Pagos, al menos a tres contratistas, provocaron la remoción de exministra De la Vega

La remoción de Jazmín De la Vega al frente del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI) se produjo porque la exfuncionaria hizo pagos a constructoras, fuera del procedimiento establecido, justificó el Gobierno el día de su destitución.

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— Diario La Hora (@lahoragt) May 22, 2024

Entre estas compañías se encuentran tres que tuvieron millonarias adjudicaciones durante la administración pasada.

La secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, reveló este martes 21 de mayo, en una citación en el Congreso de la República, que entre los pagos que causaron la destitución de De la Vega están los que autorizó a las compañías:

 

 

Estas empresas tiene un largo historial de negocios con el Estado, incluyendo contratos recibidos durante la administración de Alejandro Giammattei.

CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS

La primera, Construcciones Integrales Avanzadas, ha firmado contratos con el Estado desde el 2008 por Q1 mil 745 millones, durante el Gobierno pasado destacaron tres proyectos que les fueron adjudicados por parte del MICIVI.

El primero, el mejoramiento de un tramo de la Ruta Nacional 12 y otro de la Ruta Departamental 30, ambas en San Marcos, lo que le valió un contrato por Q191.1 millones, de los cuales, según el portal Guatecompras solo se le ha pagado Q49.4 millones.

También se le adjudicó la ampliación a cuatro carriles de un tramo del Anillo Regional Metropolitano por un monto de Q590.2 millones, por el cual ya se pagó Q234.7 millones. El tercer contrato fue por el diseño y construcción del puente Nahualate en la CA2 occidente, por un monto de Q49 millones. De este contrato ya se ejecutó Q4.5 millones.

EMPRESAS FUERON MENCIONADAS COMO VINCULADAS AL TESTIGO A

La nota titulada como: Edmundo Lemus dio contratos a empresas señaladas por el Testigo A, explica que el Micivi destaca que bajo el mando del diputado del partido oficial VAMOS y exministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus benefició a las cuatro constructoras implicadas en el caso del “Testigo A”, que se reveló en la investigación periodística de los medios internacionales El Faro y CNN en Español, que señalan un posible financiamiento electoral anómalo a la campaña del expresidente Alejandro Giammattei.

Edmundo Lemus dio contratos a empresas señaladas por el Testigo A

 

«Se trata de las entidades Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM) Sociedad Anónima (S.A.) de Alejandro Matheu Escamilla, Constructora J.J.R.M., S.A., Proyectos Múltiples Prourba de Rafael Ricardo Bonilla Miyares y Coamco, cuyo representante legal es Juan Pablo Mansilla Morales, las cuales son mencionadas en la publicación del medio digital salvadoreño El Faro, como una estructura de corrupción de obras públicas durante el gobierno de Jimmy Morales, que buscaba seguir operando en la administración de Giammattei por medio del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, este último enfrenta proceso penal por casos de corrupción», dice la nota.

A partir de las publicaciones de El Faro y CNN en Español, «La Hora hizo una verificación de las adjudicaciones que realizó el Micivi después de la supuesta negociación entre Giammattei, Benito, cuatro constructoras, Miguel Martínez, el exdirector del Centro de Gobierno y Giorgio Bruni, quien era secretario general del partido Vamos y después fue Secretario Privado de la Presidencia», se mencionaba en dicho trabajo.

COAMCO

En seguida, la empresa COAMCO ha firmado casi 70 contratos con el Estado desde 2013, lo que le ha valido, Q881.5 millones, más de la mitad los obtuvo durante el gobierno pasado.

En 2022 firmó sus contratos más voluminosos con el CIV, uno por Q116.1 millones por la rehabilitación de varias carreteras en San Marcos, por el cual se pagó, según Guatecompras, Q131.9 millones, Q15.8 millones adicionales a lo pactado.

El segundo se firmó por Q206.5 millones y establecía la reparación de varias rutas en el departamento de Guatemala, por este ya se pagó Q210.4 millones, Q3.9 millones más que lo acordado en el contrato.

Por aparte, la tercera compañía, Supervisión. Construcción y Mantenimiento, S. A. tiene registros en Guatecompras desde 2005 por un total que rebasa los Q1 mil 42 millones. Entre 2020 y 2021 obtuvo seis, por Q312.6 millones. De estos, cuatro fueron con el CIV, uno con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) el tercero con la Municipalidad de Barberena, Santa Rosa.

El más grande fue por Q177.9 millones para el mejoramiento del camino rural que conduce de Tecpán Guatemala a San Martín Jilotepeque, Chimaltenango y por el cual ya se pagó Q126.8 millones. Además, también se le adjudicó la reparación de un tramo de la Ruta Nacional 11 en Quiché, por el cual firmó un contrato de Q73.9 millones, de los cuales recibió Q77.2 millones, Q3.3 millones adicionales por los sobrecostos.

POLÉMICA

El pasado 17 de mayo el Gobierno anunció la destitución de De la Vega al aducir que había incumplido las instrucciones del mandatario al autorizar pagos a constructoras, fuera del procedimiento acordado.

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Ni en la comunicación oficial ni en la conferencia de prensa que ofreció el mandatario, la tarde del 20 de mayo se dio a conocer los nombres de las empresas. Fue hasta este martes cuando la secretaria privada reveló tres de una lista a los cuales se les efectuaron desembolsos. No está claro si todos los pagos de la lista a la que hizo referencia en la citación se hicieron fuera del procedimiento estipulado.

Por la tarde de este martes, De la Vega ofreció una conferencia de prensa en la que dijo no se prestó para hacer movimientos ilegales y que «todo lo que se solicitó, fue lo correcto», aunque no proporcionó los nombres de las empresas a las cuales se les hizo efectivo sus pagos.