personajes no entrevistas
Al centro la Fiscal General María Consuelo Porras, Miguel Martínez exdirector del extinto Centro de Gobierno y José Flamenco Lau presidente del IGSS. Arte: Alejandro Ramírez.

Conceder una entrevista a La Hora es algo a lo que se resisten al menos tres personajes de la vida política o de la administración pública del país. Tienen en común que han recibido diversos señalamientos de supuestos hechos de corrupción o de abuso de poder. 

En más de una ocasión, este medio intentó comunicarse o buscó entrevistas con el exdirector del Centro de Gobierno durante el gobierno de Alejandro Giammattei, Miguel Martínez; la fiscal general de la nación, María Consuelo Porras; y con el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), José Adolfo Flamenco. 

Los tres están bajo la lupa de la opinión pública debido a su gestión y al papel que jugaron en la administración anterior y en el caso de Flamenco, que sigue jugando al frente del seguro social. En escasas ocasiones comparecen ante algún medio de comunicación, aunque hay algunas excepciones. 

La Hora hace un repaso de estos personajes y de su incidencia en la vida nacional. 

LA SOMBRA DETRÁS DEL TRONO

Miguel Martínez, también pareja del expresidente, tuvo mucha influencia dentro del gobierno anterior al punto que Giammattei creó una estructura, que llamó Centro de Gobierno, y que coordinaba las funciones de los 14 ministerios, con lo cual suplantaba las funciones que, de acuerdo con la Constitución, solo correspondían al vicepresidente. 

Debido a las críticas, Giammattei se vio forzado a cerrar la referida instancia. Es muy recordado el 4 de diciembre de 2020, cuando salió en una conferencia de prensa, junto con el exvicepresidente Guillermo Castillo, y visiblemente molesto anunció a medias dicho cierre, se dio la vuelta y se marchó del Salón de los Espejos, en Casa Presidencial, sin contestar preguntas a la prensa.

Martínez es señalado de influir en contrataciones millonarias en el gobierno pasado. Diversos medios de comunicación, entre estos La Hora, han documentado y publicado artículos periodísticos en lo que se señala los vinculos del exfuncionario con la farmacéutica La Botica y con la constructora Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro). 

MIGUEL MARTINEZ
Actividad del partido Vamos en donde Miguel Martínez, extitular del desaparecido Centro de Gobierno, fue grabado cantando “Jefe de Jefes”. Foto: La Hora / Redes Sociales

Ambas empresas recibieron contratos millonarios como nunca, durante el gobierno de Giammattei. De 2020 a 2023, La Botica recibió adjudicaciones por Q540.1 millones, cuando en el pasado, desde 2015, se hizo de 96% menos en contratos. 

Uno de los fundadores de dicha farmacéutica, Jairo Ernesto Ponce (“Cuto, según su perfil de Facebook), era muy cercano a Martínez, en redes sociales se difundieron fotografías de ambos compartiendo en distintas ocasiones, incluso junto con el expresidente Giammattei. 

Cuando el exgobernante era presidente electo, en noviembre de 2019, los tres viajaron juntos a España, y Ponce fue presentado como uno de los asesores de la delegación.

Gobierno de Giammattei dedicó un puente a un amigo de Miguel Martínez

Incluso, en abril de 2022, el expresidente nombró como “Cuto” a un puente que inauguró sobre la Ruta Nacional 14, entre Antigua Guatemala y Ciudad Vieja, Sacatepéquez, como se hace llamar Ponce.

Aspetro mostró un patrón similar. Aunque de 2005 a 2008 firmó contratos públicos por Q64.59 millones, en el gobierno pasado sus adjudicaciones rebasaron los Q2 mil 14 millones, un aumento de 3,119 por ciento (%), en solo cuatro años.

Los principales de esa empresa, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva (padre e hijo) fueron sancionados por el Departamento de Estado en julio de 2022, señalados de “importante corrupción, al pagar sobornos para recibir contratos de corrupción”. 

La Hora pudo determinar que la sanción a Aspetro obedeció a la cercanía que sus socios fundadores con Martínez

Además, diferentes reportajes periodísticos han cuestionado el aparente enriquecimiento del exjefe del Centro de Gobierno que le habría llevado a facilitarle a su familia lujosas viviendas, así como tener la posibilidad de rentar otra propiedad en un área boscosa de la zona 15 que era utilizada como gimnasio y casa club de un equipo alterno de la Universidad de San Carlos, que jugaba en la Primera División del futbol guatemalteco y que fue fundado por el cuestionado rector de esta casa de estudios, Walter Mazariegos. 

