INDE: Cristian Álvarez sigue embate en contra del proceso en el que no fue reelecto cuestionado representante sindical

El diputado Cristian Álvarez, de la bancada Compromiso Renovación y Orden (CREO), volvió a la carga en relación con su inconformidad con el proceso de elección de representante sindical, titular y suplente, ante el Consejo Consultivo del INDE (Instituto Nacional de Electrificación).

El pasado 31 de julio, el legislador informó en sus redes sociales que había presentado una denuncia en el Ministerio Público (MP) en contra del gerente general de dicha institución, Luis Adolfo Martínez, por supuesto abuso de autoridad, usurpación de funciones e incumplimiento de deberes.

El legislador señala al funcionario de hacer una elección de representante sindical «como se le dio al gana» y de esconder «por meses» los «votos» —acreditaciones— y de calificar de forma unilateral los documentos. «Al final —asegura—  nombró a quien se le dio la gana».

El proceso para reemplazar a los representantes de los sectores sindical y empresarial, comenzó con la convocatoria a finales de marzo, la designación ocurrió dos meses después, el 28 de mayo.

Las autoridades aseguran que el proceso cumplió con las leyes y reglamentos a cabalidad y que se desarrollo de forma transparente, como no se había hecho antes.

El procedimiento dejó fuera al representante del sector sindical que había ocupado la silla en el Consejo en los últimos 18 años, Samuel Nernroth Hernández Orantes.

La silla fue vital para lograr la aprobación de contratos millonarios —ahora bajo la lupa— en el tiempo en que el INDE fue presidido por Melvin Quijivix, capturado y dejado en arresto domiciliario por un caso de corrupción vinculado a la llamada «Red Q».

Mientras representó al sector sindical, Hernández Orantes avaló con su voto cada uno de los contratos millonarios que llegó al Consejo Directivo, para ser aprobado.

Dicho cuerpo colegiado se integra por el gerente general del INDE, un representante del sector sindical, otro de las organizaciones empresariales, uno más de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y dos más, que representan a los ministerios de Energía y Minas (MEM) y Economía (Mineco).

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Para avalar los contratos que fueron objetos de denuncias penales por corrupción, se requería de cuatro votos del Consejo, los cuales fueron otorgados fielmente por Quijivix, Hernández Orantes y el representante de la (ANAM) —por esos años, el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer—, a quienes se les sumaba ya sea quien representaba al MEM o al Mineco para conseguir las aprobaciones.

Algunos de los contratos despertaron dudas del sector privado; por ejemplo, la adjudicación de un proyecto para la generación de energía a través de paneles solares en la cabecera de Escuintla por el cual el Cacif alertó de posibles irregularidades.

COMIENZA «FISCALIZACIÓN»

Pero Hernández Orantes quedó fuera del proceso. Las autoridades del INDE descartaron por múltiples vicios las credenciales con las cuales se postuló como candidato; por ejemplo, nombramientos simples —no asambleas de los sindicatos ni designación del comité directivo—, con firmas y sellos repetidos en favor de él y al mismo tiempo de otros aspirantes.

Por estas razones no fueron aceptadas por el gerente general quien, según la Ley Orgánica de la institución, como secretario del Consejo Consultivo, es el que tiene la responsabilidad de calificar las credenciales.

Fue entonces que aumentaron las citaciones y requerimiento de información desde el Congreso de la República. Primero fue el diputado Inés Castillo, de la facción de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE) que es respaldado por Sandra Torres. Luego se unió Álvarez.

En una entrevista con La Hora a principios de julio, el legislador de CREO negó que su interés fuera colocar a algún representante sindical en específico y, aunque dijo que no conoce a Hernández Orantes, reconoció que ha hecho «algunas amistades con líderes sindicales».

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En esa ocasión, sin que se le preguntara, Álvarez dijo que posiblemente el sindicalista en mención haya sido candidato a alcalde de Chiquimulilla, Santa Rosa, en 2011, y que quizás lo vio «en alguna ocasión».

