El desabastecimiento de un fármaco llamado Truvada mantiene en incertidumbre a 3 mil pacientes con VIH atendidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mientras el IGSS guarda silencio, la Procuraduría de los Derechos Humanos advierte que la interrupción del tratamiento derivado del desabastecimiento que confirmó constituye una vulneración directa al derecho a la salud y a la vida.
La vida de Danilo (nombre utilizado para proteger su identidad) cabe hoy dentro de un frasco plástico con 30 pastillas azules. Lo abrió el pasado 1 de julio. Es el último que le queda. Cuando la última pastilla desaparezca también desaparecerá parte de la barrera que mantiene controlado el virus con el que convive desde hace una década. Después de eso solo queda esperar.
«Espero que la medicina llegue al IGSS antes que mi muerte», dice a La Hora con una serenidad que estremece más que el miedo.
Tiene 35 años, es ingeniero agrónomo, vive en Zacapa y desde hace más de 10 años cumple el mismo ritual. Cada 12 horas toma una pastilla de Raltegravir; cada 24 horas otra de Truvada; los dos medicamentos se complementan para combatir el virus. Nunca ha fallado, dice. No por disciplina únicamente, sino porque sabe que en el tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) —el causante del sida— no existen los descansos.
Cada año recorre cuatro veces los cerca de 274 kilómetros que separan su casa de la capital para asistir a sus controles médicos en la única unidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que brinda atención especializada a pacientes seropositivos. Son aproximadamente siete horas de camino. Siete de ida y otras siete de vuelta. Esas fechas, dice, son “sagradas”.
Pero en marzo, cuando acudió a recoger sus medicamentos, el recorrido terminó frente a una ventanilla de farmacia donde recibió una respuesta que, cuatro meses después, sigue siendo la misma.
—Va incompleta su medicina porque no hay Truvada. Vuelva a venir o llame al número que aparece ahí. Buen día.
Desde entonces el medicamento nunca llegó.
EL VIRUS NO ESPERA
Durante cuatro meses Danilo ha recibido únicamente una parte de su tratamiento. En otros pacientes ya son seis meses.
La combinación entre Truvada —un fármaco cuyo principio activo es emtricitabina/tenofovir— y el medicamento Raltegravir constituye uno de los esquemas antirretrovirales utilizados para mantener controlada la infección por VIH. Ambos medicamentos impiden que el virus se multiplique dentro del organismo y, por lo tanto, lo mantienen controlado al punto de ya no poder transmitirlo.
Suspender esa combinación rompe el equilibrio que el tratamiento consigue durante años. La carga viral aumenta, el virus vuelve a replicarse, disminuyen los linfocitos CD4 —las células encargadas de coordinar la respuesta inmunológica del cuerpo— y el sistema inmune comienza a debilitarse. Sin tratamiento, el VIH puede progresar hasta convertirse en sida, etapa en la que el organismo queda expuesto a infecciones oportunistas y distintos tipos de cáncer potencialmente mortales.
Danilo conoce esas consecuencias. Por eso nunca imaginó que el riesgo no vendría del virus, sino del propio sistema de salud que debía garantizarle el medicamento.
Su tratamiento sólo continúa gracias a otro paciente.
Hace cinco años ambos coincidieron en las salas de espera del IGSS. Con el tiempo se hicieron amigos. Hace algunos meses, ese hombre decidió abandonar la atención del IGSS y trasladarse a una Unidad de Atención Integral del Ministerio de Salud cercana a su departamento. Viajar cuatro veces al año a la capital significaba permisos laborales, pasajes y gastos que ya no podía sostener.
Antes de irse le entregó cuatro frascos de Truvada. Ese gesto solidario ha mantenido con el VIH controlado a Danilo durante los últimos meses. Ahora sólo le queda uno.
En Guatemala se han registrado 49 mil 678 casos de VIH desde 1984. Detrás de esa cifra hay miles de historias distintas, y en el IGSS 3 mil. La de Danilo hoy se mide en días. “Cada mañana tomo una pastilla del último frasco que conservo gracias a la solidaridad de un amigo”, lamenta.
SILENCIO DEL IGSS
Durante varios días, La Hora buscó la versión del IGSS, que preside José Flamenco Jau, sobre el desabastecimiento de Truvada.
Este medio consultó cuándo tuvo conocimiento de la falta del medicamento, las razones del desabastecimiento, por qué no se ha adquirido nuevamente, qué medidas se implementaron para garantizar la continuidad del tratamiento, si existe una fecha para restablecer el suministro, cuántos pacientes con VIH atiende la institución y cuál es la valoración del Seguro Social sobre las consecuencias que la interrupción del tratamiento puede tener para la vida de los afiliados.
