MIAMI
Agencia AP
Tres venezolanos se declararon culpables de haber participado en una fallida invasión armada
que el año pasado intentó derrocar al presidente Nicolás Maduro.
En la audiencia del viernes ante un tribunal colombiano, los hombres de nacionalidad
venezolana reconocieron su responsabilidad junto a Jordan Goudreau, un ex boina verde de
los Estados Unidos y veterano de la guerra de Irak, en la conformación de una célula militar de
solo algunas decenas de militares desertores venezolanos que intentaban derrocar el gobierno
socialista de su país. Entre sus objetivos se incluían asaltar instalaciones militares y el palacio
presidencial.
«Pido perdón al gobierno colombiano», fueron las palabras del mayor Juvenal Sequea, uno de
los procesados, ante un juez de Bogotá cuando él y otros dos implicados aceptaron cargos
menores como brindar asesoría y apoyo logístico a grupos armados ilegales.
La llamada Operación Gedeón, o Bahía de los Cochinillos, como se conoció la fallida invasión,
tuvo un final trágico: seis rebeldes murieron y dos estadounidenses -excompañeros de
Goudreau en las Fuerzas Especiales- se encuentran en una prisión de Caracas, la capital de
Venezuela. El complot nunca tuvo posibilidades de éxito contra las leales y fuertemente
armadas fuerzas militares de Maduro que, además, habían logrado infiltrar la operación meses
antes.
Juvenal Sequea y el capitán Juven Sequea, ambos acusados en Colombia, son los hermanos
mayores del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Sequea, quien confesó ser el
comandante de la fallida incursión armada del 3 de mayo de 2020 y ahora está preso en
Caracas. La tercera persona en declararse culpable es Rayder Ruso, un civil que por años ha
buscado derrocar a Maduro.
El único delito por el que se declararon culpables puede darles entre 6 y 10 años de cárcel. Sin
embargo, según la ley colombiana, podrían quedar en libertad condicional o detención
domiciliaria si reciben una sentencia de menos de ocho años, lo que significa que podrían
quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia. Hace seis meses, cuando fueron
capturados en Colombia, los tres implicados fueron acusados de dar entrenamiento militar a
grupos armados ilegales, un delito más grave que puede dar hasta 30 años de prisión.
Yacsy Álvarez, la cuarta acusada dentro de la investigación colombiana, se ha declarado
inocente en repetidas ocasiones y acusó a las autoridades colombianas de haber estado en
constante contacto con Cliver Alcalá, el general retirado del ejército venezolano que dirigía la
operación. Álvarez es llamada a responder por el delito de tráfico de armas, por presuntamente
ayudar a proveer armas de contrabando para los exmilitares disidentes.
Álvarez fue la traductora de Goudreau, quien no hablaba español, durante sus visitas a
Colombia. Los dos abrieron una filial de la empresa de seguridad de Goudreau, Silvercorp (con
casa matriz en Florida), a mediados de 2019. La empresa registró su dirección en la ubicación
de un hotel de lujo en Barranquilla, según los archivos públicos colombianos.
También voló con Goudreau y otros dos ex boinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, a
Barranquilla a bordo de un jet Cessna propiedad de su jefe, el empresario Franklin Durán,
quien lleva un largo tiempo haciendo negocios con el gobierno venezolano. En ese entonces,
Álvarez vivía en Barranquilla, en el caribe colombiano, y trabajaba como gerente de marketing
en Lubricantes Venoco, empresa de Durán.
Según el acuerdo de culpabilidad leído por los fiscales en la corte, la investigación colombiana
inició tras el decomiso, el 23 de marzo de 2020, de un arsenal de 26 fusíles de asalto y equipo
táctico que, después se supo, fue enviado por Álvarez y tenía como destino a los rebeldes en la
península de La Guajira, que Colombia comparte con Venezuela.
Horas antes de entregarse el 26 de marzo para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados
Unidos, Alcalá, quien coordinaba la operación clandestina, aceptó ser el responsable de las
armas.
Alcalá, quien ahora está a la espera de juicio en Nueva York, dijo que las armas pertenecían al
«pueblo venezolano». También arremetió contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien acusó de
traicionar un contrato que había firmado con «asesores estadounidenses» para derrocar a
Maduro.
Estados Unidos ha negado cualquier participación directa en la fallida incursión armada al
mismo tiempo que la oposición de Venezuela se ha alejado de Goudreau, pese a haber firmado
previamente un acuerdo para realizar una operación que buscaba capturar a Maduro y
arrebatarle el poder.
Excepto de un pago a de 50.000 dólares por gastos, Silvercorp nunca cobró el acuerdo firmado
con los aliados de Guaido. Durante la redada, Goudreau, también admitió seguir adelante con
la invasión sin el apoyo de Guaidó, aunque sí demandó a uno de sus ayudantes, el analista
político J.J. Rendon, el año pasado, por incumplimiento de contrato.