«Presionar porque haya una elección transparente, esa es la ruta correcta», enfatizó Álvarez en dicha entrevista, quien insistió en que el procedimiento de designación debe hacerse público, aunque ninguna ley lo estipula, ya que quien eligen representantes, de hecho, son los sindicatos y la Secretaría solo valida las acreditaciones.

DOCUMENTOS VICIADOS

Las autoridades del INDE remarcaron las múltiples irregularidades que hallaron en el proceso de postulación de los candidatos a ocupar la silla de representante de las organizaciones sindicales ante el Consejo Directivo del INDE.

La Hora tuvo acceso al «análisis de las acreditaciones», un documento elaborado por la Secretaría del Consejo, y que fue firmada por el gerente Martínez. Este se distribuyó con todos los aspirantes y otras partes interesadas.

Dentro de sus consideraciones en el documento se hace saber que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica del INDE, el representante sindical es «designado en representación de las asociaciones y/o sindicatos», por lo que era imprescindible que cumplieran con los requisitos que establecen las leyes que regulan a los sindicatos para que se garantizara una representación plenamente legal.

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El análisis dice que, según la Ley del INDE, la «designación en representación» de un candidato «implica la clara y expresa voluntad de la Asamblea General del sindicato», por esa razón requirieron a los aspirantes actas de la celebración de dichas asambleas donde se comprobaba el respaldo de la organización sindical.

De no haber celebrado asambleas, al menos debían entregar el acta o resolución del comité directivo en el que dos terceras partes de sus integrantes aprobaban la representación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 223, inciso e),  del Código de Trabajo. Por ejemplo, si un comité es de 3 integrantes (lo menos que permite la Ley), la representación debe ser avalada por 2 de ellos. Esto ha sido refrendado, incluso, en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).

NOMBRAMIENTO

Según el artículo 4 del Reglamento del INDE que regula estos procesos, «serán reconocidos —designados— quienes hayan certificado a su favor la representación de la mayor cantidad de organizaciones» (asociaciones y/o sindicatos). Ahí es donde el proceso presenta mayores vicios.

En su afán de logar la representación, los aspirantes presentaron designaciones que más parecían formularios que se habían compartido entre ellos solo para llenarlos, en algunos casos a mano, según el informe revisado por La Hora.

El INDE documentó que habían constancias en donde solo iba una firma, o donde aparecía esta, pero sin nombre. En otros casos las firmas y los sellos se repetían en favor de más de un candidato, como si una organización apoyara la designación como representante sindical ante el Consejo de dos o más aspirantes, lo cual no era lógico.

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En el análisis elaborado por la Gerencia se indica que las manifestaciones de respaldo a los candidatos solo están firmadas por el secretario general y el secretario de actas y en algunos casos solo por el primero.

Tampoco se establece la identidad, en la gran mayoría de casos, de quienes firman. «Estos formularios no reflejan con seguridad y certeza si la designación ostenta su validez», subraya el documento.

«Estas notas o formularios carecen de mecanismos certeros y seguros de que la designación es válida, ya que se evidenció duplicidad en algunos casos en donde se estableció la misma agrupación sindical apoyando a dos binomios distintos», añade.

Según personas que conocieron el proceso, Hernández Orantes estuvo 18 años en el cargo porque siempre ganaba al presentar estas constancias irregulares donde, supuestamente lo apoyaban muchos sindicatos.

En total, fueron cinco los aspirantes los que participaron entre quienes, Hernández Orantes, presentó la mayor cantidad de estas credenciales cuestionadas, 247.

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¿CÓMO SE NOMBRÓ AL GANADOR?

El diputado Álvarez alega que no se hizo un acto público con todos los participantes y un «conteo de votos»; sin embargo, la Institución resalta que no se trata de una elección popular, sino que el gerente, de acuerdo con la ley, solo valida las credenciales y nombra al que cumpla con todos los requisitos y cuente con más designaciones por parte de organizaciones sindicales.

