Por Gabriela Selser/dpa
Managua
La Policía de Nicaragua acusó al abogado y politólogo Félix Maradiaga de dirigir una presunta “red delincuencial y terrorista” a la que responsabiliza por las protestas sociales que estallaron en abril pasado en el país.
En rueda de prensa, el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, comisionado Luis Alberto Pérez, vinculó a Maradiaga, director del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), con bandas que ejecutaron asesinatos, saqueos y quemas de edificios.
«El jefe policial dio a conocer que el sujeto Félix Maradiaga es el cabecilla principal de una peligrosa banda delincuencial que se ha dedicado a sembrar el terror, asesinatos, robos con fuerza, robo de vehículos, saqueos de tiendas, terrorismo y otros delitos», indicó el portal oficial «El 19».
Es la primera vez que una entidad del Estado acusa directamente a una persona por la grave crisis derivada de las protestas. Hace dos días, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, la atribuyó a «una conspiración del crimen organizado».
A Maradiaga, quien trabaja con organismos no gubernamentales en proyectos de juventud y liderazgo, lo implicó una persona arrestada en días pasados por presuntamente instigar protestas universitarias. Pérez indicó que esa banda además tendría nexos con narcotraficantes mexicanos.
Maradiaga se encuentra actualmente en Estados Unidos, a donde viajó con un grupo de opositores a Ortega para denunciar al Gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La semana pasada, Maradiaga compartió un panel sobre libertad y democracia en Nicaragua con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le recriminó públicamente por su presunto apoyo político a Daniel Ortega. «Si no van a ayudar, no estorben», le dijo sobre una visita de una misión de la OEA a Managua.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al menos 97 personas han muerto desde entonces. La ANPDH asegura que la cifra de víctimas supera las 110 y el Gobierno registra apenas 40 fallecidos.
