DPA
Curitiba, Brasil
El juez brasileño a cargo del escándalo de corrupción «Lava Jato», Sérgio Moro, citó a la ex presidenta Dilma Rousseff como testigo en el juicio contra el empresario Marcelo Odebrecht, informó hoy la estatal Agencia Brasil.
La declaración de Rousseff está prevista para el 24 de marzo.
La ex jefa de Estado, destituida el año pasado tras cinco años y medio en el cargo, fue pedida como testigo por la defensa de Odebrecht, el ex presidente de la multinacional del mismo nombre preso por corrupción.
El caso por el que es procesado Odebrecht también incluye al ex jefe de Gabinete de Rousseff, Antonio Palocci, que también fue ministro de Finanzas durante la presidencia del predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva.
Por el caso bautizado por los investigadores como «Lava Jato» («Lavado de coches») están bajo investigación desde hace casi tres años decenas de políticos brasileños, acusados de haber participado en una red corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras.
También numerosos empresarios están siendo juzgados por haber pagado presuntamente sobornos a políticos para ser favorecidos en sus negocios con Petrobras, que está parcialmente controlada por el Estado.
«Lava Jato» es considerada como la operación anticorrupción más grande de la historia de Brasil. Por el caso debe ser sometido a juicio también Lula da Silva, jefe de Estado entre 2003 y 2010. Las investigaciones también alcanzan a políticos cercanos al actual presidente, Michel Temer.
Fiscalía y Congreso enfrentados por caso
La inasistencia del fiscal anticorrupción Hamilton Castro en una audiencia con la comisión parlamentaria que investiga el caso Odebrecht generó hoy un enfrentamiento entre el Congreso y la Fiscalía del Perú.
Castro, encargado del caso, no recibió autorización para reunirse con los congresistas porque, según la institución, eso «podría afectar la reserva de la investigación».
La negativa generó una reacción adversa de los legisladores, que amenazaron con una acusación constitucional contra el fiscal general, Pablo Sánchez, en quien centraron la responsabilidad por lo ocurrido.
«(Sánchez) merece una acusación constitucional, porque es evidente que hay una infracción constitucional en el criterio de creerse poder autónomo y jurisdiccional para hacer caso omiso a una citación del Parlamento”, afirmó el derechista Mauricio Mulder.
«Yo creo que hay que cambiar a ese fiscal. Me parece que está muy mal», agregó el centrista Víctor García Belaunde.
Sánchez había anticipado en ese marco que su institución colaboraría con la comisión investigadora del Congreso, pero con condiciones determinadas para que no se filtren aspectos que se deben manejar bajo reserva.
