El pasado 23 de mayo la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó su informe de auditorías al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024, en el cual destacan 3 mil 554 hallazgos, por más de Q2 mil 800 millones, producto de 1 mil 446 auditorías.
Cabe destacar que dentro de las acciones llevadas a cabo posterior a los hallazgos está la presentación de 115 denuncias penales por posibles malos manejos en diferentes instituciones del Estado, que suman Q2 mil 620 millones.
Por aparte, también se cuentan 3 mil 353 sanciones económicas que representaron Q134.2 millones y 86 formulaciones de cargo, por un monto de Q59.19 millones.
¿Pero cuáles son los proyectos e instituciones que presentan el mayor monto de denuncias? La oficina de Comunicación de la CGC proporcionó a La Hora un listado de las principales denuncias que se presentaron ante el Ministerio Público (MP) dando como resultado que el proyecto con el monto denunciado más elevado es el del aeródromo San José, en Puerto San José, Escuintla.
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DE PROYECTO ESTRELLA A OBRA ABANDONADA
Desde mayo de 2024, La Hora ha publicado una variedad de artículos relacionados a este proyecto millonario que fue vendido como una de las obras «estrella» del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
El día que fue anunciado, el exgobernante afirmó que el Aeródromo San José sería convertido en el aeropuerto de carga más moderno de Centroamérica; sin embargo, al terminar su mandato, solo quedaron rastros de obras que denotaban que algo se había trabajado, pero que no fue concluido.
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El monto de la denuncia es por Q729.5 millones. De acuerdo con la descripción de la misma es por «irregularidades en la ejecución y supervisión de obras», en la construcción del referido aeropuerto.
La remodelación que comenzó en el gobierno pasado, constó de seis proyectos: la construcción de un muro perimetral y garitas de acceso, la remodelación de la sala de abordaje, la construcción de una torre de control, la ampliación de la pista de aterrizaje, la construcción de una estación de bomberos y la urbanización del área.
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Todos estuvieron a cargo del Fondo Social de Solidaridad (FSS), unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV). Los primeros dos se terminaron, los otros cuatro se encuentran entre litigios y la insistencia de las actuales autoridades para que sean retomados, pero no se tiene claro cuando podría ocurrir.
De cualquier forma la CGC presentó la denuncia por el monto de los seis proyectos. Además, una fuente de la institución indicó que la denuncia es por actuaciones ocurridas en el gobierno anterior, pero también del actual, debido a que se autorizaron pagos a las constructoras que recibieron los contratos.
VIVIENDA
Otro de los proyectos denunciados penalmente también tiene que ver con el CIV, y es el Fideicomiso de Inversión para la Vivienda (FIV) por un monto de Q512.7 millones. El informe de auditoría detalla como base para presentar la denuncia la «falta de ejecución presupuestaria 2024».
No hay más detalles que abonen o explique el porqué de la denuncia.
Este fideicomiso se utiliza para el programa gubernamental Mi Primera Vivienda, mediante el cual los guatemaltecos pueden acceder a créditos con tasas de interés del 5%. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, de cerca de 3 mil 500 solicitudes solo se han aprobado 85.
Según declaraciones de funcionarios actuales, el programa busca destinar Q4 mil millones durante los cuatro años de administración de Bernardo Arévalo, con el fin de promover la accesibilidad de una vivienda para las familias guatemaltecas.
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EN EL MAGA
Otra de las denuncias penales millonarias presentadas tiene que ver con el «incumplimiento a la normativa legal, en la distribución inadecuada de fertilizante», un programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
La denuncia fue por Q144.8 millones; no obstante, la CGC no proporcionó mayores detalles sobre esta denuncia.
Este año, el programa de distribución de fertilizantes tiene un presupuesto de Q120 millones. Este será entregado en 10 departamentos, Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Retalhuleu, Jutiapa, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché y San Marcos.
El CIV vuelve a figurar en el listado de las entidades cuyo monto de denuncia es elevado. Una tercera fue presentada por aparentes «irregularidades en el proceso de revestimiento y recepción del contrato de concesión de la autopista Palín-Escuintla, del 2023.
Las autoridades actuales del CIV también denunciaron, a inicios del año pasado, supuestos actos de corrupción relacionados a la concesión de dicha carretera.
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La quinta denuncia más elevada presentada al MP es la relacionada con la adquisición de libretas para pasaportes en el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), por un monto de Q63 millones.
Según la información de la CGC se detectaron «inconsistencias e irregularidades en el proceso de contratación, suscripción, y aprobación del contrato de adquisición de pasaportes, por el incumplimiento a la normativa de la Ley de Contrataciones».
Esta denuncia fue presentada en noviembre del año pasado y fue por omisiones en el proceso de adjudicación del contrato. La denuncia es en contra del actual director del IGM, Alfredo Danilo Rivera y del subdirector Carlos Eduardo Woltke.
Dentro de los hallazgos dados a conocer en aquella ocasión estaba, la falta de determinación del precio de referencia, legislación desactualizada, falta de publicación en Guatecompras del proceso de adquisición, incumplimiento de las bases de licitación en cuanto a la calificación de ofertas e incumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La lista de 10 denuncias más voluminosas la complementan:
- Ministerio de Cultura y Deportes, por Q48.5 millones, por el suministro e instalación de módulos de madera en el Parque Arqueológico Tayasal.
- Ministerio de Gobernación, por Q42.3 millones, por la adquisición de alimentos. Seguimiento al caso B410.
- Ministerio de Economía, por Q33.7 millones, por irregularidades en la ejecución del Fondo de Becas.
- Ministerio de Comunicaciones, por Q33.2 millones, por irregularidades en las cláusulas contractuales y en la finalización de la construcción del Hospital de San Pedro Necta, obra a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).
- Tribunal Supremo Electoral, por Q29.1 millones, por adquisición de equipo de cómputo.