Como estos formularios se descartaron y no se les aceptó a ninguno de los participantes, se evaluó quienes de ellos presentaron designaciones a través de actas de la Asamblea General o un mandato de representación extendido por el comité directivo, y los cinco presentaron una de las primeras y ninguna de las segundas.

Técnicamente se produjo un empate por lo cual, el gerente utilizó los otros artículos de la Ley Orgánica del INDE para escoger al más idóneo, que resultó siendo Byron Ulisses Ortiz Ramírez, quien, de acuerdo con el acta donde se declara su designación, dice que «cumple en cantidad y cumplimiento de requisitos, así como la omisión de impedimentos establecidos en la Ley».

De esa forma, ya que los cinco aspirantes contaban con la misma cantidad de actas de asamblea (una cada uno), la gerencia optó por calificar sus credenciales de acuerdo con los otros incisos que marca el artículo 9 de la Ley del INDE, y que son:

• a) Ser guatemaltecos y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos.
• b) Cumplir con todo lo relacionado a funcionarios públicos, según lo establece la Ley de Probidad; y,
• c) Ser de reconocida honorabilidad, poseer experiencia profesional y/o práctica de preferencia en el tema energético.

El análisis elaborado por la gerencia dice que, al quedar «en igualdad de circunstancias… una manera lógica de encontrar diferencias entre estos binomios —cada candidato iba junto con un suplente—», fue el literal c) mencionado anteriormente.

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De esa cuenta, al examinar la hoja de vida optaron designar a Ortiz Ramírez debido a fue el único que contaba con experiencia en el tema energético, ya que representaba al Sindicato de Trabajadores del INDE y trabaja en la institución desde 2011. Además, en todos los casos se les acreditó la «reconocida honorabilidad».

Otro factor que utilizó la Gerencia para hacer el filtro de candidatos fue a partir de lo que dice el artículo 11 de la Ley Orgánica del INDE, que establece los impedimentos para ser miembro del Consejo Directivo y que son:

• a) Quienes hayan infringido o infrinjan las disposiciones de esta ley (Ley del INDE) o sus reglamentos.
• b) Quienes estén vinculados con otros miembros del Consejo Directivo por parentesco legal o ligados por motivos económicos.
• c) Quienes fueren titulares, socios o empleados de confianza en empresas privadas que tengan contratos vigentes o que contraten posteriormente sus servicios al instituto.
• d) Los que hayan sido condenados por delitos que impliquen falta de probidad o abusos contra particulares.
• e) Los declarados en insolvencia o quiebra culpable o fraudulenta, aunque hayan sido rehabilitados y los declarados en insolvencia o quiebra fortuita, mientras no hayan obtenido dicha rehabilitación.
• f) Los que sean gerentes del instituto.

En este aspecto, en el análisis, la Gerencia recordó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) puso un reparo a Hernández Orantes, por su labor desempeñada como miembro del Consejo Directivo, entre el 1 de febrero de 2020 al 10 de junio de 2022, ya que para asumir no presentó finiquito.

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Por tal motivo, de acuerdo con el análisis, el representante infringió el artículo 9 de la Ley Orgánica del INDE, relacionado a cumplir con la Ley de Probidad, lo que al mismo tiempo hace que el aspirante tenga impedimento para ser miembro del Consejo ya que el literal a) del artículo 11 de la misma Ley que dice que no podrán ser miembros del Consejo quienes hayan infringido las disposiciones de la misma Ley.

Además, aunque el referido análisis no lo menciona, en 2021, Hernández Orantes fue detenido en Chiquimulilla, Santa Rosa, precisamente por un caso de falsificación de documentos para hacerse pasar por representante sindical. La Policía Nacional Civil lo acusó en esa oportunidad de “falsedad material e ideológica”.

Fuentes del INDE dieron a conocer que, aunque varios recursos legales interpuestos en contra del proceso han sido rechazados, hay un amparo que sí fue otorgado de manera provisional por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que de momento frena el nombramiento de Ortiz Ramírez. 

Dicho amparo fue presentado por el ciudadano Werner Rolando Sierra Fernández.