También se preguntó si el IGSS asumía alguna responsabilidad institucional por una situación que especialistas consideran crítica para la salud de los pacientes.
Hasta el cierre de esta edición, el Instituto no respondió ninguna de las consultas formuladas por este medio.
Danilo asegura que no es un caso aislado. En la sala de espera y entre los grupos de pacientes ha escuchado la misma historia repetirse una y otra vez. Personas que regresan a casa con recetas incompletas, llamadas sin respuesta y una fecha incierta para recibir un medicamento del que depende su salud.
PDH ASEGURA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y ALERTA CONSECUENCIAS
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) confirmó a este medio que conoce el problema.
Según la Defensoría de la Salud, el desabastecimiento del medicamento fue reportado por pacientes desde mayo de 2025, luego de que el fabricante descontinuara el producto. La PDH no indicó el nombre del fabricante. Sin embargo, destacó que aunque las reservas estratégicas permitieron mantener el suministro durante algunos meses, estas terminaron por agotarse.
Para la institución, las consecuencias van mucho más allá de un retraso administrativo.
«La interrupción prolongada de este fármaco constituye una vulneración directa al derecho a la salud y a la vida», respondió la PDH. La entidad explica que la continuidad del tratamiento antirretroviral es indispensable y que suspenderlo incrementa el riesgo de resistencia farmacológica, compromete la eficacia futura de la terapia y favorece el avance del virus.
La Procuraduría también advirtió que la suspensión puede provocar un incremento acelerado de la carga viral, deteriorar progresivamente el sistema inmunológico y, en pacientes con coinfección por hepatitis B, desencadenar un rebote grave de la enfermedad.
La Defensoría informó que ha abierto diversos expedientes por al menos 10 denuncias relacionadas con el desabastecimiento y ha realizado verificaciones tanto en la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades como en la farmacia y bodega del IGSS.
En esas diligencias, explicó, la institución recibió como respuesta que los pacientes debían acudir al área legal del Seguro Social para iniciar trámites administrativos que permitieran regularizar la entrega del principio activo.
Sin embargo, la propia Procuraduría señala que el problema persiste porque el medicamento continúa desabastecido. El Departamento de Compras del IGSS confirmó a la PDH que la adquisición del fármaco se encuentra todavía en fase de recepción de ofertas en Guatecompras, por lo que «aún no se dispone de una fecha probable para el ingreso del medicamento».
Frente a ello, el procurador Alejandro Córdova hizo un llamado a las autoridades del Instituto para «agilizar los procesos y actuar como garantes de la seguridad social, priorizando la vida y la integridad de los afiliados», dijo a La Hora. La institución enfatizó además que «el acceso a los medicamentos esenciales no puede ser condicionado ni postergado».
COMPRAS DE TRUVADA
Datos de Guatecompras —el sistema de información de contrataciones del Estado— muestran que entre 2020 y julio de 2026 el IGSS gastó más de Q52.4 millones para la adquisición de este antirretroviral.
La mayor parte de esos recursos terminó concentrada en tres farmacéuticas: La Botica, con Q43.4 millones obtenidos mediante 441 concursos; Cendis, con Q7.7 millones en 90 adjudicaciones; y J.I. Cohen, con Q1.26 millones distribuidos en 15 eventos, según una plataforma de análisis utilizada por La Hora que recopila la información oficial publicada en Guatecompras.
La Hora consultó a las tres farmacéuticas si sabían que el medicamento había sido descontinuado por el fabricante, como lo señaló la PDH, pero al cierre de esta edición, solo una —J.I. Cohen— de las tres respondió a las consultas formuladas por este medio.
FARMACÉUTICA VINCULADA A MIGUEL MARTINEZ
La revisión de las adjudicaciones también evidencia un patrón que llama la atención. La Hora verificó al menos 100 concursos otorgados a La Botica por montos de Q89 mil 976 cada uno bajo la modalidad de compra directa. Esa cifra queda apenas Q24 por debajo del límite legal de Q90,000, umbral a partir del cual las instituciones deben recurrir a procedimientos de cotización o licitación pública.
La Botica no es un proveedor cualquiera dentro de la historia reciente del IGSS. La farmacéutica, vinculada por investigaciones periodísticas a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei —ambos sancionados por Estados Unidos—, fue clausurada temporalmente por el Ministerio de Salud en mayo de 2025 tras detectarse múltiples incumplimientos sanitarios.
