MADRID
Agencia DPA/Europa Press
La Procuraduría Anticorrupción de Perú ha pedido a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción la detención de forma preliminar de siete de los implicados en el “Vacunagate” por posibilidad de fuga u obstaculización de la investigación.
El documento de petición del arresto, que se sustenta en concreto en la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, incluye al ex investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga.
Asimismo, se demanda la detención de quienes entonces ocupaban los cargos –algunos han renunciado o sido apartados– de rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay; el asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud Carlos Castillo; el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arturo Jarama; el ejecutivo adjunto segundo del Viceministerio de Salud Pública, Mario Tavero; el vicerrector de la Investigación de la Universidad Peruana de la Cayetano Heredia (UPCH), Alejandro Bussalleu Rivera, y el diplomático de la cartera de Exteriores Óscar Suárez.
La procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas, ha señalado que, si el documento presentado a la Fiscalía también incluye a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, finalmente no se ha pedido su aprehensión, puesto que se ha tratado de un error, informa “La República”.
«Existen fuertes indicios que nos permiten inferir que en el presente caso, los miembros de la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra la COVID-19 se habrían interesado indebidamente, de manera directa en razón de su cargo, en la suscripción del convenio suscrito entre el Estado peruano y el laboratorio Sinopharm para el ensayo clínico (Fase III) de la vacuna Sinopharm», ha subrayado la procuradora.
Asimismo, Villegas ha señalado que Málaga habría coadyuvado en que los funcionarios involucrados se interesasen de forma directa en la suscripción del acuerdo con el laboratorio chino para el ensayo clínico.
«Málaga habría facilitado a que los miembros de la comisión multisectorial manifiesten su interés indebido en las negociaciones para adquirir la vacuna de Sinopharm, pues, permitió que fuesen inoculados no solo ellos sino otros funcionarios y/o servidores públicos de otros sectores del Estado, así como particulares», ha reiterado, para añadir que debido a la gravedad del delito se sopesa que estas personas traten de eludir la justicia.
SUSPENDEN ENSAYOS EN UPCH
Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú ha suspendido el registro del Centro de Estudios Clínicos de la UPCH como centro de investigación para ensayos clínicos.
En un comunicado, se ha indicado que la decisión de la suspensión se ha tomado tras detectar indicios del uso indebido de 3.200 dosis de la vacuna de Sinopharm, de las que, según han determinado, se ocultó información de su uso, informa el medio peruano.
El ya conocido como ‘Vacunagate’ ha sido una trama destapada en los últimos días en Perú en la que se ha dado a conocer que numerosos funcionarios y altos cargos de la Administración recibieron la vacuna contra el coronavirus de manera subrepticia, incluso antes de que los inoculadores llegaran al país de manera oficial.
Han sido más de 480 los funcionarios vacunados con dosis de Sinopharm destinadas para el personal médico a cargo del estudio clínico que el laboratorio chino realiza en el país.
Entre ellos, hay ocho miembros del comité encargado de negociar los contratos con las farmacéuticas para la adquisición de las vacunas, todos ellos miembros del Gobierno y autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
