Fotografía del miércoles 19 de julio de 2017 de la residente de Norwalk Nury Chavarría (a la derecha) mientras con ayuda de su hijo mayor Elvin Martínez, peinan a la hija de ella Hayley Chavarría, antes de una conferencia de prensa en New Haven, Connecticut. (Catherine Avalone/New Haven Register vía AP)

POR REDACCIÓN LA HORA
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Ayer Nury Chavarría debía abordar un vuelo en el aeropuerto Newark Liberty, en Nueva Jersey, para retornar de manera forzada a Guatemala el país que dejó hace 24 años. En vez de ello decidió refugiarse en una la Iglesia de Dios Pentecostal en New Haven.

“En lugar de ir al aeropuerto me fui a la iglesia”, dijo la guatemalteca, quien llegó acompañada de su hija de 9 años.

Chavarría emigró desde Jutiapa en 1993. La guatemalteca ha permanecido en Estados Unidos con indultos temporales, pero en junio el permiso le fue denegado.

La mujer dijo a NBC Connecticut que no tiene antecedentes penales, que trabaja como ama de llaves y paga impuestos. Ella creía que esos factores le permitirían permanecer en los Estados Unidos, a pesar de que el gobierno del presidente Donald Trump se enfocaba en las deportaciones. Todo eso cambió en su chequeo de junio, cuando los funcionarios de ICE le dijeron que en cinco semanas tendría que hacer sus maletas y marcharse.

Además de su hija, es madre de otros tres jóvenes de 21, 18 y 15 años. El mayor tiene parálisis cerebral y Chavarría está preocupada por lo que pueda suceder con ellos si es obligada a regresar a Guatemala.

«No soy una criminal. Soy una madre con cuatro hijos. Son ciudadanos de Estados Unidos. Quiero quedarme aquí para ayudarles y mantener a mi familia unida», dijo la mujer.

Funcionarios federales de inmigración dijeron el viernes que a la guatemalteca se le considera prófuga de la justicia, pero reconocieron tener una política por la que sus agentes pueden ingresar a sitios de culto solo bajo circunstancias extraordinarias.

RECIBE VISITA DE GOBERNADOR

El gobernador de Connecticut Dannel P. Malloy es una de las personas que apoya a Nury Chavarría, quien vive en Norwalk. El demócrata la visitó el jueves por la noche en la Iglesia de Dios Pentecostal en New Haven.

Malloy dijo que los esfuerzos del gobierno para deportar a Chavarría muestran que el presidente Donald Trump no está siendo honesto cuando dice que sus políticas de deportación están enfocadas en «las personas malas».

«Estoy aquí para decir que este caso en particular es mal acto, pero también me preocupa de que el mayor daño es cuando al pueblo estadounidense se le miente sobre lo que su gobierno está haciendo», dijo a reporteros tras salir del templo. «Si todo lo que sé hasta ahora sobre este caso en particular es cierto, entonces nos están mintiendo sobre este caso y aparentemente otros casos, también».

Khaalid Walls, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, dijo en un mensaje electrónico que un juez le dijo a Chavarría en 1998 que podía abandonar el país de manera voluntaria pero ella no lo hizo. Agregó que al año siguiente se le emitió una orden final de deportación. En el 2010, la agencia suspendió su deportación por un año por razones humanitarias, añadió.

Desde entonces, Chavarría ha ido con el ICE cada año y le han sobreseído el caso, hasta junio, cuando le ordenaron que regresara Guatemala para el jueves.

«Ella no se fue tal como se le ordenó, ella actualmente es una prófuga del ICE», dijo Walls.

Hayley Chavarria, la hija menor de Nury, suplicó a las autoridades estadounidenses piedad para el caso de su madre: «Por favor, deje que mi mamá se quede porque tiene cuatro hijos, y yo soy una de ellos y realmente quiero que se quede», dijo.

ANTECEDENTE

El 3 de junio pasado, La Hora Voz del Migrante entrevistó a la guatemalteca Juana Luz Tobar Ortega, quien luego de vivir 25 años en Estados Unidos,  fue notificada por autoridades migratorias que debía retornar voluntariamente al país el 31 de mayo, sin embargo, ante el temor a la violencia y falta de oportunidades que asegura enfrentaría en Guatemala decidió encerrarse en una iglesia de Carolina del Norte.

Tobar Ortega migró a Estados Unidos durante los últimos años del Conflicto Armado Interno, específicamente en 1992. Es originaria de San Cristóbal, Jutiapa y relató que lo hizo para evitar unirse a la guerrilla.

“Cuando llegué a Los Ángeles apliqué al asilo, en esos años les daban a los guatemaltecos –el estatus- de refugiados, me extendieron el permiso de trabajo”, explicó.

Tobar buscó mejores oportunidades y se trasladó a Carolina del Norte. En 1999 empezaron sus dificultades, ya que viajó a Guatemala para cuidar de su hija que se enfermó. Cuando intentó volver a Estados Unidos fue detenida y deportada.

No obstante la connacional volvió a ese país y tras varias solicitudes para normalizar su estatus legal, aduciendo que no tenía un record criminal, en mayo se le notificó que debía abandonar ese país, ya que su requerimiento fue denegado.

Sin embargo, se refugió en la Iglesia Episcopal St Barnabas, de la cual asegura no saldrá, mientras su abogado emprende una serie de acciones legales para evitar su deportación. A la vez, la comunidad de la localidad ha realizado una serie de peticiones y movimientos para evitar su expulsión de Estados Unidos.

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