Entre los hallazgos consignados en la resolución oficial figuran el funcionamiento compartido con otra droguería sin la separación exigida por la normativa, el almacenamiento de productos vencidos, irregularidades en la trazabilidad de medicamentos para el Covid-19 y la localización de fármacos etiquetados como «uso exclusivo IGSS», además de 631 unidades de Remdesivir inmovilizadas por inconsistencias en sus análisis de calidad.
La Botica, vinculada a Martínez y favorita en el IGSS, en problemas: cierre temporal de Salud
EL FIN DE LA TRUVADA ORIGINAL
J.I. Cohen confirmó que Gilead, la biofarmacéutica que producía la presentación comercial original de Truvada, descontinuó el medicamento hace aproximadamente un año como parte de una decisión de alcance mundial y no exclusiva para Guatemala.
No obstante, aseguró que el mercado dispone de versiones genéricas capaces de suplir la demanda, así como de otras alternativas terapéuticas respaldadas por evidencia científica. «Existen alternativas terapéuticas de investigación, como la coformulación de bictegravir, emtricitabina y tenofovir alafenamida, disponibles para atender las necesidades de los pacientes en caso de falta de disponibilidad de los genéricos».
«La prioridad es asegurar un acceso continuo, seguro y basado en evidencia a la terapia contra el VIH, siempre bajo criterio del médico tratante», enfatizó J.I. Cohen.
El movimiento más reciente en Guatecompras muestra que el pasado 23 de junio el IGSS adjudicó a la farmacéutica Medicamentos Avanzados un contrato por Q89 mil 250 para el suministro de 5,100 unidades de Emtricitabina/Tenofovir de la marca Aurobindo Pharma, una alternativa al Truvada de Gilead.
CONASIDA TAMBIÉN CALLA
La Hora también buscó la postura de la Comisión Nacional Multisectorial para el Combate del VIH y del Sida (Conasida), órgano creado por la Ley General para el Combate del VIH y del Sida para coordinar, junto con el Ministerio de Salud, sociedad civil, entidades del estado y el propio IGSS, la planificación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la enfermedad, así como garantizar la protección de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, pero no se obtuvo respuesta.
Este medio consultó si el IGSS informó formalmente a la Comisión sobre el desabastecimiento de Truvada; cuántas personas afiliadas podrían estar siendo afectadas; si Conasida ha requerido explicaciones al Seguro Social sobre las causas del problema y el plazo para restablecer el suministro; qué acciones ha coordinado para atender esta situación y si accionará legalmente o prevé emitir algún dictamen o recomendación en cumplimiento de las funciones que le asigna la ley.
Asimismo, se preguntó si la Comisión considera que el actual desabastecimiento podría comprometer nuevamente las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, luego de la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018 por no garantizar el acceso oportuno al tratamiento de personas con VIH. Hasta el cierre de esta edición, Conasida no respondió a las consultas formuladas por La Hora.
GUATEMALA YA PAGÓ DEUDA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA
No es la primera vez que el Estado guatemalteco enfrenta cuestionamientos por incumplir su obligación de garantizar tratamientos contra el VIH.
En agosto de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Guatemala por violar los derechos a la salud y a la vida de 49 personas con VIH que entre 1992 y 2003 no recibieron tratamiento médico oportuno dentro del sistema público. Durante el proceso murieron 15 de ellas.
En el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, el tribunal ordenó al Estado garantizar atención médica integral, acceso gratuito a medicamentos antirretrovirales, adecuar sus políticas públicas y reparar a las víctimas.
La legislación guatemalteca lo intenta. El artículo 49 de la Ley General para el Combate del VIH y del Sida establece que los trabajadores afiliados al IGSS deben recibir los beneficios de la seguridad social sin limitación alguna y que, debido al carácter crónico de la infección, esos beneficios son de por vida.
Para Danilo, esa garantía existe únicamente sobre el papel.
Ocho años después, pacientes afiliados al IGSS vuelven a enfrentar la incertidumbre de no saber cuándo llegará el medicamento que mantiene controlada la enfermedad.
“Cierro la tapa de la medicina y, casi de inmediato, viene a mi mente cuántas quedan: 30, 29, 28, 27”. La cuenta regresiva no termina cuando se agoten las tabletas, dice, termina cuando el sistema decida volver a abastecer un medicamento del que depende su vida. Hasta entonces, seguirá esperando que llegue primero la medicina.
