La recuperación definitiva de las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) que por años estuvieron a cargo de una empresa que no pagaba por su arrendamiento, pero sí las explotaba comercialmente, depende de que las resoluciones judiciales estén en firme, dijeron autoridades.
La directora interina de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Azucena Zelaya, detalló que al día de hoy todavía podrían presentarse alguna acción legal que impediría tomar a plenitud los espacios donde antes había publicidad o pantallas que reproducían anuncios.
De hecho, al día de hoy están a la espera de que se resuelva una apelación que Media Airport System, la empresa que tenía el contrato de arrendamiento con la DGAC, presentó, luego de que a finales de septiembre pasado el juez Noveno de Primera Instancia Civil, Federico Gerardo Maza González-Campo, retiró las medidas precautorias que le había otorgado en 2019 y con las cuales había operado en el AILA sin pagar la renta.
“Hemos dado seguimiento a los procesos legales y hemos dilucidado cada uno de ellos. Estamos esperando que se resuelve la apelación, pero hemos hecho las acciones correspondientes para asegurarnos la recuperación de las áreas”, dijo Zelaya a La Hora.
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De momento, añadió, la restricción de operaciones a la empresa dentro del Aeropuerto sigue porque los recursos que presente la empresa no limitan el levantamiento de las medidas dictadas por el juez.
“Media ya no está haciendo nada en el Aeropuerto, ya no tiene nada bajo su control. Ahí siguen sus pantallas, pero ellos ya no tienen acceso a las áreas como tal, ha sido apagadas y la publicidad en —el área de— bandas fue retirada”, aseguró la directora interina de la DGAC.
Respecto de si la recuperación total podría ocurrir antes de que finalice este año, Zelaya aseveró que dependerá de lo que resuelvan los jueces y tribunales a los recursos que se planteen.
“Nosotros quisiéramos que fuera lo antes posible, pero dependemos de lo que dictaminen los juzgados”, detalló la funcionaria. Incluso, después de que se resuelva la apelación pendiente, habrá que esperar si la empresa presenta algún recurso, por ejemplo, ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
En relación con la publicidad en el exterior, comentó que este proceso se encuentra en fase del cierre administrativo del contrato con la empresa Lúbrica, S. A., pero también interpusieron un recurso legal para revertir la acción.
¿Y LAS GRADAS Y ELEVADORES?
Por aparte, Zelaya también se refirió a la instalación de gradas eléctricas y elevadores en el AILA, cuyo plazo para la instalación vence este 31 de octubre, luego de que la empresa, Tecnologías Smart Home, acordara un nuevo plazo en un proceso de conciliación.
La funcionaria aseguró que han dado acompañamiento al proceso de instalación y se han reunido con representantes de la empresa quienes les han dicho que “si van a cumplir con el plazo”. “Hay cosas que se atrasan, pero han estado corriendo para poder cumplir, esperamos que se logre, que es altamente probable, pero será la responsabilidad final de la empresa”, detalló.
Indicó que el compromiso de la firma es que al 31 de octubre los equipos deben estar instalados. Luego de eso comenzará una etapa de verificación del funcionamiento, capacidad y calidad de los equipos, para luego recibirlos de manera oficial.
Añadió que el tránsito de personas por el lugar no se permitirá hasta que están seguros del correcto funcionamiento, tanto de las gradas como de los elevadores.
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CONTRATOS
Tanto el contrato de la publicidad como el de la instalación de las gradas eléctricas y los elevadores han sido polémicos.
De la existencia del primero se supo el pasado 19 de septiembre cuando la DGAC denunció que dicho contrato era lesivo para los intereses del Estado, puesto que le permitió a la compañía vender publicidad en ese lugar desde 2013 sin pagar por el alquiler de los espacios desde 2014.
El litigio legal que empezó en 2018 pasó por dos procesos judiciales, uno contencioso-administrativo que fue declarado en favor de la DGAC, incluso en apelación; y otro civil, que finalmente se dictaminó en contra de la empresa, cuando a finales de septiembre pasado el juez Noveno de Primera Instancia Civil, Federico Gerardo Maza González-Campo, retiró las medidas precautorias en favor de la empresa que le había otorgado desde 2019, con las cuales Media Airport System pudo operar sin pagar la renta a la DGAC.
El de las escaleras eléctricas y elevadores se firmó con Tecnologías Smart Home por un monto de Q8.6 millones, pero el proceso que se atrasó debido a que las dimensiones de las gradas eléctricas no eran las requeridas en las bases de licitación.
El incumplimiento de esta parte del contrato dio lugar al retraso, razón por la cual la ex ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, en febrero pasado, diera por terminado el contrato, ordenó la ejecución de la fianza y denunció a las anteriores autoridades en el Ministerio Público (MP).
Tecnologías Smart Home, S. A., apeló a una de las cláusulas del contrato para que este no fuera cancelado a lo cual el CIV, ahora a cargo del ministro Félix Alvarado, accedió. Los acuerdos conciliatorios establecieron como nueva fecha límite para instalar las gradas el 31 de octubre próximo.