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Martínez fue sancionado casi al final del Gobierno de Giammattei, en diciembre de 2023, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bajo la Ley Global Magnitsky. Esta última sanción a causa de la acusación, según la cual, influyó para la compra fraudulenta de 16 millones de vacunas Sputnik V, en favor de la fabricante de capital ruso Human Vaccine.

“Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, dijo el día de la sanción el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian E. Nelson, según una nota publicada en el sitio de internet de la OFAC. 

Como se recuerda, Guatemala terminó comprando solo la mitad de 16 millones de vacunas que se había pactado adquirir por la cual pagó Q614 millones, pero el fármaco vino a cuenta gotas a lo largo de 2021, mientras cientos morían a diario de covid-19, a causa de la variante delta.

494 días en los que el MP ratifica su protección oficiosa a Miguel Martínez

El Gobierno de EE. UU. entró al rescate e hizo donación millonaria de vacunas Moderna y Pfizer, de lo contrario probablemente millones de guatemaltecos no se hubieran vacunado. 

Al final más de 1 millón de Sputnik V se desperdiciaron porque ya no se aplicaron y fue necesario deshacerse de ellas, el monto de estas sumó de Q84.3 millones.

La Hora ha solicitado entrevistas con Martínez, pero no ha accedido. En septiembre del año pasado, luego de la publicación del caso B410 titulada “estructura apunta a la operación de Miguel Martínez”, este envió una carta a esta Redacción en la cual se desliga por completo del caso y dijo sentirse “agredido” por titulares “tendenciosos”. 

Su carta se publicó, pero en contraparte, La Hora le envió una serie de 37 preguntas por correo que nunca respondió

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Recientemente, de nuevo se le intentó contactar —sin éxito— para que explicara la posible vinculación de la casa donde vivía su familia, en Jocotenango, Sacatepéquez, y una de las empresas vinculadas al notario que constituyó gran parte de las sociedades involucradas en el caso B410.

Días antes, Martínez había concedido una entrevista a otro medio de comunicación en donde dijo desconocer por qué lo relacionaban. 

LA FISCAL QUE AVALÓ EL INTENTO POR DESCONOCER LAS ELECCIONES 

La fiscal general de la nación y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, es otro personaje que no le ha dado entrevistas a La Hora. A excepción de algunas apariciones en conferencias de prensa, raras veces tiene acercamientos con los medios, aunque hay acepciones cuando se trata de medios aliados. 

El pasado 16 de mayo, con ocasión de rendir su tercer informe de labores, fue su más reciente aparición pública, en un recinto lujoso en Antigua Guatemala, donde la prensa no tuvo acceso, igual a como lo hizo en 2024. 

Porras, a quien le queda poco menos de un año para abandonar el cargo, ha sido sancionada por más de 40 países alrededor del mundo luego de haber avalado el intento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, de desconocer los resultados electorales de 2023. 

Consuelo Porras
La Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, en la presentación de su informe laboral. Diseño La Hora / Alejandro Ramírez

Estas acciones recibieron la condena, tanto nacional como internacional, y fueron señaladas de antidemocráticas y de golpe de Estado blando, porque se interpretaron como que el MP estaba en contra de la voluntad popular, ya que se iniciaron inmediatamente después de que Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla pasó a la segunda vuelta electoral. 

Es evidente que no se sabe qué hubiera pasado si quien pasa a la segunda vuelta hubiera sido otro candidato. Pero con la victoria de Semilla se inició una arremetida en contra del partido, primero para que no se certificara su pase al balotaje y luego para que Arévalo no asumiera el cargo, en enero de 2024. 

En octubre de 2023, la FECI llevó a cabo un operativo en el interior del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en donde extrajo las cajas electorales ante la resistencia del personal, entre ellos tres de los magistrados, mientras que en el Parque de la Industria se difundieron videos en donde se veía a los fiscales contando los votos, dos acciones que son consideradas por muchos analistas y abogados como abiertamente ilegales. 

El 8 de diciembre de 2023, Curruchiche, el secretario general del MP, Ángel Pineda, y otros fiscales ofrecieron una conferencia de prensa en la cual declararon que las elecciones fueron fraudulentas, pese que fueron certificadas por el TSE, así como observadores de Guatemala y del exterior.

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La FECI, con el aval de Porras, continúa con los procesos abiertos y con gente que sigue en prisión preventiva.

