La exvicepresidenta Roxana Baldetti quiere que la jueza Abelina Cruz, quien sustituye al juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo B durante su período de vacaciones, sea quien determine si debe enfrentar juicio por dos delitos en el caso conocido como “Cooptación del Estado” o si el proceso en su contra debe ser cerrado. La petición busca una respuesta antes del regreso del juez Manolo López a sus funciones.
Cruz es una de las togadas del edificio de Torre de Tribunales que más relevancia ha cobrado en este último año por sus resoluciones. La jueza ha beneficiado a varios políticos y empresarios con el cierre de sus casos, así también ha rechazado los reclamos de la Procuraduría General de la Nación para enmendar ciertos vicios en los casos.
El inicio de la acusación en contra de Baldetti, quien enfrenta dos condenas por cometer actos de corrupción, está previsto para el próximo 9 de enero de 2024, según la agenda del Juzgado de Mayor Riesgo B. La exvicepresidenta y compañera de fórmula de Otto Pérez Molina no ha logrado ser exonerada de ninguna acusación en los casos que han alcanzado esta etapa procesal
UNA JUEZA OPORTUNA
La jueza Cruz es la titular del Juzgado de Mayor Riesgo D. Además de conocer algunos de los casos de su judicatura, cubre las audiencias que dejó pendientes su colega y autoridad del Juzgado B, el cual tiene a cargo casos de alto impacto como: La Línea, Los Calavera y las líneas de investigación de Cooptación del Estado.
El juez López, quien tomó posesión en mayo pasado, regresa de vacaciones el mismo día, 9 de enero, que se tiene programado el inicio de la etapa intermedia de Baldetti en el caso Cooptación del Estado. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, presentará la acusación formal de los ilícitos que habría cometidos la exvicepresidenta de Guatemala.
Por su parte, Baldetti ingresó una petición para que su audiencia sea conocida antes del 9 de enero próximo y esta se encuentra en “análisis”. Será la jueza Cruz quien decida reprogramarla para mantener el control del caso o rechazar la revisión. El motivo de la reprogramación que argumentó la exvicepresidenta fue de salud, derivado de una neuralgia que padece.
Baldetti es señalada de la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo por el supuesto saqueo de fondos públicos en una supuesta trama de corrupción ocurrida durante el gobierno del expresidente Pérez Molina, que salpicó a más de 50 funcionarios, políticos y empresarios.
BALDETTI CAMBIA DE OPINIÓN
En 2023, Baldetti solicitó a la entonces jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, que le corriera audiencia para someterse a una aceptación de cargos. En sí, declararse culpable a cambio de conseguir la reducción del 50 por ciento de la pena impuesta por cada uno de los delitos cometidos. Sin embargo, la exvicemandataria no se presentó en tres ocasiones y la aceptación quedó cancelada.
No obstante, este 2024, Baldetti reculó a dicha estrategia legal —en donde aceptaría los delitos cometidos— y continuará con el proceso normal para que se determine si la acusación de la FECI tiene el sustento para que Baldetti enfrente un juicio o si el caso debe ser cerrado.
La jueza Cruz ha librado y beneficiado a varios personajes con fallos cuestionados por la ciudadanía. Por ejemplo, cerró el caso al excandidato a la vicepresidencia y exconvicto, Manuel Baldizón, y a los exviceministros de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y José Luis Benito. Recientemente, giró una orden de captura contra el periodista Juan Luis Font, quien ha señalado una persecución política en su contra.
La Hora también documentó y publicó sobre una reunión privada que sostuvo con la fiscal de la FECI, Sofía Castillo, en su despacho, pese a que la Ley de la Carrera del Organismo Judicial lo prohíbe y cataloga como una falta gravísima. Ahora, la Junta de Disciplina debe admitir para su trámite una queja que la Procuraduría interpuso en su contra para dar pie a un proceso disciplinario.
LOS CASOS DE BALDETTI
Baldetti ya fue condenada a más de 31 años de prisión por los casos denominados: “Agua Mágica” y “La Línea”. Aún debe enfrentar el proceso penal denominado “RIC (Registro de Información Catastral)” y su extradición a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
En marzo de 2023, la jueza Recinos autorizó que la exvicepresidenta abandonara el centro preventivo, donde permanece recluida, cuatro días a la semana, para acudir a sesiones terapéuticas por dolores agudos en la espalda.
Dichas terapias son en su residencia y no tienen un horario estipulado, es decir, las sesiones pueden extenderse por tiempo indefinido durante el día. El Sistema Penitenciario está a cargo de su traslado desde el centro carcelario para mujeres Santa Teresa hasta su residencia.
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