Hace tres años, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Walter Mazariegos en la lista de actores que, a su juicio, habían socavado la democracia. La sanción lo convirtió en uno de los rostros del deterioro institucional de Guatemala para Washington. Hoy, recién instalado para un nuevo período al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), tras un segundo proceso electoral denunciado como fraudulento por amplios sectores, el rector parece dirigir la mirada hacia el principal rival geopolítico de Estados Unidos: China.
El primer movimiento público no ocurre en una embajada ni durante una visita oficial. Comienza con un contrato para adquirir 35 computadoras destinadas a un laboratorio de la Facultad de Ingeniería.
Detrás de ese expediente, sin embargo, distintas fuentes universitarias consultadas por La Hora describen una negociación que va mucho más allá de la compra de equipo informático y que, de concretarse, abriría la puerta al Instituto Confucio —la red académica impulsada por el Gobierno chino y considerada por Washington como un instrumento de influencia de Pekín— dentro de la única universidad pública del país.
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HABRÍAN LLEGADO A ENTENDIMIENTO CON EMPRESA
Las fuentes, que solicitaron mantener su identidad en reserva, aseguran que Mazariegos habría alcanzado un entendimiento con una empresa de origen chino interesada en participar en la cotización publicada en Guatecompras.
Según esas versiones, la compañía buscaría obtener la adjudicación del contrato y, posteriormente, financiar mediante un convenio la construcción del laboratorio donde funcionarían los equipos, sin costo para la universidad.
Las mismas fuentes sostienen que ese eventual acuerdo formaría parte de conversaciones más amplias para facilitar el establecimiento del Instituto Confucio en la Usac.
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Los documentos públicos únicamente permiten confirmar la existencia del concurso.
El pasado 6 de julio, la Facultad de Ingeniería publicó el evento identificado con el NOG 31084761 para adquirir 35 computadoras destinadas al laboratorio LCE-302. Las bases establecen especificaciones de alto rendimiento: procesadores de diez núcleos, memoria DDR5, almacenamiento SSD de un terabyte, tarjetas gráficas dedicadas y equipos preparados para aplicaciones de inteligencia artificial, simulación, diseño y renderizado tridimensional. En ningún apartado del expediente aparece referencia alguna a convenios complementarios o al eventual financiamiento del laboratorio.
Es fuera de los documentos donde comienza la otra historia.
UN TRUEQUE CHINO
Según distintas fuentes consultadas por este medio, el proceso de adquisición sería únicamente la primera pieza de una negociación política y académica de mayor alcance.
De acuerdo con esos testimonios, la construcción del laboratorio constituiría una contraprestación dentro de un acercamiento entre las autoridades universitarias y actores vinculados con China, cuyo objetivo final sería facilitar la instalación del Instituto Confucio en la Usac.
La posibilidad adquiere relevancia porque coincide con el momento de mayor tensión entre Washington y Pekín por su influencia en América Latina.
Durante su visita oficial a Guatemala, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convirtió la presencia china en uno de los ejes de su mensaje. Al referirse a empresas tecnológicas como Huawei, entre otras, advirtió que el Gobierno de Pekín busca expandir su presencia en sectores estratégicos y afirmó que ese proceso representa «una grave amenaza para la seguridad de un país».
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Rubio sostuvo que China está «obsesionada» con dominar las telecomunicaciones y advirtió que esa estrategia trasciende el ámbito comercial.
La preocupación estadounidense no comenzó con Rubio. En agosto de 2020, durante la primera Administración de Donald Trump, el Departamento de Estado designó al Centro del Instituto Confucio en Estados Unidos como una «misión extranjera» de la República Popular China.
Washington argumentó entonces que la organización desarrollaba actividades de propaganda e influencia política en los campus universitarios y ordenó que transparentara su financiamiento, personal y operaciones. En los años siguientes, decenas de universidades estadounidenses optaron por cerrar sus programas del Instituto Confucio en medio del creciente escrutinio del Gobierno federal.
Para Washington, China no exporta únicamente tecnología, inversiones o cooperación académica. Exporta influencia. Esa convicción explica el endurecimiento de la política estadounidense durante los últimos años frente a empresas como Huawei y frente a instituciones como el Instituto Confucio.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el marco legal chino obliga a las compañías a colaborar con los servicios de inteligencia cuando el Estado lo requiera y consideran que Pekín utiliza su presencia tecnológica, educativa y comercial para ampliar su capacidad de influencia política y estratégica en otros países.