Pero, el reclamo de gran parte de la sociedad hacia la fiscal general y al MP, no es solo esta arremetida en contra de los resultados electorales. También se le recrimina el que no avanzan los casos de corrupción de administraciones pasadas y el hecho de que muchos de los sindicados, que incluso reconocieron sus culpas en su momento, han sido liberados, como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. 

La Hora lleva un conteo desde que Giammattei y Martinez salieron del poder, que se acerca a los 500 días, en que no se ve acción concreta en contra de ninguno de los dos, más que la reciente solicitud de inmovilizar seis bienes que estarían vinculados a él.

Pero no hay resultados concretos de más de 200 casos de posible corrupción denunciados por el actual gobierno, por proyectos de infraestructura dejados a medias a pesar del pago de miles de millones de quetzales, ni por el favoritismo mostrado en favor de las empresas relacionadas con el exjefe del Centro de Gobierno, entre otros. 

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El caso más sonado (y posiblemente el que más indigna a los guatemaltecos) es el de las vacunas Sputnik V, en el cual no se ve la misma diligencia como cuando deben investigar asuntos en contra de las actuales autoridades de Gobierno o del partido político Movimiento Semilla, actualmente cancelado, pero no por resolución del TSE, sino de un juez penal.

EL PRESIDENTE DEL IGSS

José Adolfo Flamenco, actual presidente de la Junta Directiva del IGSS, también se resiste a hablar con La Hora, a pesar de que el pasado 14 de febrero, con motivo de la elección de autoridades en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, dijo ante las cámara de este medio que estaba dispuesto a conceder una entrevista. 

“Yo creo que este no es el espacio, deberíamos de pedirme una cita (SIC), como ya les había otorgado, para que lleguen allá al despacho, vamos a hacer una entrevista cómo debe de ser allá en la oficina con mi equipo de comunicación, para que grabemos toda la entrevista”, dijo Flamenco a uno de los reporteros de La Hora. 

José Flamenco, presidente del IGSS, se resiste a dar entrevista a La Hora

Aseguró que ha dado declaraciones en otras ocasiones pero que no se han publicado “como corresponde”. 

Días después, Flamenco no contestó llamadas ni mensajes enviados desde la dirección del medio. 

De igual forma, el 17 de febrero La Hora se comunicó con la encargada de la oficina de prensa del Seguro Social, con el fin de coordinar el encuentro, sin embargo, aunque una persona respondió que «el presidente está dispuesto a la entrevista», ya no hubo una respuesta durante esa semana.

Esta redacción preguntó textualmente: “Cuándo puede el señor Flamenco recibirnos en su despacho, o bien sea venir a las oficinas de La Hora, para abordar los temas que inquietan a la ciudadanía y, sobre todo, a los contribuyentes del IGSS”, como él lo ofreció.

Algunos de los temas que son de interés abordar con el presidente del IGSS son: las adjudicaciones millonarias a La Botica, que siguió recibiendo contratos del Seguro Social, incluso, después que Giammmattei dejó el cargo (este expresidente fue quien nombró a Flamenco el junio de 2021.

También la pretensión de comprar equipo tecnológico de marca china, un negocio de Q39.7 millones que se vino abajo sólo hasta que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitó Guatemala y alertó de los riesgos de equipo tecnológico de esa procedencia. 

El IGSS firmó el contrato en favor de la empresa U Energy Corp, S.A., distribuidora de Huawei, China, en Guatemala. La entidad china tiene vínculos con el expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal, también cercano a Miguel Martínez. Mondal fue sancionado por Estados Unidos en el proceso de su salida del Bantrab.

Además, en noviembre pasado, el Seguro Social, adjudicó un contrato por Q51.2 millones a Centro de Diagnósticos Médicos de Guatemala, S. A. (CDM) para la atención de pacientes con cáncer, aunque el lugar aún no estaba en funcionamiento y las bases del concurso especificaban que ya debía estar en operación.

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Aparte de la dudosa experiencia de la empresa, el concurso tiene altos indicios de que fue dirigido.

Otro de los temas que inquietan es todo lo relacionado a las compras amparadas, gracias a las cuales se han adjudicado millones a farmacéuticas, puesto que dichas resoluciones judiciales le permiten comprar medicamentos de marcas en específico cuando en el mercado hay de menor precio. Esta no es una creación de Flamenco pero la práctica ha persistido durante su mandato sin que se note algo para corregir el rumbo.

 

Sergio Morales
Periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Temas políticos, comunitarios, datos, gestión pública y migración.
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