas con contratos para la construcción de las Cocinas Dignas y con quienes el CIV gastó Q53.8 millones. Las actuales autoridades de dicha cartera presentaron una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) el 23 de abril de 2024, por las falencias detectadas.
En una supervisión hecha en 2024 en 20 cocinas, el CIV concluyó que 18 «no son utilizadas para el fin por el cual fueron construidas, debido a que están en áreas rurales donde la población utiliza leña para cocinar». Además, la mayoría no contaba con servicio de energía eléctrica ni agua potable.
La remodelación del Aeródromo San José para convertirlo en el «aeropuerto de carga más grande de Centroamérica» también está paralizada. Seis proyectos que supuestamente perseguían este fin fueron valuados en Q656 millones, de los cuales ya se pagaron al menos Q457 millones.
Tres de los seis están suspendidos, uno fue rescindido y solo dos fueron finalizados.

DECRETO 21-2022
Sin embargo, si hay proyectos que se han convertido en emblemáticos por haberse pagado millonarios anticipos y haber sido dejados a medias, son casi la mitad del centenar de obras que se aprobaron en el Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica.
El patrón de estos proyectos —muchos de los cuales fueron propuestos por los diputados distritales— fue adjudicar, pagar y dejar a medias. Una nota de La Hora de mayo de 2025, da cuenta que del total de obras 44 se habían dejado a medio construir.
Los fondos que se aprobaron para la ejecución de estas obras grises se tomaron de los que no se ejecutaron en los primeros dos años de la pandemia. En principio fueron Q3 mil 100 millones; pero, según datos de sitios oficiales, hasta hoy van ejecutados más de Q4 mil 542 millones.

TAMBIÉN EN EL INDE
Fuera del CIV, también hay ejemplos de obras que se quedaron a medias, aparentemente por problemas de mala planificación o poca experiencia de las empresas contratantes.
En el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) la construcción de una planta de generación de energía solar, en Escuintla, está paralizada porque la empresa no respondía a los requerimientos técnicos de la institución.
Era la primera vez que participaba en un proceso de licitación de esas dimensiones. El costo del proyecto era de Q116 millones, de los cuales ya se les dio Q9.4 millones por un avance físico del 0 por ciento.
Esta misma empresa participó y ganó la licitación para un proyecto de electrificación rural en la aldea Chupel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, que hasta inicios de septiembre estaba paralizado.
Personas vinculadas al proceso dijeron que, probablemente, la constructora no conocía lo dificultoso que era llegar hasta el lugar y a pesar de eso concursó. En una publicación de La Hora, se dio a conocer que la empresa tuvo que dejar a media carretera los postes y otro equipo y si no hubiera sido por los pobladores, probablemente se hubieran deteriorado.
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