Manifestación de protesta para exigir justicia en el caso de una veterinaria violada en grupo y asesinada en Kolkata, India, el 4 de diciembre de 2019. (AP PHOTO/BIKAS DAS, FILE)

Por EMILY SCHMALL Associated Press
NUEVA DELHI (AP)

Días después de que una supuesta víctima de violación en grupo muriese porque le prendieron fuego, en la casa de la familia de una muchacha de 18 años que iba a declarar en el juicio del hombre al que acusó de haberla violado apareció una nota.

«Las consecuencias pueden ser peores que lo que pasó en Unnao», decía la nota, en alusión a la ciudad del norte de la India donde cinco hombres bañaron en gasolina a una mujer y le prendieron fuego. Dos de los individuos estaban acusados de haber participado en una violación en grupo. Habían quedado en libertad tras pagar una fianza.

La adolescente y su familia le llevaron la nota a la policía, que detuvo de inmediato al hombre acusado de violarla, quien estaba libre bajo fianza, según dijo el agente policial Sudhir Bhati.

La violencia sexual contra las mujeres y las menores es tan común en la India que el caso apenas si fue reportado por la prensa.

Varias denuncias resonantes conmovieron al país en las últimas semanas, incluida la de la mujer de Unnao, que se aprestaba a abordar un tren para ir a una vista judicial relacionada con su denuncia cuando le prendieron fuego este mes.

Estos últimos incidentes coinciden con el séptimo aniversario de una violación en grupo en un autobús de Nueva Delhi que generó protestas masivas e hizo que se creasen tribunales especiales para procesar rápidamente los casos de violación y se aumentasen los castigos contra las personas halladas culpables.

En la India las denuncias de violaciones y de matanzas en venganza son moneda corriente y el que prosperen o no depende a menudo de cuestiones de clase y la dinámica de las castas, según expertos.

La muerte de la mujer de 23 años a la que le prendieron fuego en Unnao se produjo pocos días después de que la policía matase a tiros a cuatro hombres en conexión con la violación en grupo y el asesinato de una veterinaria de 27 años cerca de la ciudad sureña de Hyderabad. El cadáver incinerado de la mujer fue encontrado por un transeúnte a fines del mes pasado.

Antes de que se llevase a cabo una investigación para decidir si la policía estuvo justificada al abrir fuego, mucha gente en la India había fijado posiciones. Algunos defendían a los policías, otros los condenaban.

«Nadie quiere hacer lo necesario para cambiar el sistema», dijo Sunitha Krishnan, sobreviviente a una violación en Hyderabad y activista. «Se hizo alguna forma de justicia y se dio vuelta la página. Para la mayoría de la gente, es un asunto superado. Aunque no para cientos de miles de víctimas que esperan justicia. Esa es la patética realidad de este país».

Quienes elogian a la policía contrastan este caso con el del 2012 en Nueva Delhi.

El caso continuaba el lunes, en el séptimo aniversario del brutal ataque en un autobús. La víctima, una estudiante de fisioterapia de 23 años, se encaminaba a su casa con un amigo después de ver una película cuando seis hombres los convencieron de que tomasen un autobús privado. Allí golpearon al amigo con una barra de metal, violaron a la mujer y usaron la barra para causarle serias lesiones internas.

Seis personas fueron condenadas por la agresión, incluida una que según las autoridades se colgó en la cárcel en el 2013. Otra era un menor, que fue condenado a tres años de un reformatorio. Cuatro fueron condenados a morir en la horca.

Jitendra Kumar Jhat, el abogado que representa a los padres de la víctima de 2012, afirmó que decir que los tribunales especiales actúan con celeridad era irónico en vista de que había pasado un año y medio desde que la Corte Suprema confirmó las condenas a muerte de cuatro de los involucrados en ese caso.

El sistema judicial indio, sostuvo, padece de «fallas sistémicas que son explotadas por delincuentes y en este caso no está disuadiendo a nadie».

El que siete años después no se haya cumplido la ejecución enfurece a muchos indios y generó distintas formas de protesta.

Swati Maliwal, directora de la Comisión para las Mujeres de Nueva Delhi, perdió el conocimiento en el 13er día de una huelga de hambre que llevaba a cabo frente a un mausoleo de Mahatma Gandhi de Nueva Delhi con el fin de presionar a los legisladores para que aprueben una ley que obligue a que las condenas a muerte de los violadores se lleven a cabo en un plazo máximo de seis meses.

Según las cifras más recientes del gobierno, la policía registró 33.658 casos de violaciones en el 2017, un promedio de 92 por día y un 35% más que en el 2012. Unas 10.000 de las víctimas eran menores de edad. Se cree que las cifras reales son mucho más altas ya que la gente es reticente a denunciar violaciones en la India por el estigma que eso conlleva.

La tasa de convicciones en ese mismo período aumentó un 33%, de menos de un cuarto de los casos a un tercio. Solo 15 de los más de 200 casos de violación y asesinato o de violación en grupo en el 2017 generaron condenas ese mismo año, según la información.

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