Por Gabriela Selser
Managua,
Agencia dpa
La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos elevó a 528 la cifra de personas muertas desde que estallaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega hace seis meses, mientras el Gobierno admitió hoy que la grave crisis política “destrozó la economía” del país.
El más reciente recuento de la ANPDH, publicado en su página de Facebook, contabiliza además 4.012 heridos y 105 lesionados graves y con daño permanente, así como 1.609 ciudadanos capturados por grupos parapoliciales.
El informe supone un incremento de 16 víctimas mortales con respecto al anterior balance de la ANPDH, emitido el 24 de septiembre y que reportaba 512 muertos y 4.000 heridos.
La ONG aclaró que todos estos datos están en proceso de investigación y monitoreo. Las cifras abarcan desde el 19 de abril hasta el 20 de octubre.
La crisis en Nicaragua empezó con una protesta de universitarios el 18 de abril y se extendió a otros sectores sociales tras la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares. El Gobierno registra desde entonces 200 muertos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta 325.
En tanto, el ministro de Hacienda de Nicaragua, Iván Acosta, dijo este lunes al canal 4 de televisión (oficialista) que lo ocurrido desde abril «fue un terremoto para la economía, que tuvo un profundo impacto sobre la capacidad económica del país y (que) eso se refleja hoy en las finanzas públicas».
«Hasta un día antes del 18 de abril (cuando ocurrió la primera protesta de universitarios contra una reforma al Seguro Social) llevábamos un crecimiento (proyectado) del 4,9 por ciento», señaló Acosta. La crisis «destrozó la economía», admitió.
Tras las protestas y la posterior negativa de Ortega a reanudar el diálogo, el Gobierno no ha logrado reactivar áreas sensibles de la economía como el turismo, el comercio y la inversión externa.
«Era lo que estábamos alertando, porque el turismo generaba 400 millones de dólares anuales», equivalente a casi el 10 por ciento de las exportaciones totales del país en 2017, indicó.
La semana pasada el Banco Mundial advirtió que el PIB de Nicaragua caerá este año a -3,8 por ciento debido a la crisis política.
Para el economista Néstor Avendaño, director de la ONG Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), la debacle de la economía no se resolverá hasta tanto Ortega «no regrese al diálogo y busque una solución política al conflicto, que también es político».
Opinó de que persistir la crisis, en 2019 «serán barridas las empresas de construcción y de minerales no metálicos». Las primeras caerán en un 76 por ciento el próximo año, advirtió el experto a al portal de noticias «Confidencial».
Sumado a lo anterior, las reservas internacionales brutas también cayeron a causa de la fuga masiva de depósitos de las entidades bancarias privadas y, según estimaciones de Avendaño, el Banco Central podría enfrentar iliquidez en los próximos dos meses.
Este será el escenario que encuentre una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitará el país del 24 al 30 de octubre para reunirse con miembros del gabinete económico y con empresarios.
Además del impacto de la crisis en víctimas y daños económicos, el Gobierno de Costa Rica informó que al menos 30.000 nicaragüenses han ingresado a ese país desde abril.
La directora de Migración costarricense, Raquel Vargas Jaubert, dijo en una entrevista al programa dominical “Esta Semana”, que se trasmite en el canal 12 (privado) de Managua, que más de 23.000 de esos migrantes ya han solicitado refugio.
Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), creado por la CIDH para apoyar las investigaciones sobre violencia en Nicaragua, anunció que en diciembre presentará el informe conclusivo de su misión de seis meses en el país.
La socióloga peruana Sofía Macher, que integra el GIEI junto a otros tres especialistas extranjeros, llegados al país el 2 de julio, dijo a periodistas en Managua que el informe está siendo elaborado con testimonios de las víctimas, ante la negativa oficial de proporcionarles información.
Reveló que el Gobierno les ofreció apoyarlos compartiendo listas de detenidos, expedientes judiciales y reportes de medicina legal, pero nada de eso ocurrió. «Ni siquiera nos han dejado ingresar a (presenciar) un juicio oral», se lamentó.
Una queja similar habían planteado los miembros del GIEI el 16 de agosto pasado. Su misión en Managua incluye ademas apoyar el diseño de un «programa de reparación» a las víctimas de la violencia,
«Ante la ausencia de información oficial la hemos recolectado (mediante entrevistas) con la mayor cantidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares», dijo Macher. También han recibido apoyo de organismos humanitarios locales y la propia CIDH.
