La mayoría de los proyectos de infraestructura iniciados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) no se concluyeron por diversos motivos, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Acceso a la Información Pública de dicha cartera.
Una buena cantidad de estos fueron suspendidos; sin embargo, los contratistas recibieron desembolsos que rondan los Q2 mil 986 millones, sin que hasta el momento se sepa si van a ser retomados por las actuales autoridades.
El informe proporcionado por Información Pública del CIV detalla que durante la administración de Giammattei se comenzaron 263 proyectos de inversión de infraestructura de los cuales se finalizaron 96, otros 61 se encuentran en ejecución y 88 fueron suspendidos. Además, otros cinco contratos fueron suspendidos, seis proyectos ni siquiera se iniciaron y siete se quedaron a medias debido a que el contrato se venció.
De los proyectos iniciados, 136 estuvieron a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC). En 63, la unidad ejecutora fue el Fondo Social de Solidaridad (FSS) y otros 65 fueron de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).
Los recursos invertidos por el CIV se invirtieron de la siguiente forma:
Cantidad | Desembolsos en millones de Q. | |
Proyectos finalizados | 96 | 2,939.70
|
Proyectos suspendidos | 88 |
2,986.45 |
Proyectos con contratos vencido | 7 | 165.66
|
Proyectos en ejecución | 61 |
4,246.20 |
Proyectos sin iniciar | 6 | – |
Proyectos con contrato rescindido | 5 | 256.88
|
Total |
263 |
10,595.00
|
PROYECTOS
Dentro de los proyectos cuyo plazo contractual ya venció o que fueron suspendidos se encuentran cuatro Escuelas Bicentenario, las que se ubican en Parramos, Chimaltenango; San Antonio La Paz, El Progreso; La Libertad, Petén; y en Morales Izabal.
Por estas escuelas, que formaron parte de uno de los proyectos estrella de Alejandro Giammattei se hicieron pagos por arriba de los Q144.4 millones. En las primeras tres, incluso, los pagos sobrepasaron el valor del contrato, sin que estas se hayan terminado.
Por la de Parramos se pagó Q1 millón 850 mil demás, por la de San Antonio La Paz, Q8 millones 177 mil y por la de La Libertad, el sobrecosto pagado ascendió a Q1 millón 947 mil.
Estas escuelas fueron noticia recientemente puesto que se han presentado denuncias por posibles hechos de corrupción, la más importante tiene que ver con una supuesta trama para beneficiar a una empresa que era la única que distribuía el material con el que las bases de licitación decían que se debía construir los inmuebles.
Además, La Hora publicó un artículo en abril pasado que revela que las empresas que fueron adjudicadas con estos proyectos recibieron otros contratos millonarios durante la administración de Alejandro Giammattei.
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EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Asimismo, en el reporte se cuentan varios proyectos millonarios que iniciados desde el FSS, que fueron suspendidos, pero que recibieron pagos.
Entre estos, están los relacionados al mejoramiento del aeródromo San José, en Puerto San José, Escuintla, que supuestamente se iba a convertir en una terminal aérea de primer nivel. Por estas obras inconclusas se pagaron casi Q400 millones; Q6.6 millones por la construcción de la estación de bomberos, Q373.6 millones por la ampliación de la pista de aterrizaje y Q18.9 millones por la dotación de servicios (drenajes, planta de tratamiento y energía eléctrica) a la terminal aérea.
En este sentido, cabe recordar que los proyectos del aeródromo San José que, según el CIV, fueron finalizados quedaron con defectos como la remodelación de la sala de abordaje a al cual, de acuerdo a lo observado en una visita presencial efectuada por este medio en mayo pasado, se le filtró el agua con los primeros aguaceros de la temporada.
Aeropuerto Escuintla: sala de abordaje de Q15 millones y se filtra el agua
Entre otros proyectos que el FSS ejecutó, pero se suspendieron están varios mejoramientos de carreteras departamentales o caminos rurales en Sanarate, El Progreso; Chuarrancho, Guatemala; así como en San Antonio Ilotenango y San Pedro Jocopilas, en Quiché. Por estas obras, que se encuentran paralizadas, se desembolsaron Q275.7 millones.
EN CAMINOS
Por aparte, de los 136 proyectos iniciados por la DGC en la administración pasada finalizó 48, otros 50 están suspendidos, y los restantes 38 están en ejecución, dentro de estos últimos resalta la construcción del puente Belice II y sus aproximaciones, un proyecto de Q1 mil 785 millones, que, aunque su estatus oficial es «en ejecución», en la práctica se encuentra suspendido por problemas de derechos de vía.
De igual forma, dentro de las obras en suspenso o en ejecución están varios proyectos incluidos en el decreto 21-2022, Ley para fortalecer la construcción y mantenimiento de infraestructura estratégica, aprobada en 2022 y que autorizaba al CIV el uso de Q3 mil 100 millones.
El remozamiento de estas carreteras comenzó en 2022, pero en un trabajo periodístico que efectuó La Hora entre mayo y junio pasados, pudo constatar que muchas de estas permanecen inconclusas, pese a haber recibido millonarios desembolsos.
Estos son algunos de los proyectos inconclusos, ejecutados por la DGC como parte del decreto 21-2022:
Proyecto | Desembolsos, en millones de Q. |
Jocotán hasta El Florido
Rehabilitación de ruta CA-11 desde |
10.42 |
Rehabilitación ruta CA-2 oriente, Pasaco,
Jutiapa. |
34.04 |
Rehabilitación CA-2 occidente entre Tecún
Umán y Catarina, San Marcos |
76.30 |
Construcción paso a desnivel en Km 19
Ciudad Satélite Mixco |
59.70 |
Construcción paso a desnivel en Santa
Lucía Milpas Altas |
68.30
|
En total, por los proyectos suspendidos en la DGC se pagaron Q1 mil 811 millones, de acuerdo con la información proporcionada.
De estos al menos Q248.7 millones corresponden a proyectos incluidos en el decreto 21-2022, una ley que fue aprobada de manera exprés y en medio de señalamientos de opacidad, puesto que la mayoría de los proyectos incluidos, aparentemente, fueron propuestos por los diputados distritales, lo que les hacía carecer de respaldo técnico.
Semanas después de su aprobación, el exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, al ser cuestionado por dicho respaldo técnico respondió en una entrevista con otro medio de comunicación que eso había que preguntárselo a los diputados distritales porque de ellos habían nacido los proyectos.
La iniciativa de ley la presentó la diputada del partido Vamos, Shirley Rivera, en ese entonces presidenta del Congreso. Fue recibida en Dirección Legislativa, se le dio dictamen y fue aprobada por el pleno en apenas 15 días.