WASHINGTON
Agencia AP
El presidente Joe Biden indicó su apoyo ayer a un cambio en las autorizaciones para el empleo
de la fuerza en el Medio Oriente que datan de hace décadas, una semana después de
utilizarlas para ordenar un ataque aéreo de represalia a una milicia respaldada por Irán en el
este de Siria.
El gobierno de Biden anunció su posición después de la presentación de un proyecto de ley
bipartidista que derogaría las autorizaciones de 1991 y 2002 para las guerras en Irak.
Presidentes de los dos partidos las han utilizado como justificación legal para realizar ataques
en la región.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden está comprometido a
trabajar con el Congreso para «garantizar que las autorizaciones vigentes para el empleo de la
fuerza militar sean reemplazadas por un marco estrecho y específico que asegure que
podemos proteger a los estadounidenses de las amenazas terroristas y a la vez poner fin a las
guerras interminables».
Biden provocó una reacción adversa de ambos partidos la semana pasada cuando ordenó los
ataques a instalaciones utilizadas por el movimiento Kataib Hezbollah. Éstos fueron en
represalia por un ataque con cohetes en febrero a personal militar y civil estadounidense en el
norte de Irak y no pidió autorización al Congreso.
El senador demócrata Tim Kaine, uno de los patrocinadores del proyecto, dijo que apoyarse en
autorizaciones de décadas atrás para el empleo de la fuerza militar «no sirven a propósito
operativo alguno, nos mantienen en pie de guerra permanente y socavan la soberanía de Irak».
«Los ataques aéreos de la semana pasada en Siria demuestran que el ejecutivo,
independientemente de su partido, seguirá abusando de sus poderes de guerra», dijo Kaine.
Funcionarios del gobierno dijeron que los ataques eran legales y apropiados, ya que
destruyeron instalaciones que alojaban «pertrechos» utilizados por milicias respaldas por Irán
para atacar a las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak.
Pero varios dirigentes del legislativo, incluso del partido de Biden, denunciaron los ataques, la
primera medida militar autorizada por él. Kaine y otros sostuvieron que la acción militar ofensiva
sin aprobación del Congreso es inconstitucional salvo en circunstancias extraordinarias.