Esa lectura ha llevado a Estados Unidos a restringir equipos de telecomunicaciones chinos, cerrar decenas de Institutos Confucio en universidades estadounidenses y advertir a sus aliados sobre los riesgos de permitir una mayor presencia de China en sectores considerados sensibles.
Las advertencias de Rubio tampoco ocurrieron en el vacío. Meses después, una investigación de La Hora documentó que distintas instituciones del Estado habían destinado más de Q50 millones desde 2020 a la compra de tecnología de origen chino, incluidos equipos Huawei utilizados en infraestructura crítica. Entre las entidades identificadas figura la propia Universidad de San Carlos, que en años anteriores adquirió equipo para fortalecer su infraestructura de telecomunicaciones y el respaldo de datos de su centro de procesamiento de información.
MAZARIEGOS BUSCA ALIADO
El contexto político de Walter Mazariegos añade otra dimensión a esta historia. El rector no solo mantiene una relación tensa con Washington desde su cuestionada elección en 2022, sino que esa distancia se ha profundizado con el paso de los años.
El pasado 18 de febrero, en pleno proceso de integración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Embajada de Estados Unidos en Guatemala lanzó una de las críticas más severas dirigidas hasta ahora contra las autoridades universitarias.
En un mensaje difundido por su cuenta oficial en la red social X, el encargado de Negocios, John Barrett, afirmó que las autoridades universitarias «abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes» con las selecciones realizadas para integrar la comisión de postulación, al privilegiar «sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones».
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Aunque el pronunciamiento no mencionó nombres, entre los integrantes de la comisión señalada figuraban Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos y presidente de la Comisión; Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios; Donald González, representante de los decanos de Derecho de las universidades privadas; y Mynor Herrera, representante de los rectores de universidades privadas.
Las críticas se sumaron a la sanción impuesta por el Departamento de Estado en julio de 2023, cuando Mazariegos fue incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por considerar que había socavado los procesos democráticos durante la elección que lo llevó a la Rectoría de la Usac.
Pese a ello, el pasado 1 de julio asumió un nuevo período al frente de la universidad, nuevamente entre denuncias de fraude y cuestionamientos a la conformación del cuerpo electoral que ratificó su continuidad.
En ese contexto tampoco parece casual que el concurso para adquirir las 35 computadoras haya sido promovido por la Facultad de Ingeniería, uno de los principales bastiones políticos del actual rector. La unidad académica ha respaldado de forma constante a Mazariegos y, apenas en febrero, su Junta Directiva suspendió la segunda vuelta para elegir a los docentes que integrarían el cuerpo electoral encargado de designar rector.
La decisión fue interpretada por estudiantes, profesores y egresados como una maniobra para impedir la conformación de un bloque que no respaldara su continuidad.
En febrero de este año, su Junta Directiva suspendió la segunda vuelta electoral para elegir a los docentes que integrarían el cuerpo encargado de designar rector, una decisión que estudiantes, profesores y egresados interpretaron como una maniobra para impedir la conformación de un bloque que no respaldara la continuidad de Mazariegos.
Por ahora, el concurso para adquirir las 35 computadoras continúa sin adjudicarse. Tampoco existe un convenio público para construir el laboratorio ni un anuncio oficial sobre la eventual instalación del Instituto Confucio en la Universidad de San Carlos.
Sin embargo, las versiones recogidas por este medio, unidas al contexto político que rodea a la universidad y al creciente pulso entre Washington y Pekín, permiten observar el expediente bajo una luz distinta.
Más que una compra de equipo informático, el concurso podría convertirse en el primer indicio de un acercamiento entre un rector sancionado por Estados Unidos y el principal adversario estratégico de ese país. Si esas negociaciones terminan materializándose, la disputa entre las dos mayores potencias del mundo habrá encontrado un nuevo escenario: los pasillos de la universidad más grande de Guatemala.
YA NO ME ESCRIBA
La Hora intentó sin éxito hablar con Walter Mazariegos, rector de la USAC. La última vez que contestó a un periodista de este medio, expresó “ya no me escriba”.
