Un soldado mexicano toma su arma mientras va en la parte trasera de una camioneta en Tapachula, México FOTO LA HORA/MARCO UGARTE/AP

POR MARCO UGARTE Y MARÍA VERZA/AP
TAPACHULA, MÉXICO

México formó un equipo para la implementación del plan migratorio acordado con Estados Unidos y anunció ayer el inicio del despliegue de la Guardia Nacional en su Frontera Sur, aunque su presencia aún no era notable.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard presentaron en conferencia de prensa al equipo de cinco funcionarios –incluidos un general y el jefe de las prisiones– que acudirán a ambas fronteras. El grupo también está integrado por representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Bienestar y del Trabajo.

Según Ebrard, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la zona militar de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, tenía previsto iniciar un recorrido “para acelerar el despliegue en la zona” de la Guardia Nacional. Irá acompañado de Francisco Garduño, responsable de los centros penitenciarios.

Su tarea inmediata es “integrar las coordinaciones de la Guardia Nacional” y “respaldar a las instituciones de migración”.

Al mediodía no había una presencia notable de las fuerzas de seguridad en Tapachula y sus alrededores, donde efectivos del ejército, la policía militar, la marina y la policía federal ya hacían labores de apoyo a los agentes de migración.

En el río Suchiate, fronterizo con Guatemala, continuaba el goteo habitual de migrantes que cruzan irregularmente en rudimentarias balsas hasta territorio mexicano.

Según explicó Ebrard en una nueva conferencia de prensa ayer por la tarde, el despliegue sería efectivo “en toda la línea fronteriza”.

El objetivo principal del plan migratorio en el sur es registrar a todos los migrantes, ofrecerles distintas opciones de regularización y devolver a su país al que no quiera registrarse, explicó el canciller.

Ebrard no habló de arrestos pero sí de la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias del sur que están rebasadas y que son centros de detención de migrantes de facto.

“Sobre todo necesitamos tener una presencia en la línea fronteriza que es de registro de quienes ingresan en nuestro territorio”, indicó.

Otra parte del equipo se trasladará a la frontera norte para atender a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y que esperan la resolución de su proceso en territorio mexicano.

Ebrard adelanto que el retorno que actualmente se realiza en tres puntos se extendería a otros tres sitios, que se decidirán en una reunión con autoridades estadounidenses esta semana.

Según los datos del Instituto Nacional de Migración ya son más de 11.000 los migrantes los que han sido enviados de regreso, una cifra que ha crecido sustancialmente en los últimos dos meses, considerando que a principios de abril apenas superaba los 1.300.

Ebrard no quiso pronunciarse sobre el número de centroamericanos que llegarían a territorio mexicano y anuncio que habrá reuniones a lo largo de la semana con autoridades estadounidenses para tratar este tema.

Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aclaró por su parte que la Guardia Nacional no será como la Patrulla Fronteriza estadounidense, ya que colaborará en regular el flujo migratorio pero no a frenarlo. No obstante, resaltó que la entrada de los migrantes irregulares es un asunto de “seguridad nacional”.

La Guardia Nacional, recién creada por el gobierno mexicano, tiene como objetivo pacificar al país hasta que se cuente con elementos nuevos y recién reclutados. Será integrada por efectivos del ejército, la marina y la policía federal.

México acordó con Washington reforzar el control de su frontera sur con el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional y aceptar a los solicitantes de refugio en la frontera norte como parte de un pacto para evitar la imposición de aranceles. También se ha comprometido a mostrar los resultados de sus medidas en un plazo de 45 días aunque, según los últimos documentos presentados por ambos gobiernos, la evaluación será «a discrecionalidad» de Washington aunque México deberá ser consultado.

Pasado ese plazo y si el flujo no se reduce, el canciller adelantó que las propuestas sobre la mesa pasarían por comenzar las discusiones para firmar un acuerdo bilateral (México-Estados Unidos) o regional para repartir cargas económicas y asignar responsabilidades en el procesamiento de solicitudes de refugio.

Ebrard dijo que “como mínimo” sería “un compromiso bajo el cual cada parte aceptaría el retorno, y procesamiento de solicitudes de asilo, de nacionales de terceros países que hayan cruzado por el territorio de una de las partes para llegar al territorio de la otra parte para solicitar refugio”.

Hasta el momento, garantizó el Canciller, Estados Unidos no ha puesto sobre la mesa cantidad económica alguna para financiar las actuales propuestas o las que puedan concretarse en el futuro.

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